Cámara Colombiana de la Construcción hizo un llamado a la seguridad jurídica

La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Sandra Forero, le relató a LR la inseguridad jurídica que genera para la actividad el hecho de que “autoridades judiciales avalen la suspensión de licencias en suelos determinados como aptos por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y de la ejecución de licencias que fueron expedidas en legal y debida forma por parte de los municipios”.

Dicha situación, según la directiva, afecta no solo a los constructores sino también a los compradores de vivienda.

Sobre esto, citó el caso de la alcaldía de Cajicá, a cargo de Orlando Díaz, quien tomó esa decisión a través de dos decretos en marzo de 2016, la cual el gremio decidió demandar.

Según cuenta Forero, el Juzgado Administrativo de Zipaquirá, el pasado 17 de septiembre emitió un fallo donde legitimó “la suspensión del estudio y expedición de licencias urbanísticas, sin contar con un fundamento técnico ni jurídico y sin un análisis sobre el impacto para el desarrollo urbano y social de la región, desconociendo además que el ejercicio de funciones públicas no se puede suspender”, explicó Forero.

Según la directiva, Camacol decidió apelar dicho fallo porque la decisión “atenta contra los principios de separación de poderes e ignora la voluntad de los concejos municipales que expiden los POT”.

Sin embargo, Forero señaló que el caso de Cajicá no es el único. “Este tipo de casos están sucediendo en varias regiones, donde las decisiones se toman a partir de meras referencias y extractos aislados y descontextualizados de sentencias, sin fundamentos técnicos”.

Ante este panorama, destacó que “las medidas para hacer frente a la coyuntura económica no serán suficientes, si no se crean mecanismos para que la seguridad jurídica sea una garantía material y eficiente”.