Camacol pide priorizar el ajuste fiscal antes de retomar los subsidios de vivienda

Resolver el déficit fiscal debe ser la prioridad del Gobierno antes de retomar la discusión sobre los recursos para los subsidios de vivienda. Ese fue el llamado de Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, durante la instalación del Congreso Colombiano de la Construcción, en el que advirtió que las restricciones presupuestales obligan al sector a buscar otras fuentes de financiación para facilitar la compra de casa.

El dirigente aseguró que el gremio mantiene su defensa de las ayudas para los hogares de menores ingresos, pero reconoció que las necesidades de salud, seguridad y reconstrucción reducen el dinero disponible para recuperar la financiación de vivienda en las condiciones de años anteriores.

“Al gobierno hay que acompañarlo en este momento en la consolidación fiscal, en el ajuste fiscal”, afirmó Herrera. Su propuesta es organizar primero las cuentas públicas y, una vez haya mayor espacio presupuestal, volver a discutir cómo financiar el acceso de las familias a una vivienda formal.

“Ahí hay que organizar primero la casa, y cuando organicemos la casa, tenemos que volver a dar la discusión de la financiación de vivienda en Colombia”, señaló el presidente del gremio.

Como ejemplo de las limitaciones, mencionó que Fonvivienda tiene un presupuesto de $709.000 millones, del cual, según la información que expuso, solo $87.000 millones estarían disponibles para nuevas decisiones de gasto, debido a los compromisos que ya tienen los demás recursos.

Para Herrera, ese panorama exige ajustar las propuestas del sector a la capacidad financiera del Estado. Sin embargo, insistió en que acompañar el ajuste de las cuentas públicas no significa dejar de lado los subsidios, que considera determinantes para que las familias con menores ingresos puedan comprar vivienda.

“No es que renunciemos a eso, es que tenemos que acompañar al gobierno mientras resolvemos”, dijo al explicar la posición del gremio frente a la recuperación de estas ayudas.

El planteamiento llega en un momento de menor actividad para la construcción. De acuerdo con las cifras presentadas por el dirigente, Colombia pasó de vender 262.000 viviendas en 2022 a comercializar 164.000 unidades en los 12 meses terminados en septiembre de este año. La diferencia equivale a 98.000 viviendas menos, una reducción cercana a 37% entre ambos registros.

La caída también se refleja en el inicio de nuevas obras, que es cuando se movilizan inversiones, se contratan trabajadores y se compran materiales. Según Herrera, el país registra alrededor de 111.000 viviendas iniciadas al año, el nivel más bajo desde octubre de 2011.

El dirigente agregó que la inversión en vivienda pasó de representar cerca de 5% del PIB antes del gobierno de Gustavo Petro a 2,9% en el primer semestre de este año. A su juicio, ese comportamiento muestra que el sector perdió capacidad para impulsar el crecimiento económico.

En su balance, atribuyó el deterioro tanto a las condiciones macroeconómicas como a las decisiones de la administración anterior sobre la política habitacional. Cuestionó los cambios en los requisitos de Mi Casa Ya, las dificultades presupuestales y lo que describió como el cierre del programa en diciembre de 2024.

“El peor daño que le hizo el gobierno Petro a nuestro sector fue que por razones ideológicas, fanatismo ideológico, incompetencia en muchos casos, sacó a la vivienda, a la construcción de edificaciones, a la construcción de vivienda social, de la agenda de crecimiento”, sostuvo.

El presidente de Camacol aseguró que, durante los últimos cuatro años, más de 120.000 familias tuvieron que renunciar a la compra de una vivienda de interés social. Según su exposición, antes de la pandemia se registraban cerca de 10.000 desistimientos anuales, mientras que durante el gobierno anterior esa cifra superó los 30.000 por año.

Para el dirigente, detrás de esos números hay hogares que ahorraron para una cuota inicial, asumieron compromisos y después encontraron dificultades para completar la compra. Por eso insistió en que la discusión sobre los subsidios debe centrarse en las familias que necesitan esas ayudas para acceder al mercado formal.

“Es importante recordar por qué y para qué es la política de vivienda. No es para estos empresarios, es para estos hogares”, expresó.

Según las cifras que presentó, en las ciudades colombianas hay cerca de 18 millones de hogares y alrededor de 9,2 millones no son propietarios de una vivienda. Dentro de este último grupo, más de 60% tiene ingresos inferiores a dos salarios mínimos y cerca de 88% recibe hasta cuatro salarios mínimos.

Esa estructura de ingresos limita la capacidad de compra. Herrera puso como ejemplo una vivienda de $236 millones, para la cual una familia necesitaría reunir una cuota inicial de entre $65 millones y $70 millones. Además, bajo las condiciones de financiación que describió, requeriría ingresos mensuales cercanos a $5,2 millones para acceder al crédito.

Mientras se recupera el espacio para discutir los subsidios, el gremio propone explorar mecanismos que movilicen recursos de los propios hogares. Uno de ellos es facilitar el uso del ahorro voluntario en pensiones para la compra de vivienda, una alternativa que, según el dirigente, se ha conversado con Asofondos.

Herrera señaló que los fondos voluntarios de pensiones reúnen alrededor de $50 billones y planteó revisar cómo ese ahorro podría contribuir a financiar soluciones habitacionales. La propuesta forma parte de la búsqueda de fuentes adicionales para impulsar las compras en medio de las restricciones fiscales.

Otra apuesta es fortalecer las cuentas AFC como herramienta para ahorrar con destino a vivienda. El presidente de Camacol consideró necesario recuperar su función de incentivo al ahorro y revisar las condiciones tributarias para promover un mayor uso por parte de las familias.

Estas iniciativas están dentro de una agenda de cuatro frentes que el gremio construyó con Asocajas, Asobancaria y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El documento propone facilitar el acceso a soluciones habitacionales, aumentar la producción de vivienda formal, promover nuevos modelos de negocio y reducir los trámites.

La preocupación de fondo es que la construcción de vivienda avance por debajo de la formación de nuevos hogares. Herrera pidió al Dane aclarar las proyecciones, pues señaló que ha encontrado diferencias entre los documentos sobre cuántas familias se forman cada año en las ciudades. Aun con esa discusión pendiente, advirtió que la producción actual resulta insuficiente frente a las estimaciones que mencionó.

Según el dirigente, Colombia tiene un déficit habitacional acumulado que afecta a cerca de 4,8 millones de hogares. Por ello, alertó sobre el riesgo de que una menor oferta formal termine aumentando la construcción informal y las dificultades de acceso a viviendas adecuadas.

“El gran problema de las políticas de vivienda en Colombia es la informalidad. Realmente aquí la carrera es contra la informalidad”, afirmó.

A la necesidad de reactivar el sector se suma la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con las cifras del plan de acción que citó Herrera, más de 255.000 viviendas requieren intervención: unas 51.800 quedaron destruidas y más de 203.000 necesitan reparaciones. La atención se distribuye en 497 municipios de 16 departamentos y demandaría alrededor de $21 billones para vivienda.

El dirigente planteó que reconstruir las zonas afectadas y recuperar la actividad del sector deben ser tareas simultáneas. Para ello, pidió coordinar las funciones de Fonvivienda, las cajas de compensación y el Fondo Milagro, así como precisar los requisitos de acceso a las ayudas, los valores de los subsidios y los mecanismos para sumar recursos.

También destacó la importancia de facilitar la disponibilidad de suelo y los trámites necesarios para ejecutar proyectos. A su juicio, la reconstrucción requiere reglas que permitan actuar con rapidez y definir cómo se financiarán las soluciones de los hogares afectados.

“Tenemos que trabajar en los dos frentes, no uno o el otro, son los dos”, sostuvo al referirse a la reconstrucción y la reactivación.

En esa agenda, Herrera destacó la posibilidad de recuperar el diálogo con el Gobierno y presentar propuestas desde el sector empresarial. Su llamado fue a acompañar el ajuste fiscal, avanzar en alternativas de ahorro y financiación y mantener abierta la discusión sobre los subsidios para cuando las cuentas públicas permitan retomarla.