Conozca los cambios que tuvo la licencia de Hidroituango

EPM

Permiso ambiental tuvo 22 modificaciones

Heidy Monterrosa - hmonterrosa@larepublica.com.co

Un mes después de que iniciara la emergencia en la hidroeléctrica de Ituango y cuando Empresas Públicas de Medellín (EPM) da un parte de tranquilidad porque el llenado de la presa está por encima de la cota 410 metros sobre el nivel del mar, lo que disminuye el riesgo para las comunidades que viven aguas abajo de Hidroituango si el caudal del río Cauca aumenta, es posible comenzar a evaluar cómo se desarrolló el proceso del proyecto y qué se puede aprender de lo que sucedió.

Para examinar cómo es la licencia ambiental que la Anla le otorgó a la hidroeléctrica, la cual tuvo 22 modificaciones, LR consultó con dos abogados expertos en temas ambientales, quienes señalaron qué partes del proceso se pudieron haber hecho mejor.

Primero, es importante señalar que según el Decreto 1220 de 2005, que es el que estaba vigente cuando se le entregó la licencia a Hidroituango, para otorgar una licencia ambiental, se deben realizar determinados estudios.

“Uno de ellos es el diagnóstico ambiental de alternativas, en el que se proponen diferentes opciones para realizar el proyecto. Las alternativas deben tener en la cuenta el entorno geográfico y las características sociales y ambientales. Sin embargo, no es obligatorio”, explicó Rodrigo Negrete, consultor legal ambiental.

Según la norma vigente en esa época, el operador del proyecto debía solicitar un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial respecto a si el proyecto necesitaba presentar el diagnóstico ambiental de alternativas. La respuesta fue no para el caso de Hidroituango.

“Creo que fue un error que no se contemplaran más alternativas para un proyecto tan grande, pues se le dio vía libre con única propuesta y sin tener en la cuenta otras visiones”, dijo Hernán Felipe Trujillo, consultor y académico en temas ambientales.

El estudio que sí se exige es el estudio de impacto ambiental, que es realizado o contratado por la empresa que operará el proyecto y que debe incluir un análisis de cómo el proyecto afecta a las comunidades, animales y plantas del lugar. Además, debe contener cómo se mitigarán estos impactos.

Negrete y Trujillo coinciden en que, en general, este estudio no es del todo confiable, pues al ser realizado o pagado por la empresa que operará el proyecto, no es objetivo, sino que lo que busca es viabilizarlo.

“Un tercero, preferiblemente desde lo científico, debería hacer esos estudios, pues a la empresa no le conviene encontrar tantos impactos, ya que también tendría que mitigarlos”, mencionó Trujillo.

LOS CONTRASTES

  • Hernán Felipe TrujilloConsultor y académico en temas ambientales

    “Estas licencias ambientales muestran debilidad institucional porque el operador del proyecto es el que hace los estudios”.

Para Negrete, en el caso de Hidroituango no se previó el caudal del río Cauca, su nivel de sedimentación ni se escuchó a la comunidad, que en diversas oportunidades dio a conocer de deslizamientos y derrumbes en la ribera.

“Los estudios de impacto deben incluir los planes de contingencia y de cierre de los proyectos, pero las crisis de Lizama e Hidroituango parecen indicar que esto no se está cumpliendo”, concluyó Negrete.

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