Canacol pidió que se valide la terminación de contratos para concretar su venta
jueves, 19 de noviembre de 2026
EL CFO de Canacol, Jason Bednar, ya había indicado que terminar contratos era el paso clave para conseguir inversores
Canacol formalizó ante la Superintendencia de Sociedades una solicitud para que esa entidad reconozca y valide las decisiones del Tribunal de Alberta, Canadá, que autorizaron la terminación de sus contratos de transporte de gas, varios de ellos firmados con Promigas bajo la modalidad ship-or-pay. Todo esto en el marco de la reorganización empresarial para evitar la liquidación.
El proceso se surte mientras en Colombia se han notificado reducciónes en las reservas de gas y mientras aumenta la importación de molécula para cubrir la demanda industrial y doméstica. La reciente falla en la Regasificadora de Cartagena puso en aprietos al aparato productivo, toda vez que se interrumpió el único alternativo con el que hoy cuenta el país para abastecerse.
En medio de la incertidumbre sobre el futuro de Canacol y su producción, la compañía sostiene que el reconocimiento de las decisiones del Tribunal de Alberta es una condición indispensable para materializar la venta de sus activos a alguno de los inversionistas que siguen interesados en el proceso.
En el documento remitido al ente supervisor, Canacol advierte que los potenciales oferentes han sido "enfáticos" en señalar que cualquier inversión de terceros en exploración y producción exige que los actuales contratos de suministro y transporte sean modificados o terminados.
Según Canacol, las operaciones "no son viables bajo los términos actuales de dichos contratos", por lo que la certeza sobre su posición contractual depende del resultado del reconocimiento de las Órdenes de Terminación de Contratos emitidas por el tribunal canadiense.
El ultimátum ya había sido planteado por el CFO de Canacol, Jason Bednar, quien advirtió ante el Tribunal de Alberta que la compañía no tenía caja para operar más allá de mediados de 2026 y que el proceso de venta estaba estancado precisamente porque los compradores condicionaban cualquier oferta a la terminación de los contratos con Promigas. Sin ese aval, el proceso de enajenación (que ha contactado a 70 interesados, recibido 10 cartas de intención no vinculantes y seleccionado a 6 finalistas para una segunda fase) quedaría en un limbo jurídico.
La petición se conoce además en momentos en que Canacol opera tras concretar un financiamiento de emergencia (DIP, por sus siglas en inglés) autorizado por el Tribunal de Alberta por hasta US$112 millones, del que ya se habían desembolsado US$82,5 millones en efectivo al 24 de octubre, con cartas de crédito por US$16,4 millones y un desembolso adicional proyectado de US$7,5 millones sujeto a condiciones.
Ese oxígeno financiero es el que ha permitido mantener la operación y atender pagos a proveedores, regalías, impuestos, transporte de gas, nómina y gastos de reestructuración, en un contexto de flujo de caja negativo acumulado de US$70,1 millones entre noviembre de 2025 y octubre de 2026.
La controversia contractual no se limita a Promigas. Cerro Matoso, uno de los clientes industriales de Canacol, puso en conocimiento una disminución drástica en la entrega de las BTU comprometidas. Su presidente, Ricardo Gaviria, explicó que el contrato contemplaba 16.000 MBTU diarios, pero las entregas cayeron primero a 11.000 y para noviembre se ubicaban cerca de 300 MBTU diarios, lo que obligó a la productora de ferroníquel a detener una de sus líneas de producción.
Gaviria agregó que no ha logrado conversaciones directas con Canacol (los contactos se hacen vía abogados) y que el contrato está vigente hasta 2029, por lo que pidió intervención de las autoridades colombianas.
El desenlace queda ahora en manos de la Superintendencia de Sociedades, que deberá pronunciarse sobre el reconocimiento de las órdenes del tribunal canadiense en el marco del proceso de insolvencia transfronteriza.