Cómo será el proceso para eliminar los tres ceros del peso según el proyecto de ley

El pasado 24 de febrero, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, anunció el interés del Gobierno de revivir la propuesta de eliminar los tres ceros al peso colombiano, proyecto que fue presentado en tres ocasiones, en 2001, 2010 y 2016, y en todas ellas fue archivado antes de alcanzar una instancia de decisión.

A pesar de que la fecha elegida para radicar el proyecto en el legislativo había sido en un principio el 16 de marzo, el calendario se fue atrasando hasta ayer, cuando al cierre de esta edición, Cárdenas se encontraba radicando el proyecto en el Congreso.

“Con el Banco de la República acordamos que cuando la inflación volviera a estar dentro de la franja, podríamos presentar el proyecto”, indicó el presidente Juan Manuel Santos en su momento.

En las últimas semanas, muchas han sido las voces que se han unido al debate de los beneficios o los perjuicios que podría tener para la economía el hecho de suprimir los tres ceros a la moneda nacional como el fiscal, Néstor Humberto Martínez; Santiago Castro, al frente de Asobancaria; el gerente del Emisor, Juan José Echavarría; Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, en su editorial; o el propio representante de la cartera de Hacienda.

En el proyecto de Ley se estableció que el Nuevo Peso, nombre transitorio que tendrá la moneda sin los tres ceros, empezará a circular desde el primero de enero de 2020, y el periodo en el que convivirán las dos denominaciones de la moneda será de tres años. En 2023, cuando se termine el tiempo establecido, los billetes y monedas que circulan actualmente perderán su valor. Para las monedas, el tiempo de transición será de cuatro años.

Además, la Junta Directiva del Banco de la República será el organismo encargado de establecer todas las disposiciones necesarias para realizar el cambio de los billetes actuales por los nuevos, y, finalmente, será la Superintendencia de Industria y Comercio la que se encargue de establecer los mecanismos para la protección del consumidor y será también la entidad encargada de la pedagogía de la equivalencia entre los dos sistemas.