CCI criticó decreto que puntuaría mejor a empresas de personas con discapacidad

Frente a un borrador de decreto del Gobierno, elaborado por Colombia Compra Eficiente, que propone otorgar un mayor puntaje en contratación pública a empresas de personas en situación de discapacidad, el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo, aseguró que la iniciativa distorsiona el mercado y mercantiliza a esta población.

Caicedo explicó que, pese a que este borrador se presenta bajo un argumento 'aparentemente loable', en realidad apunta al otro extremo y "distorsiona el mercado, abre la puerta a la corrupción, presiona el empleo y termina en lo más grave: la mercantilización de personas en condición de discapacidad".

El líder gremial también advirtió que, al otorgar un mayor puntaje a estas compañías solo por estar encabezadas por personas en situación de discapacidad, no se estarían teniendo en cuenta aspectos claves como la experiencia, el conocimiento técnico y la calidad.

"Se allana el camino -al amparo de una medida- para concentrar la contratación en manos de los muy pocos que pueden cumplir los requisitos", agregó.

Caicedo calificó el proyecto como un 'despropósito' que se suma al incremento del salario mínimo en 23% y afirmó que el efecto combinado de ambas medidas es completamente nocivo para el sector, genera más costos, disminuye los niveles de contratación y aumenta el de los despidos. "Las malas políticas no se corrigen entre sí, se acumulan", recalcó.

El presidente de la CCI aseguró que el gremio ha sido bastante incluyente y las empresas que lo integran han tenido sus puertas abiertas para recibir "talento de todas las regiones, a población vulnerable, a minorías y a personas en condición de discapacidad. No solo por decreto, sino por convicción y mérito".

Por último, indicó que la alerta sobre el borrador también viene de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, la cual publicó un documento con observaciones con las que se busca que el decreto no distorsione la libre competencia. "Ignorarlo sería irresponsable. La inclusión real no se impone por atajo ni por puntaje, se construye con reglas sensatas y empleo sostenible", dijo Caicedo.