"Se piden más recursos, pero cuando el Gobierno intenta obtenerlos, aparece el bloqueo"

La primera jornada del Festival de Economías para la Vida cerró con el panel “Superar el bloqueo institucional, retos institucionales”, en el que el codirector del Banco de la República, César Giraldo, planteó que uno de los principales obstáculos para el país es la dificultad del Gobierno para financiar sus políticas, en medio de crecientes demandas de gasto.

Giraldo explicó que existe una presión constante por aumentar recursos en sectores como seguridad y salud, especialmente ante situaciones recientes en regiones como el Cauca y el Valle del Cauca, mientras que, al mismo tiempo, las iniciativas para recaudar ingresos enfrentan trabas institucionales. “Se piden más recursos, pero cuando el Gobierno intenta obtenerlos, aparece el bloqueo”, señaló.

Según el economista, este fenómeno se refleja en la caída de reformas tributarias, decisiones judiciales que limitan mecanismos extraordinarios de financiación y obstáculos legales para redirigir recursos. Como consecuencia, el Estado termina recurriendo con mayor frecuencia a la deuda pública para cubrir obligaciones que, en muchos casos, son inflexibles por su origen constitucional o legal.

Para Giraldo, el problema fiscal no es únicamente técnico, sino profundamente político. En ese sentido, insistió en la necesidad de definir, mediante consensos, prioridades de gasto y mecanismos de financiación. “La discusión es dónde se gasta y a quién se le cobra, y eso requiere un acuerdo político”, afirmó.

El codirector propuso avanzar hacia un gran acuerdo nacional que incluya tres componentes clave: un pacto fiscal, un pacto productivo y un pacto social. En el primero, sugirió revisar temas como la regla fiscal y las presiones de gasto; en el segundo, definir apuestas claras de desarrollo económico y fortalecer herramientas como la banca de desarrollo; y en el tercero, ampliar los sistemas de protección social, especialmente para sectores informales.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la necesidad de revisar la distribución de competencias entre la Nación y los territorios, destacando la importancia de fortalecer la autonomía local. Según indicó, esto permitiría que las comunidades tengan mayor acceso a recursos públicos y puedan impulsar iniciativas propias, especialmente en la economía popular.

En esa línea, cuestionó el actual esquema de contratación estatal, al considerar que favorece a grandes operadores y limita la participación de organizaciones locales. Como ejemplo, mencionó el Programa de Alimentación Escolar, PAE, donde, según dijo, las comunidades enfrentan barreras para competir frente a grandes contratistas.

Finalmente, Giraldo abordó el papel del sistema financiero y del régimen monetario, señalando que existen márgenes para impulsar cambios regulatorios que favorezcan el desarrollo productivo. Entre ellos, mencionó la posibilidad de promover tasas de interés más favorables y fortalecer el acceso al crédito para sectores estratégicos.

En su intervención hizo un llamado a construir consensos amplios que permitan superar los bloqueos institucionales y avanzar hacia un modelo económico más incluyente, en el que la financiación del Estado y la distribución de los recursos respondan a prioridades sociales y productivas de largo plazo.