Colpensiones desea traslado en masa de cotizadores de alto riesgo que están en AFP

Colpensiones reveló que las administradoras de fondos de pensiones se quedaron con aproximadamente 45.000 trabajadores de alto riesgo, es decir, funcionarios que trabajan en cárceles, mineros y bomberos. Para la entidad, ellos deberían estar cotizando para su jubilación en el organismo público, que es el organismo público que concentra parte de los fondos pensionales.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, señaló en un foro realizado por la revista Cambio que los fondos privados le están debiendo a la organización pública cerca de $9 billones.

También indicó que el Gobierno obligaría a los fondos privados a devolver esos recursos a la entidad, ya que, según explicó, este fenómeno ha mermado los recursos de caja del Presupuesto General de la Nación, lo que a su vez implica una menor contribución al pilar solidario y un mayor acceso de aproximadamente tres millones de adultos mayores que nunca han recibido un bono pensional de $300.000.

Dussán añadió que este bono se incrementaría con base en el salario mínimo o en el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación.

Los trabajadores de alto riesgo pueden pensionarse con 700 semanas cotizadas y 55 años de edad o menos, o a los 50 años con más semanas cotizadas. Esto es así porque realizan actividades en las que están expuestos a radiaciones, altas temperaturas y manipulación de sustancias que, sin las medidas adecuadas, son riesgosas para la salud.

Aunque esta norma se expidió en 2003, es decir, hace más de dos décadas, muchas personas que cumplían con los requisitos para trasladarse a Colpensiones y asegurar su jubilación continuaron cotizando en los fondos privados.

La cotización de un empleado de este tipo es de 26% sobre su ingreso, es decir, 10 puntos porcentuales adicionales frente a la cotización estándar del mercado laboral, que es de 16%.

El traslado masivo de los cotizadores en riesgo de los fondos privados al público no es fácil. Por ejemplo, los trabajadores tienen el derecho a recibir asesoría sobre cuál fondo les conviene más, según lo indicó la Superintendencia Financiera al Ministerio de Trabajo, de acuerdo a El Tiempo.

Se añadió que, en caso de que el proceso se realice sin los debidos procedimientos, habría una exposición a demandas millonarias, por lo que es necesario que exista claridad jurídica para garantizar que, si se lleva a cabo, sea de manera transparente y ajustada a la ley.