Hacienda

¿Cómo cambia la Ley de Rescate Económico sin las propuestas de IVA a la canasta familiar?

Gráfico LR

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el MinHacienda estudia bajar la tarifa general de IVA de 19% a 18% o incluso a 17%

Sara Ibañez Pita

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Aunque la Ley de Rescate Económico ha recibido respaldo desde distintas orillas, en especial por sus propuestas para apretarle el cinturón al Estado, los cambios en el IVA a los alimentos fueron la propuesta más criticada del proyecto, tanto por la ciudadanía y los gremios como por otros partidos políticos. Ante estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Gobierno ya no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar y, por el contrario, estudiará la posibilidad de reducir la tarifa general de 19% a 18% o, incluso, 17%.

“Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, señaló De la Espriella en su última alocución sobre el balance de sus primeros 100 días de mandato.

Y aunque los técnicos del MinHacienda consideraron inicialmente inviable esa instrucción, debido a que comprometía la meta de recaudo del proyecto, el mandatario detalló que, tras varios análisis, ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica y mantener esa meta, a cambio de exigir un mayor esfuerzo por parte del Estado.

Sumado a esto, De la Espriella enfatizó que el Ejecutivo también está evaluando cómo reducir la tarifa general del IVA, aunque no precisó si es una decisión definitiva o si es una propuesta que quedará incorporada en la Ley de Rescate. "Se trata de un problema numérico. Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla. De hecho, el MinHacienda está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18%, o incluso al 17%", sostuvo.

El jefe de Estado también dejó abierta la posibilidad de hacer otros cambios al proyecto durante su discusión con los partidos y los sectores económicos. "Esto no es una ley, es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos y con todos los sectore porque nunca ha sido para mí un punto de honor que justifique la intransigencia y que se apruebe la ley de rescate económico tal como se presentó", dijo De la Espriella.

Con este anuncio quedaría por fuera uno de los capítulos de mayor alcance de la reforma, pues el proyecto proponía eliminar, a partir del 1 de enero de 2028, la tarifa reducida de IVA de 5%, de modo que los productos que hoy pagan ese porcentaje habría quedado bajo la tarifa general de 19%. En esa lista estaban el café, el azúcar, las pastas, el chocolate de mesa y los aceites crudos de soya, palma, girasol, algodón, colza y maíz; así como el concentrado con el que se alimentan gallinas, pollos y cerdos.

Además de eliminar la tarifa de 5%, el proyecto también proponía cambiar las listas de productos que hoy no pagan IVA, tanto excluidos como exentos. En ambos casos el consumidor no paga el impuesto al comprarlos, pero la diferencia está en el productor: quien vende un bien excluido como la papa o el arroz, paga IVA al comprar sus insumos y no puede recuperarlo; mientras que quien vende un bien exento, como el pollo o el huevo, sí puede pedir que se le devuelva ese impuesto.

En el caso de los excluidos, el artículo 42 del proyecto mantenía en esa lista productos como el arroz, la papa, la yuca, la panela y el pan, pero sacaba otros que hacen parte del mercado diario de los hogares. Entre ellos estaban la sal, el maíz, la miel, el café sin tostar y legumbres como el fríjol, la lenteja, el garbanzo y la arveja. A su vez, salían frutas como el banano, el plátano, el aguacate, el mango, la papaya, la mora, el lulo y el maracuyá, y hortalizas como el tomate, la cebolla, el ajo, la lechuga y la zanahoria.

Por su parte, el artículo 46 retiraba de la lista de exentos el queso fresco, la cuajada y el requesón, además del ganado bovino (excepto el de lidia), los pollitos de un día de nacidos y los camarones de cultivo. En sentido contrario, el salchichón, la butifarra y la mortadela, que hoy pagan 5%, pasaban a ser exentos.

Pero no solo eso. Los cambios también alcanzaban a la producción del campo. De la lista de excluidos salían las semillas para siembra, los abonos, los plaguicidas, los fungicidas y los herbicidas, además de tractores, cosechadoras, sistemas de riego y motores diésel de hasta 150 caballos de fuerza. Al mismo tiempo, servicios como la asistencia técnica y la fumigación quedaban gravados con 19%.

Y aunque salir de estas listas no significaba necesariamente pagar 19%, pues el tratamiento final dependía de cómo quedara clasificado cada producto, el sector advirtió que la medida elevaría los costos de producción y presionaría los precios.

"La eliminación de la tarifa de 5% implica que todos los productos pasarían a una tarifa de 19%, lo que podría elevar los costos de producción para aquellos productos finales que queden en el régimen de excluidos, pues no podrían recuperar el IVA. Para los que están exentos, como el huevo, el pollo y el cerdo, significará un esfuerzo de caja importante", explicó Andrés Valencia, exministro de Agricultura.

El efecto también se iba a reflejar en el costo de vida. Según Lisandro Junco, exdirector de la Dian, recortar los beneficios del IVA, ya fuera gravando bienes que antes no pagaban el impuesto o subiendo la tarifa de 5% a 19%, tendría un impacto inflacionario de 1,3 puntos porcentuales, jalonado principalmente por los alimentos.

Y entonces... ¿Cómo queda la Ley de Rescate?

Al quedar por fuera ese capítulo, la Ley de Rescate pierde su componente de mayor peso en el recaudo. De acuerdo con las proyecciones de Hacienda, la reducción de beneficios tributarios del IVA, con la que algunos productos de la canasta pasaban de 5% a 19%, tenía el objetivo de aportar en promedio $40 billones anuales entre 2028 y 2030, equivalentes a 1,67% del PIB. Esa cifra superaba incluso el recaudo neto estimado para todo el paquete de IVA, de $25,5 billones anuales en promedio en ese mismo periodo, equivalentes a 1,2% del PIB.

La diferencia se explica porque parte de lo recaudado retornaría a los hogares a través de EfectIVA, el mecanismo con el que el Gobierno busca devolver el IVA a la población de menores ingresos, a través de un desembolso de $812.000 millones en 2027 y de $20 billones entre 2028 y 2030.

Pese a ese cambio, el proyecto mantiene otros ajustes en IVA que no tocan la canasta: los carros eléctricos e híbridos, los licores y los vinos pasarían de 5% a 19%; mientras que las apuestas en línea, los servicios digitales y las compras al exterior de hasta US$200, como las que se hacen en plataformas como Temu y Shein, quedarían gravadas con 19%.

De acuerdo con el MinHacienda, los juegos de suerte y azar aportarían $2,26 billones anuales entre 2028 y 2030, las importaciones de bajo valor $1,97 billones, las licencias de software $594.000 millones y los vehículos eléctricos e híbridos $242.000 millones.

Más allá del IVA, la ley conserva los cinco ejes con los que la presentó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez: rescate fiscal, para frenar el crecimiento de la deuda y financiar el presupuesto de 2027; rescate social, con la devolución del IVA; rescate de la salud, con una inversión de $30 billones en cuatro años; rescate de la inversión, y rescate del Estado, con medidas para reducir la burocracia. Con todo este conjunto de medidas, el Gobierno busca un recaudo cercano a 2,2% del PIB.

Uno de los cambios que sí se mantendrían está en el impuesto de renta de las personas naturales: quienes tengan ingresos gravables entre $37,7 millones y $57,1 millones al año pasarían de una tarifa de 0% a una de 9%, y las tarifas de 35% y 37% se unificarían en 39% para ingresos desde $454 millones anuales. Además, la renta exenta de 25% sobre los ingresos laborales, que pueden descontar los trabajadores al calcular su impuesto, tendría un límite anual de $32,9 millones.

En el caso de las empresas, la tarifa de renta bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028, mientras que el sector financiero tendría cinco puntos adicionales desde 2030. A esto se suma el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial, que otorgaría beneficios tributarios a inversiones nuevas que aumenten la capacidad productiva del país mediante la compra, construcción o instalación de activos que no hayan sido usados antes en Colombia.

El impuesto al patrimonio tendría cambios: entre 2027 y 2030 se aplicaría a quienes tengan un patrimonio líquido desde $5.002 millones, frente a los $3.770 millones actuales, con tarifas de 0,5% y 1%. Además, el proyecto incluye un mecanismo de normalización para que los contribuyentes declaren activos omitidos y criptoactivos.

En salud, la cotización de los trabajadores dejaría de ser plana, de tal forma que quienes ganen hasta dos salarios mínimos seguirían aportando 4% y el porcentaje subiría de forma escalonada hasta 8% para quienes devenguen entre 20 y 25 salarios mínimos. Por el lado de las empresas, el proyecto plantea un pago de 1% en parafiscales para el Sena y el Icbf por los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos, frente al umbral actual de 10 salarios.

La iniciativa también eleva los impuestos al consumo de cigarrillo, que llegaría a $7.823 por cajetilla en 2027 y a $11.200 en 2028, y el de la cerveza, que tendría un componente de $330 por unidad.

En el frente del gasto, el proyecto plantea reducir 20% la nómina estatal en 2028 (excepto la fuerza pública) y 50% los contratos de prestación de servicios en 2027. Además, otorga facultades extraordinarias al Presidente durante seis meses para suprimir, fusionar o escindir ministerios y entidades, con un ahorro estimado de $8,6 billones por esa reorganización. Con esas medidas, Hacienda calcula un ahorro estatal de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030.

A esto se suma una modificación a la regla fiscal para evitar que la deuda neta se acerque al límite de 71% del PIB. Cuando la deuda se ubique entre 63% y 71% del PIB, los gastos de personal de las entidades públicas no podrán crecer más que la inflación más 0,5 puntos porcentuales, y la compra de bienes y servicios no podrá aumentar por encima de la inflación. Si el presupuesto aprobado supera esos límites, el Gobierno deberá expedir un decreto de recorte.

Un calendario contrarreloj

Todos estos cambios dependen ahora de un calendario ajustado en el Congreso, debido a que el Gobierno tiene hasta el 16 de diciembre, cuando terminan las sesiones ordinarias, para sacarlo adelante o, de lo contrario, tendría que convocar a sesiones extraordinarias.

Orza

Según un análisis de la consultora Orza, el Ejecutivo contaría de manera preliminar con congresistas afines que suman 70% de las Comisiones Económicas. De sus 90 integrantes, 59 pertenecen a partidos de Gobierno y en las Comisiones Terceras, donde se dará el debate tributario, son 30 de 46.

Entre tanto, el trámite ya empezó a moverse. Las Comisiones Económicas ya tienen designados a los coordinadores y ponentes de la iniciativa y sus mesas directivas ya los citaron para este martes 17 de noviembre, a las 2:00 p.m., a una reunión de trabajo en el MinHacienda.

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