Con la reforma estatutaria, los grupos étnicos tendrán sistemas educativos propios

Ayer, el Ministerio de Educación, en cabeza de Aurora Vergara, radicó el proyecto de reforma estatutaria ante el legislativo. Esta reforma iniciará su discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Cabe resaltar que al ser una reforma estatutaria, esta deberá aprobarse en esta misma legislatura.

Sobre la esencia del proyecto, hay que decir que busca que todos los niveles educativos sean un derecho fundamental.

Por esto, busca ampliar la concepción del derecho desde la educación inicial. Así mismo, busca reconocer a grupos históricamente olvidados y tener en cuenta la diversidad del país en el sistema educativo nacional.

Por esto, en el documento de 36 artículos se garantiza el acceso a grupos como víctimas del conflicto, campesinos, y grupos étnicos. Estos últimos tendrán la posibilidad de establecer sus sistemas educativos propios.

Así lo explicó la ministra Vergara, quien dijo que “busca regular el derecho fundamental a la educación. El objetivo más importante es potenciar la educación inicial. Construye un marco, para que las personas sepan que tienen el derecho desde la educación inicial a la superior”. Y precisamente uno de los cambios que traerá la reforma es que ahora el nivel superior se reconozca como un derecho fundamental, carácter que no tiene en el momento.

Así, el proyecto estatutario deberá articularse con la reforma a la Ley 30, y con la política de gratuidad en la matrícula.

Sobre esto, la ministra agregó que “en uno de los artículos se establece que la educación superior es un derecho fundamental. Por eso estamos proponiendo que la gratuidad, en conexión con la política que ya está vigente, para que se pueda garantizar”. De acuerdo con Vergara, la articulación de estos proyectos ayuda a reorganizar el sistema.

Y para fortalecer el nivel superior, el proyecto estatutario también plantea fortalecer la educación media y pos media.

En su intervención, la ministra también respondió a las preocupaciones de las universidades privadas, quienes pidieron se mantenga un sistema mixto. Sobre esto, Vergara dijo que “en el PND se dejaron siete apuestas para el sistema de educación. En este momento estamos en la de educación inicial. Es fundamental no abandonar a los niños. Pero la reforma a la Ley 30 en este momento está en manos de los rectores. Pueden debatirlo en sus instituciones, el objetivo es que lleguemos a un consenso para la educación”.

Parte de la bancada del Pacto Histórico también estuvo en la radicación del proyecto. Entre ellos, el congresista Gabriel Becerra comentó que “la reforma sencillamente busca garantizar lo que la Corte Constitucional ya ha dicho, que la educación es un derecho fundamental. Claro que se va a articular con otras como la reforma a la Ley 30 y al sistema general de participaciones. Así, va a haber un nivel de universalidad y gratuidad que no va a acabar con el sistema mixto. Seguirán existiendo las instituciones privadas”.

Becerra también dio a conocer que solicitó ser vocero del Pacto Histórico como ponente para esto proyecto, pero esperan tener un equipo de ponentes plural. Por su parte, la también congresista, María José Pizarro, reiteró de este proyecto que “la idea es que en todos los rincones de Colombia, sin discriminación, todos puedan acceder a la educación”. Agregó que “busca que la legislación por fin reconozca, en todos sus niveles a la educación como un derecho fundamental”.

Pizarro invitó al Congreso a que esta reforma sea el primer paso alrededor del cual se construya un Acuerdo Nacional. “La educación es la garantía del país que merecemos. Merecemos un país en el que se construya conocimiento”.

Además de víctimas del conflicto, y grupos étnicos, en el proyecto también se reconocen a otros grupos como las personas con trastornos específicos de aprendizaje y enfermedades.

También se busca garantizar el acceso a personas privadas de la libertad, esto con un propósito de resocialización; y adultos mayores, como una forma de enfrentar el analfabetismo.

El proyecto promueve la formación cultural, artística, de saberes étnicos, en ciudadanía y habilidades tecnológicas. Busca crear un sistema educativo que reconozca la diversidad.

La reforma a la Ley 30 costaría $6,8 billones entre 2024 y 2026

Otro de los proyectos que presentará el Ministerio de Educación es el de la reforma a la Ley 30. En un horizonte de mediano plazo, de cerca de una década, los cálculos de la cartera indican que la reforma, específicamente en las transferencias, supondría recursos adicionales por $33 billones. En el corto plazo, se haría un cambio en el sistema de transferencias, con el que se tendría un costo fiscal de $6,8 billones entre 2024 y 2026: $1,14 billones en 2024, $2,15 billones en 2025 y $3,46 billones en 2026.