Consejo de Estado solicitó a la U. Nacional estudio sobre los riesgos del fracking
viernes, 7 de junio de 2019
Universidad tendrá tres meses para entregar informe sobre las implicaciones de la técnica
Laura Lucía Becerra Elejalde
En medio de una demanda que estudia el Consejo de Estado en contra de la normativa que regula el fracking en Colombia, el alto tribunal solicitó a la Universidad Nacional conformar una comisión, con el fin de elaborar un dictamen, que resuelva dudas relacionadas con los posibles riesgos para el ambiente, la salud, el proceso y la técnica en el país.
El alto tribunal había ordenado en noviembre del año pasado la suspensión provisional de la norma que permite que en el país se lleve a cabo las labores de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, o también conocido como fracking.
Si bien el Gobierno conformó también una comisión de expertos, la cual ya emitió una serie de recomendaciones con relación a la técnica, esta nueva comisión interdisciplinar, que deberá conformarse en los próximos 15 días, deberá entregar sus resultados en los próximos tres meses.
Entre las inquietudes que se espera sean abordadas con la investigación está si los riesgos de esta técnica se asocian a la salud y al medio ambiente, si su impacto puede ser reversible, y cuáles deberían ser los mecanismos y el control para lograr estos objetivos.
Así mismo, se cuestiona el impacto de la demanda sobre la normativa de fracking en la economía local, de qué manera fueron determinados los impactos de la técnica en el país, y también qué incremento se podría dar en la producción de hidrocarburos el país y si se exportaría como refinado o como crudo.
Si bien el magistrado ponente, Ramiro Pozos, aceptó incluir en el proceso como pruebas los testimonios de tres de los miembros de la Comisión de Fracking que solicitó el gobierno, solicitó a la Universidad Nacional que el informe responsa si el decreto 3004 de 2013 y la resolución 90341 de 2014, las normas que están siendo demandadas, contemplan todos los posibles riesgos generados por esta actividad, y así mismo, definir si estas normas minimizan los riesgos "hasta que sean técnicamente manejables".