Concesión y arriendo, las figuras de la ley de baldíos contra la acumulación de tierra

El debate alrededor de la acumulación de la tierra dejaría de ser una traba a la inversión en proyectos productivos agropecuarios con la propuesta del Gobierno de replantear el concepto de propiedad y llevarlo a un modelo de concesión o arrendamiento por parte del Estado a los empresarios y campesinos.

'Tenemos que empezar a cambiar el concepto de titularidad por productividad”, le aseguró a LR el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez. También argumentó que el presidente, Juan Manuel Santos, con el proyecto que será radicado esta semana en el Congreso quiere “garantizarle la tierra a los campesinos y asegurarle a los empresarios la posibilidad de generar producción”.

Aunque el texto se ha manejado con reserva se sabe que le daría su lugar a la unidad empresarial, una figura que por ley existe pero nunca se ha utilizado en Colombia. Esta definición se reglamentará para aplicarse en grandes inversiones.

La inseguridad jurídica que viene acabando con la confianza inversionista es vista como la mayor responsable de que Colombia no pueda ampliar su frontera agrícola en la manera en que se lo ha propuesto este gobierno, aún cuando el potencial de la región es tal que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluyó al país dentro de aquellos con un prometedor futuro como despensa agrícola.

En este propósito la Altillanura es fundamental, pues aunque hay áreas con vocación en todo el país, la posibilidad de desarrollar megaproyectos solo es viable allí por sus amplias extensiones (11,9% del territorio nacional).

Pero, el vacío jurídico que dio lugar a diversas interpretaciones sobre la Ley 160 de 1994 (sobre la titulación de terrenos baldíos) ha alejado las intenciones de trabajar en la zona.

“Aunque apenas 5% del área tiene estos inconvenientes, los problemas alrededor han hecho que los inversionistas prefieran no crecer, por lo que se pierden empleos”, indicó la directora de Fedemaderas, Alejandra Ospitia.

Guillermo Forero, abogado experto en derecho rural aseguró que es muy probable que en la nueva ley no se pongan límites a las extensiones.

El objetivo es que no se repitan casos como el de Sugranel y Naviagro, que entraron en liquidación como consecuencia de dicha inestabilidad después de millonarias inversiones en soya.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, explicó que el problema de la Orinoquía es que aunque tiene un gran potencial necesita de mucho capital inicial, pues no cuenta con la infraestructura de desarrollo suficiente.

“Hay ausencia total del Estado en una región donde la sola inversión para alistar el suelo que se sembrará está entre $7 millones y $8 millones por hectárea”, dijo. Esto sin contar con que también se necesita infraestructura vial para conectar las zonas productivas con los puertos y el interior.

Solo para poner un ejemplo, el proyecto de Fedemaderas de plantar 260.000 hectáreas requiere (sin contar el valor del predio) una inversión de $780.000 millones. Ello explica por qué no son viables las iniciativas a pequeña escala.

Además, el Estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano, publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), advierte del inadecuado manejo del suelo (por sobre o subexplotación) en Meta con 44% de afectación y Vichada con 31%.

“Este panorama deja en evidencia que la política del Gobierno orientada a estimular el desarrollo de la Altillanura como polo de actividades agroindustriales, ofrece un escenario de oportunidades frente a la oferta ambiental del territorio”, afirmó Juan Antonio Nieto, director general del Igac.

De hecho, el Instituto se ha venido preparando con la realización de un estudio que tiene por fin identificar las zonas productivas y su vocación. De las 13,6 millones de hectáreas que conforman el territorio 2,8 millones se declararon aptas. “Las demás pueden tener cierta capacidad, pero en la medida en que se trabaja en suelos más inclinados cambian las condiciones”. Otra parte importante corresponde a bosques de galería que deben ser protegidos y quedar por fuera de la actividad productiva.

Por qué sí y por qué no a la inversión extranjera
La directora de Asoorinoquia, Clara Serrano, dijo no oponerse al capital extranjero siempre y cuando se tengan normas claras con las que se beneficie también la región. La directora de Fedemaderas, Alejandra Ospitia, también está de acuerdo con la inversión (sea directa o en asociación) siempre y cuando integre la cadena. Sin embargo, opositores como el congresista Jorge Robledo argumentan que “la extranjerización agravará la concentración de la tierra, haciendo más difícil o imposible usarla para fines productivos”.

Las opiniones

Jorge Enrique Vélez
Superintendente de Notariado y Registro
“No necesariamente se tiene que hablar de propiedad, porque si no hay propiedad tampoco hay acumulación, se trata de preocuparnos por ser productivos”.

Juan Antonio Nieto Escalante
Director general del IGAC
“Ante la falta de alternativas productivas y las innegables limitaciones del suelo, los campesinos han preferido vender sus extensos terrenos antes que cultivar”.