Congreso aprobó nuevo régimen sancionatorio aduanero de la Dian para comercio exterior

El Congreso de la República aprobó el nuevo régimen sancionatorio aduanero, proyecto impulsado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

De acuerdo con la Dian, la aprobación del articulado evita que el país enfrente un vacío jurídico en materia aduanera, un escenario crítico que habría dejado a la entidad sin la autoridad legal necesaria para controlar las fronteras y combatir el comercio ilícito.

"Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición, al Gobierno nacional y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país", dijo Carlos Emilio Betancourt, director general de la Dian.

Sobre los detalles del proyecto, simplifica las sanciones pues de 357 sanciones, se reduce a 235. "Las multas ahora son muy proporcionales y ponen un énfasis muy importante en diferenciar un error formal de una conducta que es gravemente dolosa", dijo Betancourt.

También simplifica los procedimientos pues se eliminaron cinco de ellos que eran problemáticos para la Dian, lo que facilita la aplicación de todo el régimen de sanciones, y genera nuevas causales de reducción o exoneración. "Cuando el usuario aduanero demuestre la debida diligencia, la aplicación de las sanciones será un poco más leve", agregó.

En Inside LR, Betancourt ya había insistido en la necesidad de que este proyecto surtiera su trámite en el Congreso por su aporte para combatir el contrabando. El director comentó que representa US$8.000 millones, unos $32 billones mientras que, por el no pago de impuestos por concepto de IVA a las importaciones y aranceles se dejan de recaudar $8 billones.

Haber aprobado el proyecto también significa el blindaje jurídico de la continuidad de 11.180 procesos fiscales aduaneros y 1.840 procesos oficiales valorados en $3.2 billones, los cuales habrían tenido que archivarse de no contarse con el nuevo marco legal.