Consejo de Estado tiene en vilo nueve contratos para hacer fracking en el país

Ayer no fue un día crucial para el fracking en Colombia, a pesar de que la sala plena de la sección tercera del Consejo de Estado discutió el recurso de súplica que presentó el Gobierno Nacional en noviembre pasado, luego de que este tribunal aceptara una demanda y frenara la normativa que permite el fracking en el país.

Y es que los magistrados aplazaron la discusión hasta el próximo 10 de septiembre, con lo cual nueve contratos para realizar exploración en yacimientos no convencionales, que actualmente se encuentran suspendidos ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), continúan en vilo. Estos proyectos se encuentran ubicados en los departamentos de Cesar, Santander, Antioquia y La Guajira y pertenecen a Ecopetrol, ConocoPhillips, Drummond y Parex Resources.

Actualmente, Colombia cuenta con reservas de gas probadas para 9,8 años, mientras que las de crudo ascienden a 6,2 años. Según cálculos del Gobierno, el potencial que tienen las reservas en yacimientos no convencionales asciende a 23,7 años adicionales.

Carlos Leal, presidente de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), sostiene que “el Consejo de Estado se quiere tomar el tiempo que sea necesario para analizar toda la información que han venido recibiendo para tomar la decisión que sea correcta”, y que desde el gremio se espera que la determinación final sea “la que beneficie al país”.

Frente a los nueve proyectos, Leal asegura que “la decisión que se tome impactará por supuesto la continuidad de estos contratos y de las empresas en el país”, pero alerta que si la respuesta es negativa y se continúa con la suspensión de actividades en estos yacimientos no convencionales, “lo único que va a generar es una pérdida de confianza en el país, una disminución en la inversión y que las empresas que estaban esperando una respuesta positiva incluso se tendrían que ir a otras latitudes”.

Por su parte, Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), asegura que el aplazamiento es parte del proceso y simplemente es una cuestión procedimental. “Nosotros tenemos mucha confianza en el proceso, y finalmente el Consejo de Estado, con toda su sabiduría y conocimiento, va a tomar la mejor decisión que es levantar la medida cautelar, eso esperamos todos con mucho positivismo para el 10 de septiembre”, dice Espinosa.

Pero no solo los petroleros están expectantes a esta decisión, de hecho, el propio Gobierno aspira a que se dé vía libre a estos proyectos, pues en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo se calculó que la exploración y producción de yacimientos no convencionales usando fracking le dejaría al país ingresos por $324 billones, equivalentes a 30% del Producto Interno Bruto (PIB).

Dentro de las cuentas de Hacienda está que el recaudo tributario para un periodo de 30 años llegaría a $231,2 billones, sin contar que los recursos de regalías también podrían llegar a $92,5 billones, pues, según el Ministerio de Minas y Energía, un solo proyecto podría generar $1,5 billones al año, los cuales se dividen en 55% para la nación y 45% para los encargados de la inversión.

El Consejo Gremial también estuvo atento a la discusión, y destacó que “garantizar la suficiencia energética en Colombia, constituye un aspecto fundamental para el desarrollo económico, la generación de empleo, el aumento de la competitividad, y la sostenibilidad fiscal del país”. Sin embargo, los gremios insisten en la necesidad de que el Gobierno ejerza un estricto control y supervisión sobre el cumplimiento de la normativa que regule la materia y se garantice la protección del ambiente.

Para el presidente de Naturgas, Orlando Cabrales, “hay que esperar, es importante recoger el pronunciamiento del Consejo Gremial”. A su parecer, en caso de que el Consejo de Estado decida retirar las medidas cautelares, el Gobierno debería definir una hoja de ruta. “Pensaría que seguiría unos pilotos que den información y determinen si el marco regulatorio de 2014 es el adecuado”, comenta.

Sin embargo, la suspensión del Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, normativa con la que el Gobierno había fijado los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales con fracking, no se resuelve solo con la decisión frente a la súplica que hizo el Ministerio de Minas.

Actualmente, el Consejo de Estado espera un estudio que solicitó a una comisión de expertos de la Universidad Nacional con el fin de elaborar un dictamen, que resuelva dudas relacionadas con los posibles riesgos para el ambiente, la salud, el proceso y la técnica.

Esta información sería fundamental para decidir frente a la demanda de nulidad simple presentada por el Grupo de Litigio Estratégico e Interés Público de la Universidad del Norte, que propició la suspensión provisional de la normativa.

Juan Pablo Sarmiento, director de dicho grupo, asegura que, en el escenario en que el Consejo de Estado levante la medida cautelar, el gran riesgo está en que “los operadores y los interesados sigan en su proceso de licenciamiento y continúen su trámite, y cuando el Consejo decida de fondo, puede que le dé la razón al comité de expertos o a la demanda que presentamos”, escenario en el que el fracking sería incompatible con el marco legal colombiano.

“Van a quedar con una situación jurídica consolidada, y al declararse definitivamente ilegal no van a poder desarrollar su actividad y podrán demandar al Estado. Ese es un escenario que consideramos es el más riesgoso”, alerta Sarmiento.

Por otro lado, el jurista considera que si el alto tribunal decide mantener las medidas cautelares, “se esperaría una decisión de fondo, que se practiquen las pruebas pendientes, el peritaje de la Universidad Nacional y así el proceso va a seguir madurando”.