Consejo Gremial pide mantener institucionalidad en prestación de servicios públicos

Tras varios días del anuncio oficial del jefe de Estado, Gustavo Petro, sobre su decisión de asumir las funciones de control en las Comisiones de Regulación de Servicios Públicos, los gremios participantes del sector han hecho un llamado al diálogo entre partes y, además, un cuestionamiento público por lo que algunas entidades, como lo son Andesco, Asocodis, Adeg, entre otras, aseguran que puede “debilitar la institucionalidad” en la industria.

El Consejo Gremial Nacional, siendo el foro permanente de deliberación compuesto por los sectores como el industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial, envió un llamado al Gobierno Nacional para “trabajar en conjunto” y seguir en línea con el marco de constitucional, por lo que también la entidad, en su rol, asegura que la participación de los privados en la prestación de servicios públicos domiciliarios durante estos los últimos 30 años ha resultado óptima y ha presentado resultados fructíferos para el sector.

“En particular, el acceso a agua potable a nivel nacional paso de 76,4% en 1994 a 93% en 2021, (a nivel urbano se pasó de 88% a 98,1% y a nivel rural se dio un aumento de 44% a 74,5%). Por su parte, en el sector eléctrico la cobertura del servicio, en los últimos 30 años mejoró sustancialmente, pasando de una cobertura que era de menos de 85% a una superior a 97%. Finalmente, en gas natural domiciliario se presentó un aumento de 790.000 a 11 millones de usuarios, que corresponde pasar de una cobertura de 17% a una de 67%”, se lee en el documento oficial.

A su vez, la entidad advierte que hay varios retos que exigen nuevas fórmulas para la garantía de cobertura en los servicios de esta índole. “Más de 500.000 familias que todavía no cuentan con el servicio, por quienes se debe hacer más. Así mismo, en el país hay 1,7 millones de hogares que aún cocinan con combustibles ineficientes”, expresó el gremio.

"Estos desafíos se pueden abordar de manera colectiva, construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente, garantizando los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia contenidos en la ley. De lo contrario, significará ineludiblemente poner en riesgo la prestación y la calidad de los servicios públicos, lo cual, tendría impactos, tanto en la competitividad del país como en la calidad de vida de los colombianos".