Consultas populares, discordía entre ambientalistas y petroleros

En un poco más de un mes, la Corte Constitucional tomará una decisión sobre si, por medio de las consultas populares, es posible prohibir la explotación de los recursos naturales. Ante lo importante del debate, LR compara cuáles son las posiciones de las partes.

Quienes defienden estas consultas insisten en que son un derecho fundamental que se encuentra reconocido en la Constitución, en varias leyes nacionales y en otras disposiciones jurisprudenciales.

“En lugar de revertir esos derechos que ya están reconocidos, lo que la Corte debe hacer es seguir garantizándolos y promoviéndolos. Además, este mecanismo permite que las comunidades se empoderen”, señaló Renzo García, uno de los promotores de la consulta popular en Cajamarca.

Sin embargo, para Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), aunque el mecanismo existe en la Constitución, en este documento no se contempla que una consulta popular pueda prohibir la actividad extractiva.

“Vía una sentencia de interpretación de una tutela se cambió una jurisprudencia de la sala plena de más de 25 años generando un vacío, en el cual se permite que las consultas puedan limitar la actividad del sector”, mencionó.

Respecto al argumento de que el subsuelo es propiedad del Estado y que por ello es este quien debe decidir qué se hace con los recursos, quienes apoyan las consultas señalan que el Estado no es solo el Gobierno Nacional, sino que de este también hacen parte los gobiernos regionales, municipales y las comunidades.

Por otro lado, según Francisco Lloreda, director de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en ingresos esta es la industria que más aporta, ya que por cada peso que le ingresa al país por barril de petróleo o su equivalente en gas, 70% va a las arcas del Estado.

Según cifras de Acipet, actualmente hay al menos 25 intenciones de desarrollar consultas populares para frenar la actividad petrolera y si lo consiguen, el país dejaría de recibir, en promedio, US$15.000 millones anuales. Además, tendría que destinar de US$7.000 a US$8.000 millones para cubrir las necesidades de petróleo en el país.

Según García, la intención de las consultas no es frenar la extracción de un día para otro, sino migrar a otras opciones más sostenibles en el corto y mediano plazo. “Colombia es rico en biodiversidad, deberíamos sacarle provecho”, dijo.