Contraloría alertó por riesgo de desabastecimiento y las deudas de la opción tarifaria

La Contraloría elevó una alerta para que el Gobierno tome medidas que eviten un racionamiento energético, además que se dé claridad sobre cómo se va a solventar la deuda por concepto de la Opción Tarifaria, la cual asciende a $3,4 billones.

La entidad señaló que el Gobierno debe evitar un posible daño al patrimonio estatal, por el retraso de los giros para pagar los subsidios a las empresas de energía y gas. Esto se suma a la preocupación por el cumplimiento de las obligaciones de las entidades de servicios públicos, teniendo en cuenta que el atraso de las ayudas de la Opción Tarifaria, también retrasa a las empresas que brindan dichos servicios.

“Los usuarios con menos recursos en estratos 1, 2 y 3, puedan ver incrementados los costos de las facturas sino se giran los recursos y pagos por parte del gobierno correspondientes a subsidios y opción tarifaria. Adicionalmente, sigue creciendo la deuda que tienen muchas entidades del Estado que no han pagado a los prestadores de servicio de energía y gas”, detalló la Contraloría.

Es por esto que el órgano de control convocó a los Ministerios de Energía, Hacienda y la Procuraduría, para que presenten y ejecuten los planes para solventar el déficit en los esquemas de subsidios destinados a las tarifas de electricidad y gas.

La entidad se apoya en un informe del Comité Intergremial de Energía y Gas, donde señala que el Gobierno tendrá que girar $2,7 billones del Presupuesto General de la Nación por las deudas acumuladas por subsidios, además de otros $3,3 billones por concepto de la opción tarifaria; y otro billón más para el pago de deuda de usuarios oficiales.

Pero no es el único impacto, ya que el Estado debe $628.000 millones por concepto de deudas por el uso del gas natural. En total son $7,6 billones que se tendrán que sacar del Presupuesto de 2025.

“Este monto representa anualmente 60% de los recursos necesarios y sigue aumentando cada trimestre, situación que reduce la liquidez de las empresas, amenaza con el desmonte de subsidios y podría traducirse en un alza de tarifas que afectaría a los hogares más vulnerables”, añade la alerta de la entidad.