Contraloría advirtió que emergencia económica declarada en febrero no tiene sustento

En atención a un requerimiento hecho por la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República efectuó una revisión profunda del Decreto 0150 de 2026, con el cual el Gobierno declaró emergencia económica en febrero sustentada en la crisis climática, y encontró que no cuenta con bases de cálculo solidas que respalden el requerimiento de entre $8,26 y $8,68 billones para atender los territorios afectados por las lluvias.

"Del análisis conjunto de la información técnica allegada y de las respuestas institucionales, no se evidencia claramente las bases de cálculo detallado que sustente la estimación global de los recursos requeridos para la atención de la emergencia, cuantificados entre $8,26 y $8,68 billones", precisó.

En su informe, el ente de control indicó que la propia Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, reconoce en su informe que sus estimaciones son dinámicas y sujetas a ajuste, una vez se realicen evaluaciones detalladas en campo, lo cual significa que los valores presentados al alto tribunal dentro de la justificación de la declaratoria de emergencia no pueden ser contrastados ni auditados en este momento.

Uno de sus hallazgos más relevantes tiene que ver con la medición del área inundada: para el departamento de Córdoba, la Ungrd reportó 113.641 hectáreas afectadas; sin embargo, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, de la Contraloría, por medio imágenes de radar Sentinel 1, estimó cerca de 66.276 hectáreas, lo que constituye una diferencia de aproximadamente 47.365 hectáreas que afecta directamente la cuantificación de daños y costos.

"El análisis técnico realizado por la Diari evidencia diferencias sustanciales frente a las estimaciones de la Ungrd en la determinación de las áreas inundadas, lo que sugiere una posible sobreestimación del impacto físico de la emergencia", agregó la Contraloría.

El ente de control también identificó que no existe un plan nacional articulado para la atención de la emergencia, sino una agregación de respuestas sectoriales construidas a partir de estimativos generales. La Ungrd, según la Contraloría, reconoció expresamente que la desagregación por proyectos específicos y criterios de priorización corresponde a una fase posterior aún en construcción.

A esto se suma que el Gobierno no ha expedido el acto administrativo de liquidación de los recursos impidiendo su incorporación al Presupuesto General de la Nación y, en consecuencia, su ejecución. Este punto, en conjunto con los diagnósticos incompletos de las entidades frente al impacto de la crisis climática, limita la coherencia del conjunto de medidas tributarias.

Por esta razón, la Contraloría detalló que "identificó debilidades en la focalización territorial, ausencia de criterios claros de priorización, posibles duplicidades e inconsistencias en los cálculos, así como la existencia de recursos ordinarios no plenamente considerados por algunas entidades".

A su vez, cuestionó que el Gobierno no explicó por qué no recurrió primero a los mecanismos ordinarios y excepcionales contemplados en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Tampoco consideró válido sustentar la declaratoria de un estado de excepción en la no aprobación de la ley de financiamiento por parte del Congreso de la República, pues ese proyecto no incluía partidas específicas para esta emergencia.

Finalmente, la Contraloría llamó la atención sobre la baja programación de recursos para atender desastres en 2026, debido a que esto obliga a recurrir a mecanismos extraordinarios ante cualquier evento que active el sistema de atención. "Sigue siendo necesaria la estructuración de una Política Pública para financiar la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual debe contemplar las fuentes de recursos necesarias y suficientes para asegurar la liquidez que exige la respuesta inicial, la recuperación y la consolidación de los territorios afectados, sin generar un desequilibrio fiscal a la Nación", dijo.

Hallazgos por sectores

En el sector agropecuario, la Contraloría detectó inconsistencias aritméticas, duplicidades y errores metodológicos en rubros como la recuperación pecuaria, acuícola y pesquera. También observó que entidades como la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y la Agencia de Desarrollo Rural contaban con recursos ordinarios disponibles que no fueron considerados al sustentar la solicitud de adiciones presupuestales extraordinarias.

En cuanto a vivienda, sector para el cual el Ejecutivo estima la mayor adición presupuestal con $4,45 billones, el ente de control encontró una diferencia de más de $23.500 millones de pesos entre su propio cálculo y el reportado por el Ministerio de Vivienda. Además, señaló ausencia de criterios de priorización territorial y riesgos de incluir beneficiarios no elegibles o excluir población vulnerable.

Por otra parte, en educación, advirtió que los plazos de ejecución contemplados de entre cinco y nueve meses, con posibles extensiones de uno a dos años, contradicen el principio de inmediatez que exige la jurisprudencia constitucional para las medidas adoptadas en estados de excepción. Para este sector, los recursos solicitados por ascienden a $863.238 millones.

Por último, para sectores de Minas y Energía y Defensa, la Contraloría no pudo emitir pronunciamiento alguno: en el primer caso por falta de información técnica detallada, y en el segundo porque la documentación entregada se limitó a un acta de reunión y referencias a la Ley 1523 de 2012, sin análisis presupuestal.