Contraloría General aseguró que existen vacíos en el decreto de emergencia económica

La Contraloría General encendió las alertas frente a los decretos expedidos por el Gobierno en medio de la emergencia económica y advirtió que hay vacíos en la forma en que fueron estructurados, articulados y pensados para su ejecución; y señaló que las nuevas medidas de recaudo podrían generar impactos directos en la financiación, ejecución y continuidad de proyectos que ya estaban en marcha. A su vez, cuestionó la capacidad de la Ungrd para gestionar la entrega óptima de los recursos obtenidos con los nuevos impuestos.

Según explicó el ente de control fiscal, en vista de que el Gobierno expidió medidas tributarias con las que busca recaudar hasta $8,68 billones, este "tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal", señaló.

Por ende, luego de revisar los 18 decretos emitidos bajo la declaratoria establecida en el Decreto 0150 de 2026, el organismo pidió que se revisen y apliquen con mayor rigor los criterios definidos en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y se fortalezca la capacidad operativa de la Dian y otros mecanismos de control, con el objetivo de que se efectúe el debido recaudo del impuesto al patrimonio y el aplicado a juegos de suerte y azar.

La Contraloría también advirtió que los recursos obtenidos por el Ejecutivo deben tener una destinación clara, exclusiva y controlada para atender las afectaciones derivadas de la emergencia invernal que golpea a ocho departamentos del país. De esa forma, el Gobierno tiene la obligación de garantizar, no solo el recaudo adecuado y oportuno, sino también que esos recursos se usen de manera precisa en las zonas y sectores realmente afectados.

Sobre este punto, la Contraloría hizo especial énfasis en la forma en que se deberán distribuir esos dineros y puntualizó que el traslado, la destinación y el uso de los recursos deberán estar coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y sustentados en los Planes de Acción Específica, PAE, que tendrá que construir e implementar esa entidad junto con ministerios, gobernaciones y alcaldías que vayan a recibir recursos.

"Entiende la Contraloría que el Gobierno Nacional aportará a ocho departamentos y municipios en emergencia, los recursos que estos requieran y que hayan incluido, con su debida justificación, en sus PAE y considerando lo efectivamente certificado en el Registro Único de Damnificados, Rud", detalló.

Sin embargo, entre las principales preocupaciones resultantes de la revisión de las normas, el ente de control se refirió a la reorientación de recursos que contemplan algunos de los decretos y advirtió que mover dineros de otros programas para atender la emergencia climática generada por las lluvias atípicas del primer trimestre podría generar impactos directos en la financiación, ejecución y continuidad de proyectos que ya estaban en marcha.

Por eso, pidió al Ejecutivo que cualquier reorientación se haga con rigor jurídico y técnico y que, desde ya, deje claro cómo y cuándo serán reembolsados esos recursos a medida que entren los nuevos recaudos tributarios.

Sumado a esta, el ente de control cuestionó, de manera puntual, el traslado excepcional a la Ungrd de recursos provenientes de fondos del sector eléctrico con el fin de financiar la recuperación de infraestructura y el restablecimiento del servicio de energía en zonas afectadas. "La Contraloría General invita al Gobierno Nacional para que se revise esta decisión, toda vez que la Ungrd no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad", indicó en la misiva.

A esto se sumó un llamado más amplio sobre la capacidad real de ejecución del Estado. La Contraloría señaló que de nada sirve ampliar facultades de contratación, redirigir recursos o, incluso, crear nuevos impuestos para sumar más dinero al Presupuesto General de la Nación, si las entidades encargadas de ejecutar esos recursos, incluyendo la Ungrd, Invías y los ministerios, no mejoran de manera sustancial su gestión y su "capacidad de realizar pronta y adecuadamente las inversiones".

Frente a lo argumentado por el Gobierno en el decreto de emergencia en relación con el impacto ambiental de la crisis climática, el ente de control alertó sobre los riesgos de que se modifiquen, por medio de decisiones unilaterales, las reglas de operación de los embalses de las generadoras hidroeléctricas; debido a que "podría generar afectaciones o incumplimientos de los contratos de compraventa de energía".

A su vez, estos cambios generarían "impactos nocivos a la porción tarifaria por capacidad de generación y cargo por confiabilidad, así como generar inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista en tan estratégico sector de la economía", añadió.

Por todas estas razones, hizo un llamado al fortalecimiento de los mecanismos de focalización, verificación y depuración de información en la asignación de apoyos extraordinarios en aras de prevenir riesgos en la identificación de beneficiarios que puedan llevar a que se dupliquen las transferencias o haya inconsistencias en los registros de hogares impactados en los ocho municipios señalados.

Con respecto al plan de vigilancia y control fiscal de recaudo y destinación, la Contraloría anunció que pedirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Ungrd y otras carteras de los sectores involucrados en los decretos de emergencia todos los soportes que expliquen "la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la Ungrd y los demás ministerios de los sectores afectados".

La cascada de impuestos de la emergencia

Cabe recordar que la última emergencia económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro resultó en una cascada de impuesto que, además de resucitar gravámenes que el Congreso ya había tumbado y que la Corte Constitucional mantiene suspendidos, tienen un impacto directo en la industria de juegos de azar, la banca y el sector minero y energético.

Entre las nuevas medidas, destaca el gravamen de 16% para los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, que aplicará sobre el ingreso bruto del juego; y el ajuste al impuesto al patrimonio con el que se incluyó a sucursales y establecimientos permanentes de empresas extranjeras como contribuyentes. Pero no solo eso, pues el Gobierno también aprobó una adición al Presupuesto General de la Nación por $8,6 billones, los cuales serán distribuidos entre la Ungrd, MinHacienda, MinDefensa, la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud.

Por otra parte, el Ejecutivo suspendió el cobro de servicio de gas a los usuarios afectados por la emergencia climática y ordenó a los prestadores implementar facilidades de pago para personas de estratos uno y dos durante un año. Asimismo, otorgó flexibilidad fiscal, financiera y presupuestal a los ocho departamentos más afectados.

En otros decretos, el Gobierno autorizó al Fondo Nacional de Garantías y al Fondo Agropecuario de Garantías a respaldar hasta 90% de nuevos créditos; implementó acciones extraordinarias para ampliar la atención alimentaria bajo coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS; y actualizó el procedimiento para devolver el Impuesto sobre las Ventas, IVA, y el Impuesto Nacional al Consumo pagados por diplomáticos, organismos internacionales y misiones diplomáticas y consulares en el país