Contraloría General aseguró que existen vacíos en el decreto de emergencia económica
miércoles, 25 de marzo de 2026
La Contraloría también apuntó que se podrían generar impactos en la financiación en tanto que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recurso
La Contraloría General encendió las alertas frente a los decretos expedidos por el Gobierno en medio de la emergencia económica, esto al advertir que hay vacíos en la forma en que fueron estructurados, articulados y pensados para su ejecución.
"Considera la Contraloría que el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal", señaló.
Por ende, luego de revisar los 18 decretos emitidos bajo la declaratoria establecida en el Decreto 0150 de 2026, el organismo pidió que se revisen y apliquen con mayor rigor los criterios definidos en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Dentro de los principales puntos que señala la Contraloría están alineados con los recursos que el Gobierno espera recaudar a través de nuevos impuestos, una cifra que podría llegar hasta $8,68 billones. Para la Contraloría, ese monto debe tener una destinación clara, exclusiva y controlada para atender las afectaciones derivadas de la emergencia invernal que golpea a ocho departamentos del país.
Ante esto, la Contraloría afirmó que el Gobierno tiene la obligación de garantizar no solo el recaudo adecuado y oportuno, sino también que esos recursos se usen de manera precisa en las zonas y sectores realmente afectados.
Por ende, el ente de control subrayó la importancia de fortalecer de manera pronta a la Dian y los mecanismos de control alrededor del recaudo, especialmente en lo relacionado con el impuesto al patrimonio y el tributo aplicable a los juegos de suerte y azar operados por internet.
Por otro lado, otro de los temas que marcó la advertencia del organismo fue la forma en que se haría la distribución de esos dineros. Ante esto, según explican el traslado, la destinación y el uso de los recursos deberán estar coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, y sustentados en los Planes de Acción Específica, PAE, que tendrán que construir e implementar esa entidad junto con ministerios, gobernaciones y alcaldías que vayan a recibir recursos.
Sin embargo, dentro de las principales preocupaciones está en la reorientación de recursos que contemplan algunos de los decretos. El organismo advirtió que mover dineros de otros programas para atender la emergencia podría generar impactos directos en la financiación, la ejecución y la continuidad de proyectos que ya estaban en marcha.
Por eso, pidió que cualquier reorientación se haga con rigor jurídico y técnico, y que desde ya se deje claro cómo y cuándo serán reembolsados esos recursos a medida que entren los nuevos recaudos tributarios.
La entidad también cuestionó de manera puntual el traslado excepcional a la Ungrd de recursos provenientes de fondos del sector eléctrico, con el fin de financiar la recuperación de infraestructura y el restablecimiento del servicio de energía en zonas afectadas.
Adicionalmente, a esto se sumó un llamado más amplio sobre la capacidad real de ejecución del Estado.
La Contraloría señaló que de poco sirve ampliar facultades de contratación, redirigir recursos o incluso crear nuevos impuestos para sumar más dinero al Presupuesto General de la Nación, si las entidades encargadas de ejecutar esos recursos no mejoran de manera sustancial su gestión.
Frente a esto, la Contraloría mencionó directamente a ministerios, al Invías y a la propia Ungrd, al advertir que el verdadero desafío no está solo en conseguir la plata, sino en invertirla de manera rápida, adecuada y efectiva.