Corte pide a Procuraduría investigar al ministro de Salud por negarse a ajustar UPC

La Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar los que se consideran incumplimientos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las órdenes del alto tribunal de ajustar la unidad de pago por capitación, UPC, prima que el Estado paga a las EPS por cada afiliado para cubrir la atención.

Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del pueblo y parte del ala más conservadora de la Sala Plena, la Corte emitió un auto de 49 páginas que expone que el Ministerio de Salud se rehúsa a obedecer las órdenes de la justicia.

El ministro Jaramillo tiene 48 horas para pronunciarse. La Corte abrió un incidente de desacato en su contra porque "persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC". Aunque el auto compulsa copias a la Fiscalía, también cuestiona su labor.

Mediante el Auto 007 del 23 de enero de 2025, el alto tribunal declaró la insuficiencia de la UPC fijada para 2024 y, además, ordenó crear un mecanismo para reajustarla también para 2025 dentro de un plazo de 10 días desde la notificación de la decisión.

Para 2025, el ajuste de la UPC, fijado por el Gobierno, fue de 5,36%; un incremento que diversos gremios consideraron insuficiente para hacerle frente a la operación.

El Ministerio de Salud aseguró que ese aumento se justifica porque, de acuerdo con el análisis consignado en el documento titulado Informe Mesa Financiera EPS, se observaron inconsistencias en el uso de los recursos y vacíos en los datos de ingresos, costos y gastos.

Desde ese momento, se vislumbraba un escenario desfavorable porque, según se estimó, las aseguradoras se enfrentarán a un déficit cercano a $10,4 billones.

El aumento de la UPC, a juicio de expertos y actores del sistema de salud, tenía que acercarse a 16%, con el ajuste anunciado por MinSalud. Había un desfase estimado de 10,64 puntos y se calcula que cada punto faltante cuesta cerca de $870.000 millones. "O sea que ahí faltarían más de $9 billones. Y por Presupuestos Máximos, se calculó una necesidad cercana a $4 billones, pero apenas se aprobaron $500.000 millones para esta vigencia”, detalló una fuente con conocimiento a este diario.

La orden de reajuste para el Ministerio de Salud fue reafirmada más adelante cuando la Corte desestimó las solicitudes de nulidad y de aclaración presentadas por esa cartera, consolidando así la obligación de ajuste.

"La siniestralidad hasta noviembre de 2025 se ubicó en 105,9%, lo que quiere decir que las expectativas se excedieron en 5,9%. Con ello, el déficit será de $10,3 billones. Esto lo vio la Corte Constitucional y le dijo al Gobierno que el ajuste no sería suficiente para cumplir con las obligaciones constitucionales", dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi.

Acemi también se pronunció ad portas de la definición del incremento en la UPC del próximo año y defendieron un alza mayor, de 17,33%. De acuerdo con la agremiación, la estimación se estableció en razón del gasto de los afiliados del régimen contributivo del sistema.