Economía

Corte tumba prohibición a regiones para fijar zonas sin minería

David "Chato" Romero

Con una votación 5-4, la Corte tumbó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 que había sido demandada por los ciudadanos Luis Guillermo Osorio, Yorman Efraín Torres, Juan David Franco Daza, Damián Ramírez y Miguel Arias por considerar que esto imponía límites a los Planes de Ordenamiento Territorial y que, en consecuencia, debía haberse dispuesto por una ley estatutaria y no una ley ordinaria. 

La ponencia del magistrado Alejandro Linares buscaba mantener el artículo pero su ponencia fue derrotada y ahora la magistrada Gloria Ortiz será la encargada de elaborar una nueva ponencia con esta postura de la Corte. 

En una decisión anterior, sentencia C-123 de 2014, la Corte había fallado otra demanda dejando en claro que cuando se autorizara la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades nacionales tienen que acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, así como la protección de las fuentes hídricas, entre otros. 

La decisión del Alto Tribunal protege iniciativas que se han liderado en departamentos como Tolima, específicamente en el municipio de Piedras donde, incluso se llevó a cabo un referendo en contra de la actividad económica. 

En julio de 2013, vale recordar, esta población votó a favor de prohibir la minería en su jurisdicción aduciendo una protección al medio ambiente. La participación para que ganará el No fue de 2.971 votos. 

En Ibagué también se aprobó en febrero pasado realizar una consulta popular a la ciudadanía con el mismo propósito de restringir la operación de proyectos de explotación minera. Dicha iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde de la ciudad, Guillermo Alfonso Jaramillo. Recientemente el presidente de la República, Juan Manuel Santos ordenó la creación de las brigadas militares que combatirán contra la minería ilegal.

En esa oportunidad, el jefe de Estado manifestó desde Chocó que las autoridades reforzarían los controles debido al impacto ambiental que la explotación sin permisos y artesanal genera sobre los bosques y selvas.