De cada 10 trabajadores y trabajadoras domésticas, ocho ganan menos de un mínimo

Durante décadas, miles de trabajadoras domésticas han sostenido buena parte de los hogares en condiciones laborales precarias, con derechos que la ley les reconoce, pero que pocas veces se cumplen. Ahora, por primera vez, tendrán una voz en la mesa de concertación del salario mínimo, una discusión que les toca de cerca, especialmente porque, de cada 10, ocho ni siquiera reciben este sueldo.

Según un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, 82,1% de quienes se dedican a este oficio tiene ingresos mensuales inferiores al mínimo. Teniendo en cuenta que hasta agosto el Dane registró 656.518 empleadas domésticas, habría más de 539.000 que perciben un salario más bajo.

Sobre su participación en el debate, Juan Villar, profesor de Economía de la Universidad Externado de Colombia, resaltó que es un avance fundamental porque “aunque la Ley 2466 de 2025 y el Decreto 0993 de 2026 exigen la formalización obligatoria mediante contrato escrito y prohíben el pago inferior al salario mínimo, los datos muestran que la informalidad sigue siendo la norma: el contrato verbal predomina en 83,8%”.

A esto se suma que solo 11% de estas trabajadoras cuenta con protección social completa y apenas 6% recibe prima de Navidad, un pago que la ley les reconoce desde 2016.

Frente a este punto, Fabián Hernández, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, recalcó que el trabajo doméstico está contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo desde hace 76 años y ha sido modificado y fortalecido por otras normas que van “desde el pago de la cesantía completa, la prima de servicios, el auxilio de transporte, la vinculación a la seguridad social y a las cajas de compensación”. Sin embargo, la mayoría no son acatadas.

Por esa razón, advirtió que el tema de su participación en la mesa de concertación “es irrelevante cuando el problema supera ese elemento”. En contraste, aseguró que se necesita una mesa que analice y desarrolle un contrato especial con “condiciones que de verdad favorezcan a las trabajadoras (y unos muy pocos trabajadores)”.

Por su parte, Villar recalcó que su inclusión es un paso histórico que permitirá visibilizar a una población tradicionalmente marginada en estos temas. “El reto consiste en trasladar la fiscalización laboral de las empresas a los hogares, a efectos de evitar que la norma se quede en el papel”, agregó.

De acuerdo con el informe de la U. del Rosario, el sector del trabajo doméstico se compone en 97,6% de mujeres y ocupa a 9,7% de todas las mujeres que trabajan en el país, frente a apenas 0,17% de los hombres. Además, 55,5% de estas trabajadoras son jefas de hogar, lo que significa que de sus ingresos depende el sustento de su familia.

A su vez, se trata de una población mayor y con poca formación: más de la mitad tiene 45 años o más, 28,1% está entre los 45 y los 54 años y 26,9% supera los 55, mientras que solo 5,3% tiene entre 18 y 24 años. En educación, 34,1% llegó solo hasta la básica primaria, 19,7% a la secundaria, 36,1% terminó la media y apenas 1,4% tiene algún título universitario.

Para Hernández, la solución pasa por fórmulas ajustadas a la realidad del oficio, como un salario y una cotización diarios con subsidio estatal, o incluso un cruce con la Dian para definir qué empleadores pueden pagar la prima y la cesantía completas y cuáles solo la mitad.

A su vez, Villar recalcó que el objetivo debe ser garantizar el cumplimiento de las normas existentes, lo que permitirá reducir brechas de género en ingresos y formalizar las cotizaciones de esta población. A su juicio, esto será clave para la sostenibilidad del sistema pensional y para darle una vejez digna a las empleadas domésticas.