De cada $100 del Presupuesto General de 2027, $22 van únicamente al pago de deuda

Esta semana, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones, el más alto de la historia. Por sectores, Educación, Salud y Defensa concentran las mayores asignaciones, con $93 billones, $84,5 billones y $74,9 billones, respectivamente. Les siguen Trabajo, con $66,9 billones, y Hacienda, con $48 billones.

En cuanto a la composición general del presupuesto, $396 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, $94,8 billones a inversión y cerca de $144 billones al servicio de la deuda. Esto significa que, por cada $100 del presupuesto, $22,70 se destinarán al servicio de la deuda y cerca de $15 a inversión pública.

De hecho, el principal cambio durante la discusión en el Legislativo fue la reducción de los recursos destinados al servicio de la deuda, que inicialmente ascendían a $155 billones. Durante los debates, se recortaron $8,6 billones de esta partida para trasladarlos a inversión, lo que elevó los recursos destinados a este rubro de $86 billones a $94,8 billones.

Otros $3 billones se adicionaron a los gastos de funcionamiento, lo que elevó el total de este rubro a $396 billones, frente a los $393 billones previstos inicialmente.

Con esta adición, que se sumó a los $2 billones aprobados previamente, el presupuesto de Salud llegó a $84,5 billones, convirtiéndose en el sector que más recursos ganó durante la discusión del proyecto en el Congreso. En contraste, entre las entidades más afectadas estuvo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cuyo presupuesto se redujo en $181.400 millones durante el trámite legislativo.

Carlos Alape, analista de Mercados en Aval Asset Management, destacó los recursos destinados a Salud, las obligaciones pensionales y el Sena. No obstante, Alape señaló que el gasto de funcionamiento sigue siendo significativamente alto y que, en lugar de reducirse, aumentó durante el debate presupuestal. “Se podía haber recortado quizás un poco más, pero entendemos que implica un esfuerzo abismal. Aunque en los últimos dos meses se evidencia una reducción en la publicación de contratos por prestación de servicios, lo que refleja un intento de contención del gasto corriente”, afirmó.

Por su parte, Juan Carlos Ramírez, director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, explicó que la reducción de cerca de $11 billones en el servicio de la deuda, cuyos recursos se destinaron a inversión y funcionamiento, terminaría ampliando el déficit primario.

“Se trasladaron unos recursos de pago de deuda a la inversión, eso quiere decir que el déficit primario se haría un poco más amplio. La estimación inicial que se tenía de un déficit de 4,5% del PIB va a llegar a 5% del PIB. Ahora, el Gobierno ha dicho que espera hacer un ajuste de 2,2% del PIB con la Ley de Rescate. Eso es lo que entra ahora en discusión y lo que sí va a tener un impacto fiscal importante”, dijo.

Para Ramírez, el panorama fiscal también dependerá de lo que ocurra con el recorte de $21,9 billones vía decreto que había anunciado el Ministerio de Hacienda, además de la aprobación del presupuesto y de la Ley de Rescate.

“El Gobierno no hizo un recorte, hizo un congelamiento en esa asignación. Hay que esperar a los datos de septiembre y octubre a ver si se ha podido hacer ese ajuste. El Gobierno era más optimista sobre el ajuste. Nuestros cálculos decían que el ajuste no iba a poder ser de esa magnitud, pero todavía no tenemos información para validar ni nuestra proyección ni la del Gobierno”, señaló.

En esa misma línea, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, destacó la aprobación del presupuesto, pero advirtió que ahora el mercado estará atento a los detalles del plan de ajuste.

“Es muy importante tener claridad sobre el presupuesto. Pero ahora lo que todos esperamos es la presentación de la Ley de Rescate, con las medidas de recortes de gasto y nuevos ingresos estructurales para iniciar el ajuste de las finanzas públicas. La tarea fiscal es enorme y no da mucha más espera. Se espera que con el primer ajuste se logre bajar el déficit de 2027 a un nivel de casi 7%”, afirmó.

Además de las asignaciones sectoriales, el presupuesto aprobado contempla facultades para algunas entidades. Entre ellas, se otorgaron atribuciones al Ministerio de Hacienda para realizar traslados presupuestales al Fondo Milagro, una disposición que ha generado cuestionamientos por la falta de mecanismos claros de trazabilidad y vigilancia.

Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, señaló que “es una de las discusiones de menor transparencia porque el Congreso, que es el escenario de la transparencia y del debate presupuestal, habilitó al Gobierno para poder utilizar recursos para el terremoto de manera discrecional”.

El exfuncionario agregó que esta disposición impide conocer cuántos recursos se destinarán a atender las afectaciones del terremoto. “Esto impide saber cuántos recursos se van a utilizar para resolver los grandes problemas del terremoto, no sabemos nada. Entonces es otro error del Congreso de entregarle facultades extraordinarias al Ejecutivo sin ningún tipo de exigencia de transparencia que diga que básicamente nos muestre qué pasó”, dijo.

Bautista también cuestionó el artículo que permite al Ejecutivo emitir hasta $500.000 millones en TES para pagar deudas del Invias y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Según explicó, muchos de estos casos corresponden a litigios que, a juicio de sus críticos, resultan lesivos para los intereses de la Nación.

Carf aumentó su proyección de déficit para el cierre de este año a 7,8% del PIB

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, presentó su informe de septiembre al Congreso de la República. En el documento, el organismo estimó que el déficit fiscal cerraría el año en 7,8% del PIB, por encima de la proyección del Ministerio de Hacienda, que lo sitúa en 7,2%. La diferencia entre ambos escenarios radica en el ajuste fiscal previsto. Mientras la cartera plantea un recorte de $21,7 billones, el Carf considera que solo sería factible uno de $9,7 billones, equivalente a 0,4% del PIB.