De la Espriella descarta IVA a la canasta familiar y abre la puerta a bajar la tarifa general
domingo, 15 de noviembre de 2026
Según explicó, los técnicos de Hacienda consideraron inicialmente inviable esa petición, pero posteriormente ajustaron la propuesta para mantener la meta de recaudo
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario. Durante el balance de sus primeros 100 días de mandato, también anunció que el Ministerio de Hacienda estudia reducir la tarifa general de 19% a 18%, o incluso a 17%, como parte de los ajustes a la propuesta de rescate económico.
“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que la instrucción inicial a su equipo económico fue proteger la canasta básica.
Según explicó, los técnicos de Hacienda consideraron inicialmente inviable esa petición, pero posteriormente ajustaron la propuesta para mantener la meta de recaudo y exigir un mayor esfuerzo del Estado. Sin embargo, no detalló cuáles serían las fuentes adicionales que permitirían compensar los cambios anunciados.
De la Espriella dejó abierta la posibilidad de modificar el proyecto durante su discusión con los partidos y los sectores económicos. Insistió en que la Ley de Rescate Económico todavía está en construcción y que su aprobación en los términos originales no constituye un punto de honor para el Ejecutivo.
“Si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, yo no tengo inconveniente en acogerla”, dijo. En ese contexto mencionó el estudio sobre una eventual reducción del IVA, aunque no anunció una decisión definitiva ni precisó cuándo presentaría sus resultados.
El mandatario acompañó el anuncio tributario con un balance de austeridad. Señaló que la propuesta de su administración contempla un recorte directo y permanente de más de $23 billones y que buscará profundizarlo para avanzar hacia la reducción de 40% del Estado que planteó durante la campaña. A esto sumó una venta prevista de activos improductivos de la Nación por $4 billones.
No obstante, reconoció que esos mecanismos tienen límites para resolver las necesidades inmediatas de las finanzas públicas. “Los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo”, manifestó, al defender la necesidad de construir una salida fiscal que combine distintas medidas.
Como parte de los resultados de los primeros 100 días, reportó un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación, reducciones de hasta 65,5% en contratación por prestación de servicios y vacancias de hasta 57,5% en cargos de libre nombramiento y remoción.
También indicó que las entidades liberaron o identificaron cerca de $2,43 billones en recursos. Entre los casos mencionó a la Aeronáutica Civil, con $949.000 millones, y al Ministerio de Hacienda, que, según su balance, optimizó $2,497 billones en apropiaciones, de los cuales $252.000 millones correspondieron a un recorte directo. Estas cifras fueron presentadas como parte de distintas medidas de ajuste, sin precisar cuáles se superponen.
La defensa de la propuesta económica estuvo acompañada de críticas a la administración anterior, a la que responsabilizó por el deterioro de las cuentas públicas. Además, sostuvo que la lucha contra la corrupción será uno de los ejes para recuperar recursos y reducir el gasto.
En seguridad, el presidente ratificó el fin de los procesos de diálogo de la denominada Paz Total y señaló que cualquier acercamiento futuro con organizaciones criminales deberá desarrollarse bajo la Constitución y la ley. Según dijo, la orden a la fuerza pública es recuperar el control territorial, proteger a la población y perseguir a las estructuras armadas.
El balance presentado incluyó 51.254 capturas por distintos delitos, entre ellas 654 por extorsión y 184 de personas vinculadas con conductas de secuestro. Asimismo, reportó la incautación de 6.336 armas de fuego durante los primeros 100 días.
Entre los golpes a las organizaciones criminales, mencionó operaciones contra alias Bendito Menor y Cholo, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; Negro Perea, del Clan del Golfo; Urías Perdomo, Tigre o Pintado, Max Max, El Ruso o El Alemán y Pinscher, de estructuras disidentes, y Marcos Pacífico, del ELN.
También destacó las capturas de alias Primo Gay, señalado como cabecilla del frente 36, y Nairobi o Páez, identificado en su intervención como integrante del Tren de Aragua en Perú. A estos resultados añadió el sometimiento a la justicia de alias Chapolo, de la estructura Ismael Ruiz, junto con otros cuatro integrantes.
En la lucha contra el narcotráfico, informó la incautación de más de 389 toneladas de estupefacientes, entre ellas aproximadamente 174 toneladas de cocaína y 128 de marihuana, además de la destrucción de 1.493 laboratorios. En cooperación internacional, aseguró haber firmado 167 extradiciones, de las cuales 91 se habían materializado, y reportó 40 retenciones por notificación roja de Interpol y 304 notificaciones internacionales.
El control de las cárceles fue otro de los asuntos de la alocución. De acuerdo con el mandatario, se realizaron más de 5.000 operativos de registro y control, en los que fueron incautados 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas. También se ordenaron 2.568 traslados de personas privadas de la libertad, como parte de la estrategia para impedir que continúen dirigiendo actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
En materia de reconstrucción, De la Espriella aseguró que la atención del terremoto del 10 de agosto se convirtió en una de las prioridades de su administración. Según el balance, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres autorizó más de $343.513 millones para apoyos económicos a los damnificados.
A esos recursos agregó un programa de intervenciones urgentes del Fondo Milagro por $624.000 millones, con el que busca articular esfuerzos públicos y privados para recuperar los territorios afectados. En vivienda, reportó beneficios económicos individuales por más de $35.000 millones y anunció que se proyectan nuevas casas y mejoramientos para las familias damnificadas.
La respuesta también contempla apoyos a pequeños y medianos empresarios y una convocatoria por más de $36.000 millones para contribuir al pago de nómina y proteger el empleo formal. El presidente reconoció que persisten dificultades y que todavía hay hogares esperando soluciones habitacionales y comerciantes que necesitan recuperar sus negocios.
En salud, presentó los resultados de un plan de choque que, según afirmó, permitió distribuir 7,25 millones de unidades de medicamentos, atender a 177.048 pacientes y realizar 120.586 procedimientos que estaban represados. Añadió que la atención de la emergencia se ha desarrollado de manera simultánea con la recuperación de colegios, servicios de salud, conectividad e infraestructura.
El balance también incluyó la agenda regional. De la Espriella afirmó haber visitado 40 municipios durante sus primeros 100 días y destacó avances en una solución de abastecimiento de agua para más de 45.000 habitantes de San Juan del Cesar y sus corregimientos, en La Guajira. Para el sector agropecuario, informó la puesta en marcha de cerca de 800 soluciones de agua para pequeños productores en 19 departamentos.
En infraestructura, mencionó gestiones para destrabar proyectos como el Canal del Dique, el Túnel del Toyo, el Aeropuerto Rafael Núñez y las vías Buga–Buenaventura y Barranquilla–Santa Marta. También señaló que comenzó la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo desde las regiones, con participación de autoridades locales, empresarios y comunidades.