De la Espriella presentó decreto que moderniza el régimen de concesiones portuarias

Más de tres décadas después de que la Ley 1 de 1991 abrió las terminales del país a la inversión privada, el Gobierno Nacional cambiará las reglas con las que se aprueban, se amplían y se terminan las concesiones portuarias. El presidente Abelardo de la Espriella presentó el decreto de modernización, con el que los concesionarios podrán recibir el reconocimiento de las inversiones que no alcancen a recuperar cuando a sus contratos les queden cinco años o menos.

La presentación se hizo en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, junto con la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez.

En su discurso, el mandatario explicó que la cartera de Transporte preparó el decreto para actualizar un régimen que quedó rezagado. "La legislación y los decretos se quedaron atrás mientras que la actividad portuaria creció, se desarrolló y se proyectó", afirmó. Por su parte, Noguera detalló que la norma tiene cuatro objetivos: fomentar la inversión, mejorar la competitividad de los accesos, promover la sostenibilidad y reforzar la transparencia del sector.

La primera de las decisiones busca resolver un problema que los operadores llevan años advirtiendo: cuando una concesión se acerca a su vencimiento, el concesionario deja de invertir porque no tendría tiempo de recuperar el dinero. "Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento. Naturalmente, el concesionario se abstiene de hacerla. Cuando eso sucede, pierde el empresario y pierde muchísimo el país", explicó De la Espriella.

Por esa razón, el nuevo régimen propone que, cuando falten cinco años o menos para el vencimiento y se proyecten inversiones que no se puedan recuperar antes de que termine el contrato, el concesionario podrá presentarlas a la entidad competente para que las estudie. Si se aprueban, se le reconocerá el valor residual no recuperado en los términos que fije la regulación. "Con esta reforma se les está dando garantía para que inviertan rápido porque además lo tienen que hacer en estos cuatro años", señaló Noguera.

El jefe de Estado advirtió que el mecanismo tendrá filtros, de tal forma que los concesionarios tendrán que demostrar que cada inversión es necesaria y conveniente, la cual deberá pasar por una evaluación técnica, económica, social y ambiental antes de ser aprobada. "No habrá cheques en blanco. Eso sí, las entidades que intervienen en esto tienen que actuar rápido, con diligencia, sin procrastinar, para resolverle a los empresarios y a los puertos", dijo el Presidente.

La segunda decisión ampliará las inversiones que podrán formar parte de una concesión. Para ello, el decreto establece que además de los muelles y patios, entrarán las obras para mejorar los accesos marítimos y fluviales, las conexiones férreas, la infraestructura logística y las carreteras ligadas al funcionamiento del puerto. "Este cambio es fundamental porque nos obliga a mirar el puerto como parte de una red y no como una simple infraestructura aislada. No sirve mucho descargar rápidamente un contenedor si después queda atrapado por falta de una vía adecuada", sostuvo De la Espriella.

Al respecto, la jefe de cartera puso como ejemplo a Buenaventura, donde el dragado del canal de acceso limita la entrada de buques. "Los barcos no pueden entrar, llega la noche y no pueden entrar. Entonces, tenemos un puerto eficiente, pero los accesos no lo son. Este decreto nos va a permitir hacer inversiones en las vías de acceso y entender los puertos de manera integral", dijo.

En esa misma línea, el Presidente resaltó que el Gobierno invertirá en carreteras, buscará recuperar el ferrocarril en las regiones donde sea viable y usará más el río Magdalena para mover carga. Según él, combinar varios modos de transporte puede bajar los costos para los productores. "Un país con dos océanos, una gran arteria fluvial, el Magdalena, y enormes distancias internas, no puede seguir dependiendo exclusivamente del transporte por carretera", afirmó De la Espriella.

La tercera decisión tiene que ver con la seguridad jurídica, debido a que, a juicio del mandatario, "quien proyecta invertir durante 20 o 30 años necesita saber cuáles son las reglas, qué puede esperar del Estado y cuáles son sus obligaciones". En línea con eso, De la Espriella apuntó que el decreto establecerá que "quien invierta encontrará respeto y garantías; quien incumpla, encontrará un Estado con autoridad y decisión para hacer que se respete lo que se acordó".

En cuarto lugar, el decreto creará un registro único de concesiones portuarias, que reunirá en una sola base la información de puertos, muelles y embarcaderos. Allí se podrá seguir cada trámite desde la solicitud inicial hasta la terminación y la liquidación del contrato. La idea es avanzar hacia la digitalización de los procesos, respetando las reservas de información que exige la ley.

De acuerdo con Noguera, hoy las concesiones las otorgan varias entidades, entre ellas el Invias, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Cormagdalena y San Andrés. "Vamos a tener un poco más de orden para fortalecer la transparencia, pero sobre todo para generar confianza en los inversionistas", dijo la ministra.

De otro lado, la norma también abrirá la posibilidad de que los planes de inversión incluyan proyectos con las comunidades vecinas a las terminales como formación, infraestructura comunitaria, muelles de impacto social, proyectos productivos y pesca artesanal. "No se trata de que el Estado traslade sus obligaciones al concesionario ni mucho menos abrir la puerta para invertir gastos que nada tienen que ver con la actividad. Se trata de permitir que inversiones serias, medibles y directamente relacionadas con las comunidades cercanas puedan formar parte de los proyectos", aclaró De la Espriella.

En el componente ambiental y energético, la norma permitirá sumar inversiones en electrificación de muelles, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, combustibles marítimos de menores emisiones, economía circular y protección de la biodiversidad. Para que se reconozcan, tendrán que ser adicionales a las obligaciones ambientales que ya tiene cada concesionario.

Por último, establecerá reglas para la terminación de las concesiones. Con ellas, los activos que regresen a la Nación tendrán que entregarse en buen estado de conservación y funcionamiento, con inventarios y avalúos que dejen claro qué recibe el Estado. "La terminación de un contrato no puede significar la interrupción del servicio. Los exportadores no pueden detener sus operaciones mientras se resuelve la transición contractual", explicó el jefe de Estado.

Desde el sector privado, el gerente general del Grupo Puerto de Cartagena, Alfonso Salas Trujillo, destacó que la industria cambia rápido por la evolución de los buques, la digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, y que por eso las inversiones no pueden esperar. "La infraestructura portuaria se construye para décadas. Las decisiones que tomemos hoy determinarán la capacidad de Colombia para extender su comercio exterior en los próximos años", afirmó.

A su turno, De la Espriella reconoció que el decreto no resuelve los cuellos de botella del sector, per enfatizó que es "una buena norma que puede quitar obstáculos, dar confianza y permitir que las inversiones que el país necesita se materialicen".