De la Espriella tendrá que afrontar un déficit de 6,4% y un ajuste de $70 billones
viernes, 7 de agosto de 2026
La meta es llevar el déficit a 4,8% del PIB durante los primeros 360 días y ubicarlo por debajo de 3,5% en 2030
Síganos y léanos en Google Discover
El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia su periodo con una agenda que plantea cambios en materia fiscal, energética, regulatoria y de relaciones internacionales.
Sin embargo, un informe de FTI Consulting señala que el principal desafío estará en la capacidad para convertir los anuncios de campaña en decisiones concretas, en medio de restricciones fiscales y políticas.
Este documento, el cual analiza las perspectivas de Colombia entre 2026 y 2030, plantea que la nueva administración recibe unas finanzas públicas deterioradas. El déficit fiscal cerró 2025 cerca de 6,4% del PIB y los intereses de la deuda representan alrededor de 37% del recaudo tributario.
Frente a este escenario, el gobierno plantea un ajuste cercano a $70 billones y una reducción de aproximadamente 25% del gasto estatal hacia el final del cuatrienio. La meta es llevar el déficit a 4,8% del PIB durante los primeros 360 días y ubicarlo por debajo de 3,5% en 2030.
FTI Consulting señaló que parte del ajuste estaría sustentado en eficiencia y austeridad del Estado, con medidas como la reducción de nómina paralela, la venta de activos improductivos y un ahorro estructural cercano a 3,1% del PIB.
A esto se sumarían mayores ingresos derivados de la lucha contra la evasión, el contrabando y la revisión de exenciones tributarias.
Además, el sector energético también aparece entre las prioridades. La administración busca reactivar contratos de exploración y producción, incluidos proyectos no convencionales, costa afuera y el redesarrollo de campos ya descubiertos, con el objetivo de duplicar la producción petrolera y recuperar la autosuficiencia energética.
Por su parte, en el frente financiero, la agenda contempla mantener la independencia del Banco de la República y la regla fiscal, al tiempo que busca impulsar blockchain en la contratación pública, inteligencia artificial en la Dian y una mayor apertura para las fintech y los activos virtuales.
En infraestructura, el gobierno plantea impulsar vías terciarias, la altillanura, la expansión portuaria y la conectividad digital rural. También aparecen oportunidades en corredores 5G y logística, aunque el informe mantiene la atención sobre la incertidumbre jurídica alrededor de proyectos con financiación internacional.
En salud, la administración propone auditorías forenses al sistema y límites al gasto de gestión de las aseguradoras. En pensiones, busca fortalecer el papel de las AFP y blindar constitucionalmente los fondos privados, mientras la reforma pensional de 2024 continúa pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional.