Debilitar la explotación de petróleo y gas le costaría a la Nación cerca de $13 billones

A pocas semanas de que los colombianos vayan a las urnas para decidir el futuro político y económico del país, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) hizo un análisis sobre los posibles escenarios de las políticas en materia de hidrocarburos del próximo presidente de Colombia.

La ACP asegura, con base en los datos sobre las reservas energéticas, que en el país enfrentará dos posibles escenarios: el sostenimiento de la exploración y producción (E&P) de petróleo y gas (futuro A), mientras que el otro camino sería el debilitamiento de la E&P (futuro B).

Francisco Lloreda, presidente de ACP aseguró que el fortalecimiento de la industria del próximo gobierno será sinónimo de nuevos contratos de producción y exploración, de proyectos en tierra firme y costa afuera.

“Este escenario contempla que Colombia tenga demanda interna y excedentes para exportar, además de contar el desarrollo comercial de los yacimientos no convencionales en la medida en que los pilotos de fracking así lo indiquen”, dijo.

En cuanto al segundo escenario propuesto, un debilitamiento de la industria extractiva generará una reducción de la producción de petróleo en 47% y 27% de gas durante los próximos cinco años.

“Tendríamos que empezar a importar gas desde 2026 y los sobrecostos de importación generarían un aumento en la tarifa de los hogares, lo cual sería un retroceso, pues tenemos el reto de corregir un millón de hogares que aún utilizan leña”, destacó Lloreda. Según estimaciones de ACP, la importación anticipada de gas generaría que el costo del servicio aumente cinco veces en los hogares.

En materia de cifras, los ingresos fiscales para el país en el próximo cuatrienio alcanzarían 105$ billones en el futuro A; mientras que en un escenario B, la Nación dejaría de percibir $13 billones al recibir solo $92 billones durante los próximos cuatro años. Entre la pérdida de aportes fiscales también habría ausencia de $5 billones por regalías a las regiones en los próximos cuatro años y un déficit de $27 billones hasta el año 2033. “Este sector es la cuarta parte de las finanzas y recursos que reciben el Gobierno Nacional y las regiones. En el próximo cuatrienio perdería $13 billones, 40% de lo que el Gobierno desembolsa para los programas solidarios”, destacó Alexandra Hernández Saravia, vicepresidente de asuntos económicos y regulatorios de ACP.

Desde el punto de vista de la balanza comercial, la experta aseguró que el país corre el riesgo de perder soberanía energética en el escenario B, por cuanto empezaría una importación de gas y petróleo.

“Cuando un país debe gastar más dólares para sus energéticos, impacta la economía más allá del recibo del gas y el costo de los hogares. Hay un tema macroeconómico: el sector sostiene el dólar, el costo de los alimentos, insumos y tarjetas de crédito”, dijo Hernández.

En materia de inversión, las estimaciones de ACP arrojan que en un futuro de políticas favorables para la E&P de petróleo, habrá $84 billones para continuar con el desarrollo del sector. En un futuro B, de movimientos que entorpezcan el camino de la E&P de hidrocarburos, Colombia dejaría de percibir $21 billones en inversión en el próximo cuatrienio y $73 billones de aquí a 10 años.

Un punto importante destacado por Lloreda es “la nueva realidad energética a nivel mundial”, que debe ser entendida por Colombia para tener autosuficiencia. El directivo asegura que la guerra entre Ucrania y Rusia desveló la necesidad de contar con recursos propios para no depender energéticamente de otros países.

“Colombia tiene petróleo y gas, no somos grandes productores, pero hay recursos importantes. El contexto europeo nos ha enseñado a no depender energéticamente de otros países”, agregó. Asimismo, aseguró que los compromisos ambientales y la transición energética no van en contravía de la industria extractivista, sino que se trata de un aliado.