Decisión del Consejo de Estado sobre normativa de fracking, no podría frenar pilotos

La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado discutió ayer la ponencia del magistrado Ramiro Pazos que fue radicada hace poco más de dos semanas como conclusión del proceso de la demanda contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los parámetros técnicos para la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales con fracturación hidráulica, o fracking. La discusión continuará el próximo 18 de marzo.

La etapa probatoria terminó el año pasado cuando seis de los escritos de conclusión pidieron mantener las normas como están, mientras que 12 más, entre ellas, la Procuraduría General de la Nación, abogaron por su anulación. Ahora, la expectativa está puesta sobre la ponencia, que podría resultar en tres escenarios.

El primer escenario es el de la nulidad total, que no implicaría que se cierren las puertas a la práctica de esta técnica sino que, por el contrario, obligaría al Gobierno Nacional a emitir una nueva normativa.

Para el abogado Freddy Navarrete, hay que tener en cuenta un tema procesal probatorio, teniendo de precedente que ningún interviniente presentó pruebas de una afectación porque se trata de teorías científicas que podrían cambiar en el tiempo. “Lo más probable es que se declare una nulidad simple, aunque el Gobierno tendría la posibilidad jurídica después de una sentencia para regular esa técnica y generar una normativa diferente y continuar con la ejecución de los proyectos”, indicó.

En segundo lugar, está la posibilidad de la vía libre a la normativa. Según Julio César Vera, presidente de Xua Energy, lo que seguiría es desarrollar el proceso de licenciamiento ambiental e iniciar perforación hacia finales de este año. Entre 2022 y 2023, se tendrían los resultados de las pruebas piloto, teniendo en cuenta que ya habría un retraso adicional de seis meses a un año de los nuevos pilotos de fracking.

“Más o menos hacia mediados de 2024 tendríamos una evaluación definitiva de los pilotos de fracking y a la mitad 2025 empezaría la parte comercial de los yacimientos no convencionales”, puntualizó Vera.

El tercer escenario sería el de una decisión parcial en la que el Gobierno deba implementar modificaciones a la reglamentación actual sin declarar nulidad. Según los actores del sector, esta sería la decisión más afín y que podría resultar en mayoría luego de la ponencia. Sobre el proceso ya en noviembre de 2018 el Consejo de Estado había decretado como medida cautelar la suspensión provisional de las normas al considerar que “no cumplen con el enfoque precautorio y la obligación general de debida diligencia que impone tomar todas las medidas apropiadas para prevenir los daños potenciales o riesgos que puedan resultar de las actividades asociadas al fracking”.

Estos pilotos se están adelantando por la ANH para analizar en varias zonas estos riesgos, que serán supervisados y, de hecho, el pasado 3 de febrero, la ANH publicó la lista de las empresas habilitadas para presentar propuestas, en las que están la argentina Tecpetrol, Ecopetrol, ExxonMobil y Drummond.

Paralelamente, se estará dando la decisión del Consejo de Estado que puede definir la normatividad o no, aunque aún no se define una mayoría.