Defensor del Pueblo asegura que 47% de las tutelas son relacionadas con la salud

Ad portas del debate a la reforma, ayer se llevó a cabo el primer foro jurídico del sector salud en donde se planteó el marco legal que se desarrollará sobre el nuevo modelo de atención. En la discusión, se destacaron las funciones de las acciones de tutela y de la Corte para la estructuración de soluciones reales.

El encuentro se centró en el que debería ser el marco legal que defina y garantice un sistema nacional de salud digno, equitativo y justo para garantizar la vida, por lo que se hicieron reparos en cuanto al sistema de salud actual. “No podemos entender el sistema de salud que tenemos desarrollado en Colombia si consustancialmente no hemos entendido el papel que ha ejercido la Corte Constitucional y el mecanismo de la Tutela. La Corte ha sido uno de los dirigibles para ubicar el derecho a la salud en el país”, dice John Marulanda, académico.

Entre tanto, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió a dos cifras claves que revelan la vulneración del derecho a la salud, tomando como fuente de información la Dirección de atención, trámites y quejas de la Defensoría: “1) el 47% de las quejas que recibimos están relacionadas con un alto riesgo o vulneración al derecho fundamental a la salud y 2) el derecho fundamental a la salud es el segundo derecho más vulnerado”.

Sobre esto, directivos y actores del sector han asegurado que el sistema de salud actual en Colombia es uno de los mejores en la región. De hecho, según cifras del ministerio, las tutelas en salud cayeron 75% en últimos 6 años en relación con servicios prestados.

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, explicó que actualmente el derecho a la salud depende de la capacidad de la billetera y que el sistema de salud no ha sido eficiente en la asignación y menos en la distribución de los recursos,

"Al pasar el gasto social por el tamiz del mercado vuelve y se concentra, ese dinero que era para atender a la población pobre, vuelve y se concentra en unos que ganan más en ese mercado. Y realmente se pierde el efecto distributivo de las políticas sociales para lograr mayor cohesión", argumentó.

Además, centró la discusión en lo que será para medidas que, según expertos y gremios, podrían "desincentivar la competencia y la calidad entre privados". “El problema es que la sociedad y el Estado no pueden dejar que el mercado libremente decida sobre todos los problemas sociales. Se necesita una relación adecuada, una capacidad del Estado para proteger a la población más pobre porque el mercado no va a proteger la población más necesitada”, y concluye: "Si el Estado no regula el mercado nos vamos a fregar todos, salvo que tengamos una billetera muy grande”.