Demandar el Presupuesto paralizaría la administración pública y salarios a funcionarios

El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó al Ministerio de Hacienda demandar el Presupuesto General de la Nación aprobado por decreto en 2024, tras el hundimiento del proyecto de ley de financiamiento que buscaba recaudar $12 billones.

Según el mandatario, el presupuesto actual beneficia a los sectores más privilegiados y no a los más vulnerables, por lo que considera que su contenido es inconstitucional. De ser admitida la demanda y si la Corte falla en ese sentido, el impacto sería rotundo: se paralizarían múltiples actividades estatales, según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

El centro académico advirtió que demandar un presupuesto ya en ejecución no tiene precedentes. Si la Corte lo declara inconstitucional, se detendría la operación del Estado, incluyendo la inversión social, el funcionamiento administrativo y el pago de salarios a funcionarios públicos.

Paradójicamente, este anuncio ocurre en el mismo contexto en que el propio Ministerio de Hacienda formalizó el reajuste salarial para empleados públicos, con efecto retroactivo desde el 1º de enero de 2025, a través del Decreto 0612 de 2025, firmado por varios altos funcionarios del Gobierno Nacional.

El Observatorio también alertó que los intentos del Ejecutivo de tramitar una consulta popular por decreto constituyen un rechazo al Congreso y un "desafío directo" al equilibrio de poderes. Sostienen que se está vulnerando el poder legislativo y judicial en decisiones clave como el presupuesto y las reformas estructurales del Estado (mercado laboral).

Esta tensión institucional, según el centro académico, podría generar graves consecuencias económicas, entre ellas:

• Un aumento en el riesgo país.
• Devaluación de la moneda.
• Fuga de capitales.
• Reducción en la inversión extranjera directa.
• Pérdida de confianza por parte de inversionistas y ciudadanos.