Después del primer debate, el pasivo pensional con reforma subiría a 170,3% del PIB

A menos de 10 días de que inicie la legislatura en el Congreso y que, entonces, se reinicien las discusiones de las reformas del Gobierno, Anif alertó por los cambios en el proyecto pensional después del primer debate, pues con lo aprobado, el valor presente neto del pasivo pensional a 2100 subiría a 170,3% del PIB.

En concreto, la Comisión VII del Senado aprobó disminuir las semanas cotizadas para entrar en el régimen de transición, pasando de 1.000 en el texto originalmente radicado, a un mínimo de 750 para las mujeres y 900 para los hombres. También se aprobó que las personas que cumplan esos mismos requisitos y les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán dos años para trasladarse de régimen.

Los cálculos de Anif apuntan a que el costo fiscal de esta nueva transición asciende a -20,1% del PIB, cuando en el primer documento era de -6,1% del PIB. “Esto es 3,3 veces mayor que el costo anterior y supone una fuerte presión fiscal para el Gobierno”, dijo Mauricio Santa María, presidente de Anif.

Tomando en cuenta esos cambios, la Asociación estima que el valor presente neto del pasivo pensional a 2100 sería de 170,3% del PIB. Lo anterior significa un aumento en 22,2 puntos porcentuales en relación con el anterior escenario del Gobierno.

Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señaló que “entre más gente tenga la posibilidad de quedarse en el antiguo régimen, mayores subsidios van a recibir y mayor será el costo fiscal para el país”.

Agregó que “en el Observatorio Fiscal queremos insistir en que no solamente haya un requisito de al menos 1.000 semanas para poder disfrutar del régimen de transición, sino que, además, se esté a menos de 10 años de alcanzar la edad de pensión, de otra forma, mucha gente relativamente joven va a entrar en el régimen de transición y recibir unos subsidios muy generosos”.

En esa misma línea, David Cubides, director de investigaciones económicas en Alianza, dijo que “el hecho de que se cambien las reglas, por lo menos en la propuesta, para que se puedan mover más personas con menos semanas durante el régimen de transición, en principio genera unos mayores recursos para Colpensiones, pero en el mediano plazo son más personas que se van a quedar con estas condiciones actuales, que reciben un subsidio, y que tienen al final una pensión más alta”.

Pero el análisis de Anif no termina ahí, sino que también tiene en cuenta la reciente decisión de la Corte Constitucional, en la que se declaró inexequible el requisito actual en el que las mujeres deben contar con mínimo 1.300 semanas de cotización para poder pensionarse.

La Corte, entonces, exigió al Congreso que establezca un régimen con el que se garanticen condiciones de equidad en el acceso a pensión para hombres y mujeres. El régimen aplicará desde 2026, pero si para ese año no se ha adoptado, el requisito de semanas en el Régimen de Prima Media empezará a disminuir gradualmente año a año, hasta llegar a 1.000 semanas como requisito mínimo para que las mujeres puedan acceder a una pensión.

Esta decisión también tiene un impacto sobre el pasivo pensional. “Como resultado de las nuevas presiones de gasto mencionadas anteriormente, y realizando los cálculos bajo un escenario en donde entre en vigor la reforma que hoy se tramita con el umbral de tres salarios mínimos en su pilar contributivo, se genera un aumento adicional en el pasivo de 47,5% del PIB de 2023”, dijo Anif.

Así, con los cambios en la propuesta de reforma y la decisión de la Corte Constitucional, Anif calcula que el valor presente neto del pasivo pensional a 2100 sería de 217,8% del PIB.

A eso hay que agregar que “el reducir el número de semanas de cotización estaría generando que el ahorro que realicen las mujeres durante su vida productiva sea menor”.

Lo que dice el Carf sobre las reformas

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) señaló que el Gobierno no incluyó en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) qué pasaría de aprobarse los proyectos pensional y de salud, que en el corto plazo tendrían un gasto anual superior a 0,7% del PIB. “Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales”, dijo el Comité.