Se instaló la Mesa Técnica de reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara

El 13 de septiembre, el Gobierno Nacional radicó la reforma a la salud. El proyecto irá como ley ordinaria, y necesitará cuatro debates para que sea aprobado como ley. El 30 de septiembre, la iniciativa comenzó su camino en el legislativo, y el primero de octubre se instaló la mesa técnica en la Comisión Séptima.

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, señaló que la reforma es conveniente y que debe haber un espacio para el consenso. Andrés Forero, representante por el Centro Democrático, apuntó que la discusión no se ha dado en pleno consenso y que el proyecto llegó al Congreso sin acuerdos previos.

El Ministerio de Hacienda señaló que el impacto fiscal de la iniciativa es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La entidad recalcó que la financiación del sistema es sostenible en la medida en que las obligaciones sean cubiertas en 2024, según la priorización del Ministerio de Salud.

Sin embargo, a pesar de tener el aval fiscal del MinHacienda, surgieron dudas sobre el proyecto, ya que se condiciona a que el sistema debe estar a paz y salvo a final de año. También, está el punto de la administración de los recursos por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud, Adres, uno de los temas clave en materia de financiamiento.

Aunque el proyecto en materia de salud se hundió a comienzos de abril en la Comisión Séptima, el Gobierno busca sacar de la gaveta la reforma y al igual que la pensional, sacarla adelante. Lo anterior se da en un complejo panorama en el que están las EPS, cabe recordar que Sura y Sanitas están intervenidas; mientras que Compensar pidió la liquidación a la Superintendencia de Salud.

El proyecto estipuló 112 subregiones, al interior de 10 regiones, con la finalidad de implementar políticas públicas de acuerdo a las necesidades de la atención en salud; lo anterior se haría gracias a la identificación del flujo de personas y así, “ordenar los servicios y sus instituciones prestadoras, así como del sistema de aseguramiento social”, señaló el documento. La propuesta integró la creación de una instancia para la planeación y la evaluación del sistema.

A la vez, sostuvo que debe haber un sistema público de información en salud que integre información individual y poblacional en salud. En formalización, propuso que trabajadores en instituciones privadas o mixtas deben estar vinculados con un contrato laboral y esto estará vigilado por la Superintendencia de Salud.

“El proyecto de reforma mantiene la estructura que se había planteado sobre las Gestoras de Salud, como entidades que van a realizar una colaboración en la organización de los centros de atención primaria. Se van a organizar en subregiones funcionales para la gestión. Lo positivo es que ahora se brinda claridad sobre quién va a realizar la gestión del riesgo”, afirmó Jesús González, presidente del Colegio de abogados en Derecho Médico.