Ecopetrol confirmó acciones legales por IVA de 19% a importaciones de combustibles

Ecopetrol volvió a referirse a la disputa que sostiene con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en relación con el cobro del IVA de 19% a las importaciones de combustible entre 2022 y 2024, y confirmó que fue notificada sobre la confirmación de la sanción que asciende a $5,3 billones más intereses moratorios.

"La Dian, en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente, notificó a Ecopetrol S.A de la Resolución 000571, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Liquidación Oficial de Corrección 6224-2078 del 25 de agosto de 2025, en relación con el Impuesto Sobre las Ventas (IVA) sobre la importación de gasolina y una sanción, que en conjunto ascienden a $5.3 billones, más intereses moratorios, para el período comprendido entre 2022 y 2024", se lee en el comunicado.

Ecopetrol también aseguró que mantiene las diferencias de interpretación normativa con la Dian y, en razón de eso, adelantará las acciones legales pertinentes a las que haya lugar "de conformidad con las normas vigentes en materia tributaria y aduanera en defensa de su posición".

La petrolera señaló que esta controversia se ha mantenido bajo términos colaborativos entre la compañía y la autoridad tributaria y ratificó su compromiso por cumplir a cabalidad todas las obligaciones aduaneras. Además, afirmó que respetará las decisiones que se resuelvan en las instancias judiciales siguientes.

Antecedentes

A inicios de mayo, la USO reveló que la Dian le estaba cobrando un pago inicial de $9,4 billones a Ecopetrol por concepto de IVA fijado en 19% por la gasolina que importa. De los cuales, según explicó, $6,1 billones corresponden a Ecopetrol, $1 billón por la refinería Cartagena y $2,3 billones por intereses de mora.

La USO indicó que el interés de la autoridad tributaria era incrementar el cobro a $21 billones extendiendo la medida a las importaciones de ACPM. "Esos cobros representan para Ecopetrol asumir una reforma tributaria individual, comprometen su estabilidad financiera, y ponen en riesgo de quiebra la empresa más importante de los colombianos”, denunció en su momento, Cesar Loza, expresidente de la USO.

Loza también acusó a la Dian de incautar la caja de la petrolera por medio de medidas emitidas para 'cuadrar' las cuentas fiscales del país, en vida de la falta de recaudo de recursos durante 2024. Por estas razones, la USO pidió a la Dian que reconsiderara su decisión, pues representaba un riesgo para Ecopetrol imponer un IVA 'discriminatorio'.

Aunque no han determinado desde cuándo comenzó a regir esta medida, se señaló que el monto que en este momento la Dian le cobra a Ecopetrol corresponde al retroactivo, ya que, aparentemente, la estatal no ha cancelado con puntualidad el impuesto.

La USO sobre que el monto que tiene que pagar Ecopetrol equivale a una reforma tributaria y, aunque el rubro corresponde con retroactivos de 2022, 2023, 2024 y 2025, indicó que es una medida muy agresiva para la estatal.

Los desacuerdos entre Ecopetrol y Dian

Desde que se conoció la información sobre la deuda que Ecopetrol tiene con la Dian por el impuesto de IVA de 19%, la estatal anunció que acudiría a acciones legales para que se defina una interpretación precisa de la norma tributaria. En su comunicado, la compañía explicó que la disputa parte principalmente de que la autoridad tributaria asegura que el cobro debe efectuarse sobre el valor declarado en aduanas, lo que motivó los requerimientos fiscales millonarios.

Al respecto, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, precisó que "es difícil cuando uno venía pagando un impuesto de 5% y luego te dicen que será de 19% desde 2022" y aseguró que llevarían el caso al plano legal por la no procedencia de la retroactividad.

Pese a que el caso no se ha resuelto, Ecopetrol y su filial comenzó a pagar el impuesto sobre las importaciones de Acpm y Gasolina conforme a lo dispuesto con la Dian. Según estimaciones, para 2025, el valor estimado que tuvo pagar el grupo empresarial por este concepto superó $3,6 billones, los cuales podrían ser recuperados en caso de que las autoridades judiciales ordenen la devolución del dinero.