El dramático caso de Colpensiones

El país viene debatiendo nuevamente el tema del régimen pensional público, azuzado por el descalabro fiscal que éste ha ocasionado en Europa.

Desde los debates relacionados con la Ley 100 de 1993 es bien sabido que la evolución demográfica causa la necesidad de estar continuamente ajustando la edad de pensión, la llamada tasa de reemplazo (= Beneficios/Aportes) y evaluando la incidencia de la elevada informalidad laboral sobre el fisco.

A pesar de los ajustes de la Ley 797 y 860 de 2003, el régimen público continúa arrojando faltantes pensionales, especialmente por los mayores tiempos de disfrute de la pensión (elevándose ahora de los 20 hacia los 25 años al extenderse la expectativa de vida de los colombianos).

De no realizarse toda una serie de urgentes ajustes, el Valor Presente Neto (VPN) del pasivo pensional público se estaría elevando pronto hacia el 140% del PIB.

Además de los temas regulatorios, están los desafíos administrativos del régimen público. Cabe recordar que, en 2007 se logró crear Colpensiones, tras escindir el componente pensional del de la salud, antes concentrado en uno de los peores focos de corrupción y desidia administrativa del país: el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Colpensiones está en el proceso de recibir la historia actuarial de unos 6 millones de afiliados, 2 millones de cotizantes y 1 millón de pensionados. Además, debe asumir la responsabilidad de: i) girar $1.2 billones/mes a dichos pensionados; ii) estudiar y aprobar el reconocimiento pensional de unos 120.000 casos/año; y iii) manejar 340.000-500.000 solicitudes de información semestralmente.

Ya es de conocimiento público que Colpensiones la 'tendrá difícil' por cuenta de serios problemas estructurales, incluyendo: i) su rudimentario sistema de información; ii) los elevados riesgos operacionales; y iii) los serios problemas administrativos que conlleva, por lo general toda entidad pública, donde la preocupación por incrementar la productividad constituye la excepción y no la regla. A pesar de que hoy se cuenta con una dirección idónea y experimentada, podrá más la histórica gavilla política que los deseos del 'buen gobierno'.

Por lo que sabemos, Colpensiones deberá administrar 60 bases de datos que parecen 'no hablarse bien' entre ellas; son 13 millones de expedientes; 1.2 millones se encuentran en trámite; 900.000 pensiones aguardan su 'dictamen'; y muchas personas llevan entre 2 y 5 años esperando una solución a sus casos.

Por ello, sólo en el año 2010, hubo unos 200.000 derechos de petición y 96.000 tutelas para intentar agilizar dichos trámites. Actualmente existen cerca de 84.000 procesos judiciales-pensionales, donde el 'enemigo' parece estar entronizado en el antiguo-ISS, por lo cual existen actualmente 16.000 investigaciones internas por faltas disciplinarias.

La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo 7.000 investigaciones internas/año sobre este asunto, ¿Cuánto tiempo le tomará revisar este maremagnum? Parecería que corriera en Colombia el año 1992 en materia de desidia administrativapensional y no el año 2012, ¿Qué hemos aprendido en estos últimos 20 años? ¿Por qué insistimos en un régimen público que no funciona en lo administrativo y que abre, día a día, un boquete fiscal?

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha venido proponiendo de tiempo atrás soluciones de fondo, tecnocráticas (no populistas), que implican: i) cierre del régimen público para nuevos cotizantes; ii) reducción de las tasas de reemplazo de niveles del 65%-80% al 45%-50%, eliminando los subsidios remanentes; e iii) incremento de la edad de pensión de 60/62 a 62/65 (Mujeres/Hombres).

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