El Gobierno busca destrabar proyectos con cambios a las licencias ambientales

El Gobierno Nacional puso a consideración de la ciudadanía un borrador de decreto que busca modificar el procedimiento para obtener licencias ambientales en Colombia y permitir que su evaluación avance de manera paralela a las consultas previas con comunidades étnicas.

La iniciativa pretende reducir los tiempos de trámite de grandes proyectos de infraestructura, energía, minería e hidrocarburos, aunque establece que ninguna licencia podrá otorgarse o negarse hasta que se determine si procede la consulta previa y, cuando corresponda, se haya agotado ese proceso.

El documento, de 10 páginas, fue publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para recibir comentarios y plantea cambios al Decreto 1076 de 2015, que compila buena parte de la normativa ambiental del país. La propuesta modifica la secuencia de los procedimientos que deben adelantar las empresas interesadas en desarrollar obras que requieren autorización ambiental y que, además, pueden tener efectos sobre territorios habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos.

La iniciativa busca que las autoridades ambientales puedan comenzar a revisar los proyectos sin tener que esperar a que finalice la consulta previa. Sin embargo, el texto mantiene una condición central: el avance simultáneo de los trámites no elimina la obligación de realizar la consulta ni permite tomar una decisión definitiva sobre la licencia mientras ese procedimiento esté pendiente.

Cómo funciona actualmente el trámite de las licencias ambientales
Hasta ahora, una empresa interesada en construir una carretera, instalar una hidroeléctrica o desarrollar un parque solar, entre otros proyectos sujetos a licenciamiento, debe presentar su solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) o la corporación autónoma regional competente, según el caso.

Dentro del procedimiento interviene la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (Dancp), dependencia del Ministerio del Interior encargada de determinar si una iniciativa debe someterse a consulta previa por la posible afectación de comunidades étnicas.

Este mecanismo busca establecer un diálogo intercultural entre los responsables de los proyectos y las comunidades que podrían verse afectadas por su ejecución. Su propósito no se limita a examinar las consecuencias ambientales de una obra, sino que también contempla sus posibles impactos sociales, territoriales y culturales.

En el procedimiento vigente, la autoridad ambiental debe esperar a que la Dancp determine si procede la consulta previa. Cuando se establece que sí es necesaria, el avance del trámite de la licencia queda condicionado a la culminación de ese proceso.

En la práctica, esto significa que la evaluación ambiental puede permanecer detenida mientras se define la procedencia de la consulta o se adelantan las conversaciones con las comunidades. El tiempo que toma esa etapa termina incidiendo en el cronograma general de los proyectos, pues los estudios y las actuaciones administrativas no pueden avanzar con la misma continuidad.

Precisamente, ese es uno de los aspectos que el Gobierno busca modificar mediante el borrador de decreto: permitir que las autoridades ambientales comiencen a evaluar las solicitudes mientras se desarrolla, de forma independiente, el procedimiento de consulta previa.

Qué cambiaría con el borrador de decreto
La propuesta introduce varias modificaciones al procedimiento. Una de ellas consiste en eliminar el requisito de presentar un certificado sobre la presencia de comunidades étnicas en el área de influencia de un proyecto para iniciar el trámite de la licencia ambiental.

Ese documento dejó de ser expedido por la Dancp desde 2019. En su lugar, esta dependencia determina actualmente si corresponde adelantar una consulta previa. Con el cambio propuesto, el procedimiento se ajustaría a ese funcionamiento y se suprimiría una exigencia documental que ya no se utiliza en la práctica.

La modificación más relevante, sin embargo, está relacionada con la posibilidad de adelantar simultáneamente la evaluación ambiental y la consulta previa.

De acuerdo con el borrador, la Anla o la corporación autónoma regional correspondiente podrían comenzar el estudio de una solicitud sin esperar a que la Dancp se pronuncie sobre la procedencia de la consulta o a que esta termine, cuando sea obligatoria.

Durante ese periodo, la autoridad ambiental estaría facultada para iniciar el trámite administrativo, visitar el área del proyecto, solicitar información adicional y pedir conceptos a otras entidades. De esta manera, parte de las actuaciones técnicas y administrativas podría desarrollarse mientras se resuelven los asuntos relacionados con las comunidades.

No obstante, el documento establece un límite para esa simultaneidad. La autoridad ambiental no podrá otorgar ni negar la licencia hasta que la Dancp determine si procede la consulta previa y, en caso afirmativo, declare agotado el proceso.

Si la evaluación ambiental concluye antes de que termine la consulta, el plazo para adoptar la decisión sobre la licencia quedará suspendido hasta que se cumplan las condiciones establecidas. En otras palabras, la consulta previa dejaría de bloquear el inicio y el desarrollo de la evaluación, pero seguiría siendo un requisito para resolver la solicitud.

La distinción es importante porque el cambio no supone eliminar la consulta ni reemplazarla por un procedimiento ambiental. Lo que propone el Ministerio es modificar el orden en que se adelantan las actuaciones para evitar que las autoridades tengan que esperar a que una etapa concluya antes de comenzar la siguiente.

El planteamiento no surgió por primera vez con la publicación del documento. A comienzos de septiembre, el vocero oficial del Gobierno, Miller Soto, había anticipado que se trabajaba en un esquema para permitir que la consulta previa y el licenciamiento ambiental avanzaran de manera paralela.

En ese momento, Soto explicó que la iniciativa buscaba que ambos procedimientos pudieran desarrollarse de forma autónoma, con reglas más claras para evitar que la consulta previa se convirtiera en un obstáculo para el trámite de las licencias ambientales.

El borrador publicado por el Ministerio de Ambiente desarrolla esa propuesta y precisa cuáles serían las actuaciones que podrían adelantarse durante la consulta, así como las condiciones que deben cumplirse antes de que la autoridad ambiental adopte una decisión definitiva.

En el debate público sobre la iniciativa, el Gobierno ha defendido que la modificación permitiría disminuir los tiempos de gestión de los proyectos sin reducir las exigencias de los estudios ambientales ni eliminar los derechos de participación de las comunidades.

Los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, han presentado el cambio como una medida orientada a mejorar la eficiencia administrativa y reducir los retrasos que afectan a proyectos estratégicos para el país.

Lara sostuvo que el nuevo esquema podría permitir que un proyecto ahorre hasta dos años de trámite, al darles a las empresas la posibilidad de iniciar la gestión de la licencia ambiental mientras se desarrolla la concertación con las comunidades.

El ministro señaló que, bajo el procedimiento anterior, las empresas debían esperar durante largos periodos a que concluyeran las consultas antes de avanzar en la gestión ambiental. En sus declaraciones, también cuestionó las demoras y afirmó que en esos procesos había situaciones de extorsión.

“Hoy, mientras se tramita la consulta previa, se puede iniciar inmediatamente la ambiental”, afirmó el funcionario. A continuación, defendió la continuidad del mecanismo de participación de las comunidades y sostuvo: “La consulta previa se respeta. El tiempo perdido y el represamiento, no”.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ha insistido en que el objetivo es agilizar los procedimientos y mejorar su eficiencia sin disminuir los estándares técnicos de la evaluación ambiental.

El funcionario sostuvo que el esquema propuesto no busca reducir la calidad de los estudios ni flexibilizar las condiciones ambientales exigidas para los proyectos, sino permitir que las actuaciones administrativas se desarrollen con mayor continuidad.

Según Arjona, la medida permitiría acortar los tiempos y hacer más costo-efectivo el proceso de licenciamiento en Colombia, al evitar que todas las actividades deban esperar a que concluya la consulta previa para poder comenzar.

Estas afirmaciones corresponden a los argumentos expuestos por el Gobierno para justificar la iniciativa. Su alcance definitivo dependerá del contenido de la norma que eventualmente se expida y de la manera en que se aplique el procedimiento.

Uno de los sectores en los que el cambio podría tener efectos es el energético, especialmente en iniciativas que deben adelantar múltiples consultas previas antes de completar sus procesos de licenciamiento.

Entre los casos mencionados por el Gobierno está el proyecto Sirius, considerado uno de los hallazgos de gas más importantes de Colombia. La iniciativa busca desarrollar los recursos encontrados en el mar Caribe y requiere avanzar en la infraestructura necesaria para transportar el gas natural hacia el territorio continental.

Al referirse a este proyecto, el ministro del Interior señaló que ya no sería necesario esperar a que finalice la consulta previa para comenzar el trámite ambiental. Lara afirmó que Sirius podría iniciar inmediatamente la gestión de su licencia, sin tener que aguardar hasta enero o febrero, como planteó al explicar los efectos que tendría el nuevo esquema.

La iniciativa mantiene pendientes aproximadamente 120 consultas previas relacionadas con la construcción del gasoducto que permitiría transportar el gas natural desde el fondo del mar Caribe colombiano. Si el decreto entra en vigor en los términos propuestos, el proceso de licenciamiento podría avanzar en paralelo mientras se completan esas consultas.

Otro de los proyectos que podría beneficiarse es la línea de transmisión eléctrica Colectora, una infraestructura estratégica para transportar energía desde La Guajira hacia el sistema eléctrico nacional. La iniciativa ha enfrentado dificultades relacionadas con los procedimientos y las consultas que deben adelantarse en los territorios de influencia.

También están los parques eólicos de La Guajira, además de proyectos de infraestructura vial y del sector de hidrocarburos en distintas regiones del país. Según el planteamiento del Gobierno, la posibilidad de tramitar simultáneamente la evaluación ambiental y la consulta previa permitiría reorganizar los cronogramas de esas obras y evitar que una etapa administrativa tenga que esperar necesariamente a que termine la otra.

El alcance real de los beneficios dependerá de las características de cada proyecto, de las actuaciones que puedan adelantarse en cada caso y del tiempo que requieran las consultas previas. La modificación tampoco suprime las demás obligaciones ambientales que deben cumplir las empresas para obtener una licencia.

Además de la modificación del procedimiento ambiental, el Ministerio del Interior busca reducir el tiempo que toman las consultas previas. Según lo anunciado por el Gobierno, la meta es que estos procesos puedan desarrollarse en un periodo de seis meses.