"El Gobierno debe dar ejemplo, la austeridad en el gasto tiene que ser un compromiso"

En medio de la discusión sobre el nuevo articulado de la reforma tributaria, en Inside LR, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que en la propuesta no se incluirán impuestos que afecten a la clase media ni se tocará el IVA ni las pensiones.

Además, dijo que se buscará un ahorro de $1,8 billones en el gasto público y un recaudo de $2,7 billones a través de la lucha contra la evasión y la elusión, de la mano de la Dian.

¿Cuáles son los puntos de consenso a los que se ha llegado y que se incluirán en la nueva reforma tributaria?

Primero, alrededor de un propósito social, porque aquí no podemos ser indiferentes a la realidad de la juventud, que ha tenido sueños aplazados por mucho tiempo, por ejemplo en el ingreso al mercado laboral.

Un segundo elemento es que no podemos afectar a las personas de la clase media, a esas familias que han sufrido tanto como resultado de los cierres de la actividad productiva.

Lo tercero es que tenemos que acudir a esa expresión de los sectores más pudientes que levantaron la mano y dijeron ‘yo quiero ayudar en ese propósito social’.

Dentro de esos puntos de encuentro no se puede tocar el IVA, no se puede tocar a los pensionados. Tampoco podemos ampliar la base de personas naturales en el impuesto de renta ni afectar a la clase media.

Es otro punto de encuentro que este Gobierno tiene que dar ejemplo. La austeridad en el gasto público tiene que ser un compromiso. Por eso, por lo menos 20% de lo que recaudemos tiene que ser por la vía de la austeridad en el gasto.

También tiene que haber un compromiso en la batalla contra la evasión. Tenemos que luchar activamente y lograr que otro 20% de lo que necesitamos venga de esta lucha.

¿Esta será una reforma que busque ingresos permanentes?

Nosotros tenemos un compromiso también con los mercados internacionales, un compromiso de dar un mensaje de estabilidad en las finanzas públicas y un mensaje de que somos capaces, como lo hemos sido históricamente, de dar estabilidad a nuestra macroeconomía. En tal sentido, una propuesta de inversión social debe tener ingresos permanentes y también gastos temporales.

¿Ya está claro que esta tributaria buscará un monto de entre $12 y $14 billones?

Sí, yo he hablado de $14 billones. Digamos que el Comité de Regla Fiscal se refiere a 1% del PIB seguramente neto, yo estoy hablando del bruto, que más o menos serían $14 billones.

Digo la diferencia entre bruto y neto, porque en la mitad está el Sistema General de Participación. La propuesta de inversión social va a contribuir a que al municipio le vaya mejor, que tenga recursos para invertir en infraestructura, programas sociales, educación y cultura.

¿Presentarán el proyecto de reforma en esta legislatura?

Yo he dicho desde el primer momento que íbamos a hacer el máximo provecho de esta legislatura. La prioridad aquí es la construcción de consensos y, cuando el consenso lo permita, haremos la presentación correspondiente al Congreso de la República, sea en esta legislatura o el 20 de julio.

¿Cómo serán distribuidos los recursos para el gasto social y para atender la deuda?

Estamos hablando de que aproximadamente $7 billones tienen que ser para los programas sociales y otros $7 billones tienen que ir generando estabilidad en las finanzas públicas, pero va a haber años en donde buena parte del recurso va a ser dirigido al programa social.

¿Se presentará esta nueva reforma hasta cuando haya acuerdos con el comité del paro?

Más que incendiar o generar un polvorín social, una propuesta de inversión social es una respuesta activa con recursos, una respuesta generosa.
Parte de la construcción de consensos es encontrar el momento oportuno para poder presentar una iniciativa de inversión social como esta.

¿Qué medidas se han contemplado para reducir el gasto y luchar contra la evasión?

En materia de austeridad del gasto público, tenemos que hacer un esfuerzo que tiene que representar 20% de esta iniciativa, donde hay posibilidad de ahorro de casi $1,8 billones.

Tiene que tener varios temas en consideración. Por ejemplo, límites en los temas burocráticos, en masa salarial, restringir cambios en la planta de personal y optimizar el pago de horas extras.

En segundo lugar, hay que avanzar en la lucha contra la evasión, que tiene que ser del orden de $2,7 billones. Aquí estamos proponiendo temas como facturación de renta, detección de beneficiarios finales y georreferenciación en venta de activos.

¿Si no se llega a un consenso pronto, cómo se va a financiar Ingreso Solidario?

Si así fuere, hay que hacer el máximo esfuerzo con el DPS, buscando alguna fuente de recursos que nos permita sostener Ingreso Solidario. Yo creo que aquí hay una prioridad y es atender a los más vulnerables.

¿Cómo vio la decisión de S&P Global Ratings de bajar la calificación crediticia de Colombia?

Las calificadoras son como un termómetro de la realidad económica y hay que respetar ese análisis. Pero tienen que ser muy conscientes de que hemos vivido un contexto muy particular, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que ese contexto fue el de la pandemia.

La pérdida del grado de inversión no es una buena noticia, pero Colombia sigue en los mercados y en los últimos dos meses hemos recibido más de $9 billones de los inversionistas internacionales. Colombia es y seguirá siendo responsable con sus finanzas públicas y, por eso, estamos embarcados en esta ley de inversión social.

¿El próximo gobierno tendría que hacer una nueva reforma?

Lo que hemos dicho es que nuestra propuesta de inversión social será una que logre una estabilidad en el comportamiento de la deuda pública, que reduzca el déficit fiscal y que incluso tienda a la reducción en la deuda respecto al PIB. Seguramente más adelante tendrá que hacerse un esfuerzo, que no será sino menos de la tercera parte de lo que se está haciendo en este momento.

¿Se incluirá una meta de deuda en el Marco fiscal de Mediano Plazo?

Es una propuesta que tenemos que evaluar técnicamente, es interesante y va en la dirección de garantizar la estabilidad de las finanzas públicas. Me parece interesante también para enviar un mensaje de tranquilidad a los actores internacionales.

Con los niveles de déficit actuales, ¿Colombia podría volver a la regla fiscal en 2022?

La ley de inversión social tiene que tener un capítulo de regla fiscal que modifique esos resultados de déficit, uno también tiene que ser realista. Nosotros llegamos a un nivel de déficit fiscal del orden de 8,6% y ese 8,6% no se modifica de la noche a la mañana, ese es un trabajo gradual sobre el cual estamos embarcados para que la ley tenga una senda ordenada de recuperación del déficit fiscal.