El Gobierno estableció 'Pacto por la Justicia Tarifaria' para solucionar los incrementos

Con el reporte de inflación del Dane para agosto y el incremento en los servicios públicos, especialmente, en el rubro de energía, se prendieron las alarmas de consumidores y mandatarios regionales. Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía anunció que está trabajando en medidas para atender la problemática.

La Viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza, explicó que en el corto plazo se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa y en el mediano plazo construir "un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”.

El Gobierno destacó que se creará un Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que se resuelvan las inquietudes de mandatarios locales, departamentales, usuarios de energía y generadores de la cadena. A la par, la Creg, la Superservicios, el MinHacienda y el MinMinas revisarán la regulación de las tarifas para que sean más estables y asequibles para los ciudadanos. La medida estaría enfocada, principalmente, a la Costa Caribe, en donde el aumento de la tarifa fue mayor.

“Es responsabilidad de este Gobierno velar por una justicia tarifaria, en la que los usuarios pueden acceder a la energía a costos razonables. Además, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, en el cual las empresas hagan las respectivas inversiones con las cuales se comprometieron y así podamos mejorar la calidad de vida de todos los colombianos”, añadió la minMinas, Irene Vélez.

¿Cómo se determina la tarifa? esta depende de varios componentes en la cadena de valor: la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Además, hay un impacto de los índices IPC (Consumidor) e IPP (Productor) que afectan a los componentes de esta cadena. El MinMinas explica que hay oportunidad de acción inmediata en este rubro con regulación.

José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asocodis, indica que la tarifa de la energía que paga cada hogar se compone del costo de la prestación del servicio (costo unitario) multiplicado por el consumo; es decir, lo que le cuesta a la empresa generar la energía, más lo que consume cada hogar.

“En promedio se puede decir que el recibo que pagan los hogares colombianos se integra de componentes como el costo de generación de energía, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones en la producción y transporte de la energía eléctrica”, explicaron.

Allí, según Manzur, el peso de cada uno de ellos en el precio final es variado. Pues, mientras que la generación y la distribución representan cerca de 35% cada uno, la comercialización y las pérdidas lo hacen en 10% cada uno. La transmisión y las restricciones pueden llegar a estar ambas entre 5% y 10%.

“Los aumentos se han visto en todos los rubros, pero solo para dar un ejemplo, en enero la restricción (problemas en redes que dificultan o no permiten transportar la energía de un lado a otro) costaba entre $20 por kilovatio/hora y ahora está en $70”. Al respecto, el viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, y la ministra Vélez, se reunieron para tratar este tema de las electrificadoras.

Entre las razones que expusieron los gremios para soportar el aumento del precio está el mecanismo denominado como ‘opción tarifaria’, el cual se creó durante la pandemia con el fin de aplazar los incrementos significativos de las tarifas.

El motivo de la creación de dicho mecanismo, sostuvo Manzur, se debió a que el Gobierno prohibió el alza de tarifas durante la pandemia y por dicha razón no se pudieron nivelar los precios durante casi un año como se debió haber hecho. Ahora, en el escenario pospandemia, dicho incremento se ha venido realizando de manera sostenida (por mas tiempo) pero en cuotas mucho más pequeñas. Según se afirma en la carta de los gremios, solo sobre este mecanismo existirían saldos pendientes por cobrar que sumarían $4 billones.

Los insumos, también serían otro problema, el Índice de Precios al Productor ha tenido incrementos acumulados en 2022 de hasta 21,8%. Y esto desde ya enciende las alertas de las empresas generadoras.