Contraloría General alerta que congelar las tarifas de los peajes costará casi $1 billón

El viernes de la semana pasada, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo desde el Congreso de Analdex que este año no se volverán a tocar los precios de los peajes y que las tarifas se mantendrán iguales, al menos hasta el próximo año.

Ante este anuncio, la Contraloría General de la República advirtió este lunes que, de no hacerse el ajuste que falta de 4,64%, el Gobierno tendrá que pagar $1 billón por el congelamiento de los precios de los peajes.

“La Contraloría General de la República señala que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante de 4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la Agencia Nacional de Infraestructura con cargo al Presupuesto General de la Nación”, dijo el ente de control.

El Gobierno nacional ordenó el congelamiento de las tarifas de peajes por medio del Decreto 050 de 2023, por lo que los concesionarios no incrementaron los precios en 9,28% este año para ajustarse a la inflación del año pasado, como ordena la ley.

Por medio de una resolución, el Ministerio de Transporte autorizó en agosto un ajuste de la mitad, es decir, de 4,64%, pero quedó pendiente el incremento restante, que se esperaba para los últimos meses del año.

Sin embargo, el ministro Bonilla anunció la postergación de esta obligación para el próximo año. “Los precios de los peajes se están ajustando, este año ya no hay más ajustes”, dijo el titular de la cartera económica desde Barranquilla.

Esta decisión del Gobierno podría traer efectos en la confianza inversionista y en la seguridad jurídica, según explicó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, Juan Martín Caicedo.

“El déficit de los proyectos de concesión vial continuará creciendo, a pesar de que las obras han sido construidas y entregadas por los concesionarios al Estado, gracias a la financiación aportada por recursos de los ahorradores, que deben ser pagados, entre otros, con los ingresos por el recaudo de las tarifas de peaje”, dijo Caicedo.

Las consecuencias

Esta conclusión es compartida por la Contraloría, que señaló que “como consecuencia de la expedición de este decreto, se activó el riesgo de registrar un menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes esperados”, dijo el ente de control.

Agregó que se corre el riesgo de que, para los 11 contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, “dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial”.

En su informe, el ente de control también advirtió que los efectos económicos de esta medida podrían ser peores si se tienen en cuenta los efectos por las decisiones que puedan adoptar los cuatro tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados.