MinHacienda estima que el servicio de la deuda absorbería 45% de ingresos en 2030

Durante la Asamblea General de Anif, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, advirtió que la economía colombiana crecería apenas 1% si no contara con el impulso del gasto público. El funcionario cuestionó la dependencia de la actividad económica frente a los recursos del Estado y señaló la necesidad de corregir la trayectoria de las finanzas públicas.

“Aquí lo que tenemos es una economía adoptada por el gasto público”, afirmó el funcionario, quien explicó que Colombia mantuvo un nivel elevado de erogaciones después de la pandemia, mientras otros países avanzaron en la reducción de sus presupuestos. A su juicio, esta diferencia ha tenido consecuencias sobre el desempeño económico y ha limitado el proceso de reducción de la inflación.

El ministro también relacionó las presiones sobre los precios con el comportamiento de las expectativas inflacionarias. Según explicó, el incremento de 23% del salario mínimo llevó a los agentes económicos a anticipar mayores aumentos de precios, expectativas que posteriormente se han reflejado en la dinámica de la inflación.

A las presiones sobre las cuentas públicas se suma el crecimiento de los recursos que demanda el sistema de salud. Gómez señaló que este gasto seguirá aumentando por el envejecimiento de la población y la mayor importancia que ha adquirido la atención médica para el bienestar de los ciudadanos.

De hecho, indicó que las apropiaciones para salud ya superan las destinadas a educación, rubro que históricamente había ocupado el primer lugar dentro del Presupuesto General de la Nación. Este comportamiento agrega presión sobre la distribución de los recursos públicos y las obligaciones que debe atender el Gobierno.

El panorama fiscal también está relacionado con la propuesta tributaria que impulsa el Ejecutivo. Según lo expuesto por el Ministerio de Hacienda, la iniciativa busca generar un recaudo promedio de $100 billones anuales, en medio de las necesidades de financiación del Estado y de las obligaciones de deuda que, de acuerdo con las cifras presentadas por la cartera, alcanzan $100 billones en compromisos de corto plazo y con tasas de interés elevadas.

En ese contexto, el Gobierno busca avanzar con la Ley de Rescate Fiscal, que plantea una reducción del gasto público equivalente a 4,7% del PIB hacia 2030, lo que representaría un ajuste acumulado de $90 billones. La medida apunta a cerrar la brecha entre los ingresos y los compromisos financieros del Estado.

La discusión sobre el ajuste de las cuentas públicas coincide con el acercamiento del Gobierno al Fondo Monetario Internacional, FMI. Gómez confirmó que el organismo adelanta una visita técnica para revisar la situación económica del país mediante la Consulta del Artículo IV, una evaluación periódica de las cifras y las políticas macroeconómicas.