El Plan de Desarrollo pasa de los bonos agua a los bonos de infraestructura

Los gobiernos locales podrían tener a partir de ahora la posibilidad de utilizar instrumentos de captura de plusvalía, como lo son los bonos de financiación por incremento de impuestos (TIF, por sus siglas en inglés), que permitirían a los municipios recibir por adelantado los recursos necesarios para poner en marcha obras de infraestructura y de renovación urbana.

Y es que este tipo de vehículo de financiación, del que se tiene una larga experiencia en las ciudades de Estados Unidos desde 1952, fue incluido por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Iván Duque, que se deberá aprobar en el Congreso a más tardar antes del próximo 7 de mayo.

“Es un instrumento financiero relativamente sofisticado. Consiste en que el municipio proyecta cuánto impuesto predial adicional va a generar una determinada intervención urbana. Entonces, sale a emitir títulos que le generarán hoy recursos para hacer la obra y los bonos se pagarán con el flujo de los ingresos adicionales por concepto de este tributo”, indicó Natalia Salazar, investigadora asociada de Fedesarrollo.

Sin embargo, dado las elevadas capacidades institucionales y técnicas en materia de catastro que requieren para su implementación, no todos los municipios podrían utilizar este mecanismo. De hecho, según el artículo del Plan, únicamente serían aquellos que gestionen sus propios catastros directamente o a través de esquemas asociativos territoriales y que además cumplan con criterios de eficiencia, que se definirían más adelante por el Gobierno.

“Dado que los ingresos que repagarán los títulos provienen del recaudo del predial serían aquellos municipios que tienen catastros bien desarrollados los que con mayor facilidad pueden embarcarse en esta modalidad. Adicionalmente, por constituir deuda y, dada la vigencia de la Ley de Semáforos (que controla el endeudamiento de los entes territoriales), serán también los municipios que tengan capacidad de endeudamiento los que mayor uso hagan de este instrumento”, explicó Salazar.

No obstante, este vehículo recuerda a algunos a la fórmula de los bonos agua que en 2008 el también ministro de Hacienda de aquella época, Alberto Carrasquilla, propuso como forma de financiar proyectos de agua potable y saneamiento. Finalmente, esta acabó con 117 municipios en números rojos.

Ante ello, LR le preguntó al Gobierno cuáles eran las principales diferencias entre estos bonos y las titularizaciones que hoy se plantean en la hoja de ruta de los próximos cuatro años. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), estos tienen beneficios como que convierten los bienes de escasa valorización en mayor valor, incluso, capaces de darle dinamismo a las áreas tradicionalmente deprimidas; son una financiación de bajo costo en el largo plazo y una buena opción para ciudades que no pueden generar un ingreso inmediato para proveer bienes y servicios públicos.

La primera diferencia entre ambos es que mientras en los bonos agua un patrimonio autónomo privado se encargó de configurar la emisión para darle crédito posterior a los municipios, en los TIF serían las propias autoridades locales las que se encargarían de titularizar la renta, que es la garantía de la operación.

Además, el fin último también es diferente pues si bien en los primeros financiaron infraestructuras sin detalle de presupuestos de obras, ahora se plantearían montos específicos del proyecto de renovación urbana para garantizar el cierre financiero.

Igualmente, en los agua de 2008 no se contaba con unos criterios de entrada para seleccionar los municipios que podrían hacer la emisión y con los TIF solo podrían participar los municipios que cuenten con las capacidades institucionales y técnicas suficientes para poder llevar a cabo la titularización. Además, sería necesario que los proyectos de renovación urbana estén incluidos en sus POT o Planes de Desarrollo.

“Deben abrirse la mayor cantidad de alternativas posibles para que los mandatarios locales cuenten con las fuentes de financiación de infraestructura necesarias a nivel urbano. Ya sean instrumentos de plusvalía u otros mecanismos”, opinó Francisco Suárez, consultor en infraestructura.

La experiencia de Estados Unidos
Estados Unidos lleva implementando estos instrumentos TIF desde hace décadas hasta el punto de considerarse el programa del gobierno local más utilizado para financiar el desarrollo económico. En total, está autorizado en 49 estados y en el Distrito de Columbia. Sin embargo, también ha recibido algunas críticas como la de que se trata de un mecanismo que puede llegar a beneficiar solo a unas personas en función de dónde se utilice. Además, sus detractores dicen que se ha convertido en una especie de subsidio para el sector privado.