El presupuesto de 2027 fue aprobado en primer debate y sigue trámite en las plenarias

Luego de una jornada de votación de hora y media, las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron en primer debate la ponencia mayoritaria del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027 por $634,9 billones, lo que significa que ahora pasará a discutirse y votarse de manera simultánea o sucesiva en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado.

Esto se dio luego de que los parlamentarios votaron los cuatro grupos de articulados de la ponencia presentada por los presidentes de las comisiones Alexander Bermúdez, Liliana Benavides, Alfredo Ape Cuello y Sara Castellanos, sin modificaciones a ninguno de los artículos.

Una vez aprobado el proyecto de PGN, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció a los congresistas y aseguró que "este es un presupuesto muy difícil y se necesitó mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran porque tiene unos costos políticos que están asumiendo”.

El primer bloque, leído por el senador del Centro Democrático, Carlos Manuel Meisel, reunió los 65 artículos que no tenían proposiciones, entre los que están el artículo 1 que fija el presupuesto de rentas y recursos de capital en $634,9 billones y el artículo 8 que autoriza al Gobierno a emitir TES clase B sin garantía del Banco de la República, con el objetivo de conseguir buena parte del crédito interno.

En el mismo paquete quedaron las reglas de manejo de la caja de la Nación: el artículo 5 obliga a consignar los ingresos corrientes en la Cuenta Única Nacional del Tesoro y el artículo 7 le da a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la potestad de fijar los criterios para manejar los excedentes de liquidez y las operaciones de cobertura de riesgos. A esto se suma el artículo 72, el cual incorpora a la ley el anexo con la distribución de los recursos de las universidades públicas.

Estos artículos obtuvieron luz verde con 10 votos a favor y cuatro en contra en la Comisión Tercera de Senado; 24 a favor y cuatro en contra en la Tercera de Cámara; 19 a favor y seis en contra en la Cuarta de Cámara, y nueve a favor y tres en contra en la Cuarta de Senado.

Por su parte, el segundo bloque, expuesto por el representante de Cambio Radical, John Édgar Pérez, agrupó 19 artículos sobre los que los congresistas habían radicado cambios que el Gobierno no avaló, pero que, al ser aprobados con la ponencia, quedaron como constancia para ser discutidos en segundo debate en plenarias.

Dentro de este grupo, se hacían proposiciones sobre apartes con gran impacto fiscal: por ejemplo, se postulaban cambios en el artículo 71 que mantiene la facultad del Ministerio de Hacienda para pagar las deudas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc, con bonos o TES, saldos de caja del fondo o compensándolas con dividendos de Ecopetrol.

También se discutía el artículo 51 que conserva la regla según la cual los subsidios por menores tarifas de energía y gas "se disminuirán en la medida en que el Gobierno Nacional implemente las fuentes alternativas de energía". A su vez, había una proposición sobre el artículo 52 que permite pagar subsidios de energía y gas de años anteriores con los remanentes del Fondo Único de Soluciones Energéticas, Fonenergía.

En ese mismo paquete quedaron el artículo 80, que obliga a las entidades a devolver a la Unidad de Caja del Tesoro los recursos del PGN que tengan como excedentes de liquidez o en fiducias; y el artículo 81, sobre el reintegro de la deuda de la Nación con el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet. Asimismo, entraron normas de cumplimiento de fallos judiciales, como el artículo 54, que ordena priorizar la salud, la alimentación y la reducción del hacinamiento en las cárceles; y el artículo 76, que da prioridad a la atención de la niñez wayúu por la Sentencia T-302 de 2017.

Este segundo grupo se aprobó con nueve votos contra tres en la Cuarta de Senado, 18 contra siete en la Cuarta de Cámara, 10 contra dos en la Tercera de Senado y 23 contra tres en la Tercera de Cámara.

Luego, las Comisiones Económicas votaron el tercer bloque, en el que se incorporaban dos proposiciones que modifican el artículo 2, que es la ley de apropiaciones donde se reparte el gasto entre las entidades; se ponía en consideración el artículo 20 y se proponía la adición de tres artículos nuevos: el primero de ellos busca que los recaudos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, lleguen a su cuenta; el segundo crea una sección presupuestal independiente para el Consejo Nacional Electoral; y el tercero redistribuye el presupuesto de funcionamiento del Congreso.

Para este caso, la Tercera de Cámara aprobó el grupo con 26 votos a favor, la Cuarta de Cámara con 19 y la Cuarta de Senado con ocho, todos sin votos en contra; mientras que en la Tercera de Senado hubo nueve votos a favor y uno en contra.

El cierre llegó con el artículo 87 y la vigencia de la ley, que recibieron 17 votos a favor y seis en contra en la Cuarta de Cámara de Representantes, 23 contra tres en la Tercera de Cámara de Representantes, nueve contra dos en la Cuarta de Senado y 10 contra dos en la Tercera de Senado. Cabe recordar que el monto global ya había quedado fijado el 14 de septiembre, cuando las Comisiones Conjuntas negaron la propuesta del Pacto Histórico de reducirlo a $596,6 billones.

Con la aprobación en Comisiones Económicas, el proyecto pasa ahora a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, esa discusión debe arrancar el 1 de octubre y en ella se revisarán las proposiciones que quedaron como constancia en primer debate. No obstante, si la plenaria del Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, entra a regir mediante decreto la propuesta del Gobierno.

¿Cuáles son los componentes del PGN?

Del total del presupuesto, $392,6 billones irán a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión. Frente a la apropiación vigente de 2026, de $555,8 billones, el PGN crece 14,2% y cerca de 70% de ese aumento corresponde al pago de deuda, que sube 54,7%. En contraste, la inversión cae de $89,5 billones a $86,9 billones y quedará en 4,1% del PIB.

Cabe recordar que el pliego de modificaciones no altera el monto global, sino que reacomoda recursos entre sectores. De esta forma, el movimiento más grande es el traslado de $2 billones de Hacienda a Salud y Protección Social; $100.000 millones para la Rama Judicial, destinados al ajuste de la bonificación judicial; y $99.100 millones para Deporte. Para compensarlos, se recortan $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, $15.600 millones a la Aerocivil por el Aeropuerto del Café y $13.500 millones a Planeación.

Los congresistas radicaron 615 proposiciones, con demandas de gasto por $111,6 billones. Según los ponentes, 66% de ellas no tenían fuente de financiación o comprometían recursos de otras necesidades sectoriales; por lo que solo las que tuvieron aval del ministro de Hacienda entraron al pliego y las demás quedaron como constancia para el debate en plenarias.

¿Qué incluye el PGN del MinHacienda?

La versión aprobada es el proyecto que presentó el Gobierno De la Espriella tras la devolución del proyecto original, que estaba por $575,9 billones. Según explicó Gómez, este nuevo documento incorporó $59,3 billones en obligaciones que el Gobierno anterior no había cubierto o había subestimado. Entre ellas están $9,6 billones para el Fepc, $6,5 billones adicionales para pensiones, $2 billones para aseguramiento en salud y $700.000 millones para universidades públicas.

Por el lado de los ingresos, en el nuevo proyecto los ingresos corrientes de la Nación caen 7,4%, hasta $299,1 billones, mientras los recursos de capital suben 59,6%, a $281,4 billones. De ese monto, $238,6 billones serán endeudamiento: $150,9 billones internos, vía TES; y $87,7 billones externos, equivalentes a unos US$26.101 millones.

El escenario fiscal que describe el documento es crítico. Sin ajustes, el déficit de 2027 llegaría a 9,4% del PIB, por encima de 7,8% que se registró en la pandemia; al mismo tiempo que la deuda neta alcanzaría 66,2% del PIB, cerca del límite de 71% de la regla fiscal. No obstante, para el Carf el panorama es peor, pues proyecta un déficit cercano a 10% y una deuda de 67,3% del PIB.

Con todo y eso, el Gobierno incluyó en la reformulación un recorte de $17,4 billones, equivalente a 0,9% del PIB, concentrado en transferencias, compras de bienes y servicios e inversión no prioritaria; y enfatizó que el ajuste de fondo quedará en la Ley de Rescate que Hacienda radicará en octubre, con la que busca recortar $42 billones y llevar el déficit a 7,2% y la deuda a 58,9% del PIB.