El sector privado también es responsable del manejo de los recursos públicos

Para el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, uno de los retos para combatir este flagelo que castiga las finanzas públicas, es lograr atraer el interés de las empresas sobre los recursos del Estado.

El jefe del ministerio público aseguró que, por primera vez, “hemos llegado a la convicción de que han sido insuficientes las acciones desde el sector público”, pero también consideró que falta “el compromiso del sector privado”.

Para Carrillo, el cuidado de lo público depende de dos factores: de la calidad del Estado, así como de la fortaleza ética del sector privado, hecho que podría ayudar a reducir la percepción de corrupción que tiene el país.

Así, la mejor forma para atacar los actos de corrupción “es con el bolsillo de los corruptos. Podemos sancionar o quitarle la libertad a una persona, pero lo que lo desestabiliza es que le toquen el bolsillo”.

Y es que según mencionó el funcionario, el país ocupa el puesto 90 entre 176 países que hicieron parte del índice de percepción de corrupción según la Organización Transparencia Internacional, hecho que se ve materializado en la influencia que se ejerce, no solo el ambiente adecuado para los negocios, sino a la democracia misma.

Justamente para el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, son los contratistas “el partido más grande y con más poder en el país”, al plantear la posibilidad de hacer una reforma a los modelos de financiación de las campañas electorales.

Maya afirmó que “hay que romper una farsa y el tema electoral es la primera, no hay mentira más grande que la rendición de cuentas que los candidatos pasan al Consejo Nacional Electoral”.

En este sentido, Carrillo buscará ampliar la vigilancia y castigar los aportes que se hacen de manera ilegal a las campañas electorales, a través de un proyecto de ley que será presentado el próximo 20 de julio.

La intención del proyecto, además de reafirmar los topes y declarar “a la luz del día los montos de los aportes del sector privado sino, esencialmente, saber que aportar a una campaña supone para el empresario una responsabilidad”.

El jefe del ministerio público reiteró el llamado para dar mayor peso a la ética de los distintos sectores, pues es “la fuerza que va a ayudar de alguna manera el escenario de lo público y va a contribuir a la legitimidad de las instituciones”.

Con esto, se espera que se pueda darle al sector privado el rol de actor y veedor de las conductas, para trabajar en la construcción de la defensa y el mantenimiento de lo público”.

Esto daría como resultado que los privados “asuman las responsabilidades” que no ha tenido hasta ahora, lo que con el proyecto de ley lograría hacer más claras las participaciones que tiene el sector empresarial en las actividades del Estado.

¿Centralizar recursos públicos?

El contralor Maya sostiene que una de las tareas que debería emprender el país es repensar la descentralización de los recursos que tienen como destino la financiación de campañas, por cuenta de la elección popular de alcaldes y gobernadores. Al tiempo, el Contralor General indicó que la lucha contra la corrupción en el país no requiere de una mayor normatividad, sino que necesita un cambio en la actitud, tanto de los funcionarios y servidores públicos, como de los empresarios y el sector privado, para lograr disminuir los indicadores de esta actividad ilícita.

Las opiniones

Bo Mathiasen
Oficina de Naciones Unidas contra La Droga
“El tráfico de influencias es una de las principales prácticas delictivas pero además es éticamente reprochable y es un reto”.

Wilson Martínez
Experto en gestión de riesgos de corrupción ONU
“Sabemos que la agenda internacional en lucha contra la corrupción se ha ampliado y es ambicioso, se busca represión penal y prevención”.

Pilar Velasco
Periodista de la Cadena Ser de España
“El delito económico tiene que ver con el crimen organizado. Existe la necesidad de que estos no prescriban para investigar”.