Emgesa, a hacer nuevo censo de víctimas por el proyecto El Quimbo
martes, 18 de febrero de 2014
Colprensa
La Corte Constitucional ordenó a Emgesa realizar un nuevo censo de personas afectadas por el megaproyecto de El Quimbo, “que respete la participación efectiva de los habitantes de la zona”.
Mediante un fallo de tutela, la Corte dispuso la acción al constatar que “no hubo un verdadero proceso de participación que diera lugar a que se protegiera el derecho de los actores, ni de un número indeterminado de per- sonas”.
De acuerdo con la Sala, en la misma licencia otorgada para la elaboración de la hidroeléctrica en el Huila se niega que por el avance de una obra de esa envergadura, la afectación a terceros pueda irse generando con el tiempo.
“No puede hablarse de un censo cerrado, concluido y llevado a escritura pública sin violar la participación de las personas impactadas, ya que parte del proceso de participación -dinámico- conlleva la necesidad de poder plantear estas nuevas afectaciones que van surgiendo con el discurrir del tiempo”.
Respecto al censo de afectados que terminó en 2010, la Corte señaló que lo que realmente se hizo fue elaborar unos listados y hacer convocatorias de medios, hecho que “resulta insuficiente cuando hay muchos intereses de tantas personas de por medio, en especial en sitios rurales donde las comunicaciones muchas veces son precarias”.
Es por esto que no importa que el proyecto haya sido de amplio conocimiento por medios de comunicación, ya que esto no puede reemplazar la interacción directa con las comunidades afectadas y tampoco puede ser razón para afirmar que era evidente el conocimiento de la construcción de la hidroeléctrica por parte de todos los afectados.
La Corte fue enfática en señalar que no es de su resorte pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que hacen parte del proceso de licenciamiento ambiental de El Quimbo y señaló que por la misma tutela no puede referirse a la política energética, tal y como pedían algunos accionantes.
Puntualizó que la empresa debe prever posibles afectaciones a derechos fundamentales.