“En ningún momento se ha pensado desde el Gobierno, ni la entidad, acabar Icetex”

La semana pasada se hizo la radicación de la reforma estatutaria a la educación, y se espera que una de las próximas apuestas en el sector sea la reforma al Icetex.

Sobre esto, Mauricio Toro, director de la entidad, explicó en detalle lo que busca el proyecto; que además será ejecutado a largo plazo y con gradualidad, y que se espera se articule con las otras reformas de la cartera.

¿A qué plazo se prevé reducir los créditos reembolsables?

Lo primero que hay que decir es que en ningún momento se ha pensado desde el mismo Icetex, ni desde el Gobierno Nacional, acabar el Icetex. Lo que se está haciendo hoy es un proyecto de ley que pueda garantizar la humanización del crédito que hoy entrega la entidad. Queremos garantizar que a largo plazo el Icetex logre tener créditos más humanos a tasas responsables, que se acabe con la capitalización de intereses, que el periodo de gracia real de los intereses no superen el IPC + 3 puntos.

Se busca definir el crédito educativo como un crédito social, llamado que la Corte Constitucional ha hecho varias veces. También queremos fortalecer el acompañamiento del beneficiario, Icetex tiene que ser una entidad que acompaña a los proyectos de vida de los jóvenes, no una entidad financiera que presta para un crédito, sino que los acompaña.Y finalmente, pensamos en la sostenibilidad financiera de la entidad, no capitalizar intereses, es decir, no cobrar intereses sobre intereses.

¿Vendría dinero del Presupuesto General de la Nación?

Icetex no recibe plata de la nación. Es una entidad autosostenible. Pero si definimos el crédito educativo como crédito social, eso hace que la nación tenga que concurrir y ayudar con subsidios de tasas.

Buscamos garantizar que el Gobierno pueda concurrir en subsidio de las tasas. Hoy tenemos el IPC más alto de la historia, nosotros establecimos el IPC + 3 .

Para todo esto, estamos proponiendo varias fuentes de financiación que tendrán que ser decididas con Hacienda. Así garantizaremos que lo que queremos hacer no va a desfinanciar la entidad; esto puede tener un costo de aproximadamente $500.000 millones.

¿Qué se busca entonces con esta reforma?

Aprovechando que se va a modernizar la Ley 30, se sacó lo que ya está derogado en la ley 02 de 2005 y otras derogatorias que ya se habían hecho. Queda un artículo que ha hecho ruido y dice que se incentivarán los créditos reembolsables de Icetex, pero ese artículo va a cambiar.

Lo que se busca es que el Icetex, a medida en que la educación gratuita y universal se vaya dando, va a dejar de financiar a los jóvenes que están en la universidad privada, porque va a haber gratuidad pública universal. Entonces, en la medida en la que el Estado concurre a financiar la educación gratuita pública, Icetex irá migrando lentamente a su origen, que fue financiar los estudios posgraduales en Colombia y en el exterior.

También se financiará a aquellos jóvenes que por voluntad propia deciden no entrar en la gratuidad porque el programa no está en la universidad pública o no les gusta. Hay mucha gente que no va a querer estudiar en las universidades púbicas y nosotros entraremos a financiar a esos jóvenes que elijan esta alternativa.

¿Se estaría desincentivando acceso a las privadas?

Nosotros tenemos una tarea clara y es financiar el acceso a la educación superior de los jóvenes, no solamente en las privadas, sino también en las públicas.

Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la entidad, y eso es un mensaje grande, en la medida en la que vayamos migrando, al ritmo de lo que crezca la educación gratuita pública universal, a maestrías en Colombia y en el exterior. Mientras tanto seguiremos apoyando a la población universitaria. Si no avanza la gratuidad Icetex será el instrumento para financiar.

¿Cómo se plantea la reforma estatutaria de la educación que radicó el Gobierno?

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la estructura del proyecto tiene cuatro ejes. El primero sería la asequibilidad a un sistema educativo y a los recursos financieros para satisfacer la demanda educativa en el país. La accesibilidad, que corresponde a que la educación debe estar al alcance de todos de forma progresiva. El tercero es aceptabilidad, en donde el Estado deberá vigilar que los procesos educativos sean óptimos. Y la adaptabilidad, que busca la permanencia en el sistema educativo.