En ocho días 15.000 empresas pagarán la primera cuota del impuesto al patrimonio

A menos de una semana del primer pago, más de 15.000 empresas enfrentan el inicio del impuesto al patrimonio decretado por el Gobierno en medio de la emergencia económica, en un contexto en el que gremios advierten riesgos de liquidez y posibles quiebras.

Las compañías, con patrimonio líquido superior a $10.474 millones, deberán pagar la primera mitad del gravamen el 1 de abril. La segunda cuota será el 4 de mayo. La tarifa es de 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y de 0,5% para el resto de actividades.

Con este tributo, el Gobierno espera recaudar $8 billones, de los cuales la banca y el sector extractivo aportarían cerca de 56%. Sin embargo, Anif estima un recaudo de $6,3 billones: $4,1 billones (65%) provenientes de los sectores gravados con 1,6% y $2,2 billones (35%) de aquellos sujetos a la tarifa general de 0,5%.

El centro de pensamiento también aseguró que, si bien el impuesto puede representar una fuente relevante de ingresos en el corto plazo, sus implicaciones económicas “no son menores”. “Colombia atraviesa una crisis de inversión: la formación bruta de capital fijo se ha reducido de manera significativa. En 2015 representaba cerca de 24% del PIB y pasó a solo 16% en 2025”, explicó.

Cabe recordar que las sociedades extranjeras también deberán pagar este gravamen cuando posean un patrimonio líquido igual o superior a $10.474 millones al 31 de marzo de este año.

Desde el sector empresarial, las críticas han sido contundentes. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, señaló que el país está a menos de 10 días de enfrentar un “deterioro económico sin precedentes” por la carga impositiva sobre las personas jurídicas.

“Si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026, miles de empresas no podrán pagar este tributo y terminarán quebrando”, afirmó.

La dirigente gremial agregó que este choque fiscal genera tres impactos inmediatos: primero, asfixia la caja al exigir liquidez en el corto plazo y afecta la operación diaria; segundo, incrementa el endeudamiento costoso destinado únicamente a pagar a la Dian; y tercero, frena en seco la inversión.

“Al gravar el patrimonio y no las utilidades reales, no se reconoce la situación financiera actual de las compañías, por lo que algunas terminarían pagando impuestos incluso con pérdidas en el año. La presión resulta difícil de asumir”, añadió.

Gutiérrez también cuestionó la legalidad de la medida bajo el estado de emergencia. “La Constitución solo permite declarar una emergencia cuando existe una relación directa entre la crisis y la imposibilidad de atenderla por las vías ordinarias. En este caso, esa justificación no se ha demostrado”, señaló.

“Por el contrario, todo indica que el Gobierno pretende utilizar la ‘crisis climática’ para cubrir un faltante de $16,3 billones, cuando el punto de partida debería ser la reducción de un gasto público que hoy supera en 2,6 puntos del PIB el nivel prepandemia. No es válido recurrir a tributos excepcionales sin haber agotado primero medidas de austeridad”, agregó.

En el sector minero energético, Frank Pearl, presidente de la ACP, aseguró que el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, en particular la tarifa diferencial de 1,6%, más de tres veces superior a la de otros sectores, desincentiva la actividad de exploración y producción. Esto ocurre, dijo, en una industria que ya enfrenta una de las cargas tributarias más altas entre las actividades económicas.

La medida ya llevó a los grandes contribuyentes a rehacer sus cálculos fiscales del año, pues el gravamen se suma a la estructura tributaria existente y, en algunos sectores, podría llevar la carga impositiva total a niveles cercanos a 90%. Uno de los principales componentes es el impuesto de renta corporativo, cuya tarifa general es de 35% para las sociedades sin sobretasas.

“La seguridad económica y la confianza inversionista en el país agonizan. El año pasado, el déficit primario fue de 3,5% del PIB y, para 2026, el Carf estima un faltante de $32,1 billones”, concluyó Gutiérrez.

Gremios ven inviabilidad en el gravamen

Los gremios más importantes del país han alertado sobre la inviabilidad del impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Fenalco, AmCham, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, y Andesco aseguran que el plan de recaudo afectaría la sostenibilidad de las empresas. Además, las 1.000 compañías más grandes del país podrían asumir un costo fiscal de hasta $9,9 billones. Por su parte, en el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, el impuesto representaría un valor equivalente a 50% de la inversión en exploración prevista para 2025.