“Estamos trabajando en nuevas medidas para prorrogar la emergencia económica”

Esta semana se cumplieron los 30 días de la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de este año, luego de que el Congreso hundió en las comisiones la ley de financiamiento con la que se buscaba recaudar $16,3 billones.

Durante estos 30 días se expidieron dos decretos que garantizan cerca de $12 billones, por lo que el Gobierno aún evalúa nuevas medidas para completar el faltante de recursos que se perdió tras el hundimiento en el Legislativo.

Germán Ávila, ministro de Hacienda y Crédito Público, aseguró que la cartera ya trabaja en la prórroga de la emergencia económica y advirtió que, en caso de que esta se caiga en la Corte Constitucional, se incrementaría la prima de riesgo del país.

Ministro, la emisión de bonos que ha realizado el Gobierno desde diciembre ha sido uno de los temas más debatidos. La Contraloría señaló que la emisión de diciembre no correspondía a deuda nueva, pero que la realizada recientemente en enero sí lo es. ¿Esos recursos provenientes de la emisión de enero eran necesarios para completar el Presupuesto General de la Nación?

Efectivamente, la operación que realizamos a finales del año pasado tenía como propósito fundamental garantizar los niveles de liquidez necesarios para la operación del Gobierno. Se trató de una operación de manejo de deuda en la que se transformaron unos TES con vencimientos inmediatos por otros con vencimientos posteriores, lo que permitió asegurar la liquidez requerida para el cierre del año.

Para este año consideramos necesario adelantar nuevas operaciones de manejo de deuda, en función de los niveles de depósitos que tenemos en dólares. Observamos que era indispensable garantizar los niveles y el stock de recursos en dólares que el Gobierno necesitaba, especialmente para los primeros seis meses del año.

Con base en esa necesidad, se decidió abrir una ventana de mercado en un momento en el que consideramos que las condiciones internacionales eran favorables para una emisión de bonos, y el resultado fue muy positivo. Se ofreció una emisión por un total de US$4.950 millones y se recibieron demandas cercanas a US$23.000 millones.

Esto demuestra, por un lado, un alto nivel de confianza del mercado internacional en la economía colombiana y, por otro, que estamos en una etapa de crecimiento y desarrollo económico. Además, permitió reducir de manera significativa las tasas de interés de colocación de estos bonos.

Aunque usted justifica la magnitud de esta operación, ¿no considera que un monto tan elevado podría ampliar el déficit fiscal? Además, la Contraloría ha advertido sobre una alta concentración de deuda hacia 2029, ¿representa esto un riesgo para las finanzas públicas?

Los plazos de vencimiento de los bonos que se han venido colocando en el mercado internacional están relacionados con operaciones conocidas como rollover, que consisten en la recompra o colocación de títulos para recoger aquellos que vencen en el corto plazo.

En 2029, efectivamente, habrá vencimientos relevantes, y será necesario adelantar nuevas operaciones de manejo de deuda para cumplir con esas obligaciones. Sin embargo, estas no son operaciones excepcionales ni están generando un mayor déficit fiscal. Por el contrario, lo que hemos observado es una reducción en la relación entre el nivel de deuda y su proporción frente al Producto Interno Bruto, que es el indicador que la regla fiscal controla de manera permanente.

Gracias a las operaciones de manejo de deuda que hemos realizado, hemos logrado reducir esa relación a 57%, lo que significa que estamos avanzando hacia una estabilización de la deuda frente al PIB, y eso nos permite alcanzar un equilibrio fiscal mucho más razonable.

Si parte del Presupuesto de este año se iba a cubrir con la emisión de bonos de enero, ¿por qué fue necesaria la declaratoria de emergencia económica?

Son dos temas que, en cierta medida, son independientes. Por un lado, están las razones que sustentan la declaratoria de la emergencia económica y, por otro, los manejos de caja del Gobierno Nacional y la administración de la deuda pública para cumplir con sus compromisos.

Si el único mecanismo para atender las necesidades adicionales de gasto fuera el incremento de la deuda pública, se estaría generando un proceso acumulado de desequilibrio fiscal altamente riesgoso.
Lo que ocurrió cuando el Congreso negó la ley de financiamiento es que se tenía un Presupuesto General de la Nación por $546 billones, aprobado por el propio Congreso, cuyo esquema de financiación contemplaba expresamente la expedición de esa ley para recaudar nuevos tributos. Es decir, se aprobó un presupuesto con unas fuentes de recursos específicas y, posteriormente, se negó justamente una de esas fuentes.

Ante ese desequilibrio, el Gobierno habría podido optar por una sola vía: incrementar el endeudamiento como fuente exclusiva de financiación. Sin embargo, decidimos no hacerlo. Consideramos que los recortes derivados de esa decisión estaban afectando el cumplimiento de obligaciones del Estado y poniendo en riesgo derechos fundamentales.
A través de la emergencia económica, buscamos no solo garantizar la protección de derechos fundamentales que se han visto comprometidos, sino también preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, evitando una coyuntura que podría derivar en desequilibrios mayores.

El presidente Gustavo Petro ha advertido en varias ocasiones sobre un eventual riesgo de default. Si ese escenario fuera tan crítico, ¿cómo se explica que la respuesta del Gobierno sea una emergencia económica que recauda cerca de $12 billones, una cifra menor frente a un problema de esa magnitud?

Lo que hemos identificado con claridad, tanto en el mercado de deuda interna como externa, es el comportamiento de las primas de riesgo a las que se enfrenta el país cuando acude al mercado internacional. Cada vez que al Gobierno se le niegan los recursos necesarios para financiarse, la prima de riesgo aumenta de inmediato. En contraste, cuando se adoptan medidas que garantizan nuevos ingresos y aseguran las necesidades de financiamiento, las primas de riesgo tienden a bajar.

Cuando el mercado percibe que se le quitan al Gobierno las fuentes de financiamiento, el efecto es inmediato: sube la prima de riesgo. Eso significa que, entre menos medidas se tomen para asegurar ingresos, especialmente a través de alternativas tributarias, mayor será el encarecimiento de la deuda. Ese aumento en la prima de riesgo es el que eventualmente podría generar dificultades para cumplir con los compromisos de la deuda externa, al elevar sustancialmente su costo.

Negar la emergencia económica en este momento y dificultar las estrategias de financiamiento del Gobierno podría conducir a una mayor crisis de financiamiento. De igual forma, el Banco de la República debe tener en cuenta que sus decisiones en materia de tasas de interés deben contribuir a evitar un encarecimiento adicional de la deuda, tanto interna como externa.

¿Y sobre los decretos?

En cuanto a los decretos expedidos, el primero fue el que declaró la emergencia económica.

Posteriormente, se expidió un decreto con medidas tributarias orientadas a incrementar los ingresos, principalmente a través de mayores cargas a los grandes capitales y patrimonios, así como otros ajustes como impuestos saludables, gravámenes a importaciones de pequeño valor que no estaban siendo gravadas y al IVA sobre bienes de lujo. Este paquete buscó recuperar una parte importante de los recursos perdidos tras el hundimiento de la ley de financiamiento.

Recientemente, se adoptó un segundo grupo de medidas dentro del marco de la emergencia, enfocadas en evitar una crisis en el sistema eléctrico, especialmente en las distribuidoras de energía de la región Caribe. Para ello, se destinaron recursos excepcionales al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de atender las dificultades de las empresas intervenidas y garantizar la continuidad del servicio.

Usted ha explicado que las necesidades de recursos son significativas, pero con los tres decretos expedidos hasta ahora no parece alcanzarse el monto requerido. ¿Qué otros decretos o medidas tienen previstos?

Los recursos derivados de los dos decretos de medidas garantizan cerca de $12 billones. Sin embargo, los recursos que fueron negados con el hundimiento de la ley de financiamiento ascienden a aproximadamente $16,3 billones. Por ello, estamos evaluando la adopción de otras medidas que nos permitan completar ese faltante, ya que aquello que no se logre asegurar mediante nuevos ingresos tributarios implicaría necesariamente una reducción del Presupuesto.

¿Qué otros recursos o medidas adicionales está evaluando el Gobierno para completar ese faltante de financiamiento?

Las medidas se darán a conocer en el momento oportuno. Ya se cumplieron los primeros 30 días de la emergencia económica y, para darle continuidad, sería necesario expedir previamente una declaratoria de prórroga o una nueva emergencia económica, para la cual se dispone de un plazo de hasta 90 días.

Es decir, ¿el Gobierno prevé prorrogar la declaratoria de emergencia económica para expedir nuevos decretos?

Sí, estamos trabajando en la prórroga de la emergencia económica.

Si la Corte tumba la declaratoria de emergencia económica, ¿eso implicaría que el país caería automáticamente en default?

No, no se trataría de una reacción inmediata. Sin embargo, una decisión de ese tipo nos pondría en grandes aprietos por el encarecimiento de la deuda externa. Un fallo de la Corte Constitucional en ese sentido tendría un costo muy alto para el país, ya que nos obligaría a realizar esfuerzos de financiamiento mucho más costosos.

Ese escenario beneficiaría a algunos inversionistas, tanto del mercado internacional como del mercado interno, que obtendrían mayores utilidades a partir de ese mayor esfuerzo fiscal por parte del Gobierno. Pero el mensaje es claro: una eventual decisión en ese sentido le costaría muchísimo al país.

Aún quedan cerca de $4 billones por cubrir entre lo que se esperaba recaudar con la ley de financiamiento y lo que aportan los decretos ya expedidos. Algunos tributaristas señalan que existe un amplio margen en el IVA. ¿Está el Gobierno evaluando ampliar la base de este impuesto o gravar nuevos productos para cerrar ese faltante?

Hay un principio central que guía todas las medidas que hemos adoptado: no afectar la canasta familiar ni los ingresos de los estratos medios y bajos. Esas son líneas rojas dentro de las cuales estamos trabajando.

En ese sentido, en materia de IVA existen posibilidades de análisis en otros frentes, siempre y cuando no se toquen, bajo ninguna circunstancia, los niveles de consumo y de ingreso de los hogares de estratos medios y bajos. Por eso, cualquier ajuste en este impuesto debe hacerse con especial cuidado.

Creemos que aún hay margen de acción en materia de patrimonio. Por ejemplo, estamos estudiando opciones relacionadas con personas jurídicas y explorando distintas alternativas, siempre bajo un criterio de absoluta progresividad.

La economía ha crecido, ha habido utilidades y beneficios en algunos sectores, y ciertos patrimonios se han visto favorecidos por ese crecimiento. Por eso consideramos que este es el momento de que esos sectores y grupos que han tenido mayores beneficios hagan una retribución a través de un esfuerzo fiscal adicional, con el fin de atender las necesidades del país y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de las comunidades.

Sobre el tema pensional: el modelo anterior permitía diversificar riesgos y buscar mayores rentabilidades para proteger el ahorro de los pensionados. ¿Por qué modificar ese esquema? ¿No existe el riesgo de que estos recursos terminen concentrándose en la financiación de TES y deuda pública local?

Este es un tema que debe analizarse con un mínimo sentido de Nación. No podemos perder de vista que los recursos de los fondos de pensiones son el ahorro de los trabajadores colombianos; no son el ahorro de los trabajadores de Estados Unidos, ni de Francia, ni de otros países. Sin embargo, durante más de una década se permitió que una parte muy significativa de ese ahorro se destinara a fortalecer proyectos de inversión en otras regiones del mundo.

Con el argumento de la diversificación, se ha venido transfiriendo el ahorro de los trabajadores colombianos a otras economías y a otros inversionistas. Mientras tanto, el Estado colombiano, para financiar los proyectos que requiere el desarrollo del país, se ve obligado a acudir a los mercados internacionales y a la banca multilateral para conseguir recursos. Es una contradicción evidente: el país presta su propio ahorro al exterior y luego debe endeudarse para financiar su desarrollo.

Por eso, lo que hemos discutido con el presidente Petro es que no tiene sentido ir a buscar financiación en la banca internacional para proyectos de inversión colombianos, cuando al mismo tiempo los recursos de los trabajadores están colocados en esos mismos mercados que luego nos prestan el dinero. Hoy cerca de $250 billones han salido de la economía nacional y de los flujos internos de ahorro para invertirse en otros países.

Colombia tiene alrededor de 50% del ahorro de los trabajadores invertido en mercados internacionales. Esto no ocurre en economías que protegen su ahorro nacional: Brasil, por ejemplo, tiene cerca de 20%, y México alrededor de 10%.

Nosotros creemos que esos recursos deben retornar al país. Y no es cierto que Colombia no tenga proyectos de inversión. Tenemos proyectos férreos por cerca de $75 billones en un horizonte de 10 años, las líneas de metro que están en construcción y proyectos viales estratégicos en marcha. Hoy muchos de esos proyectos se financian con recursos de la banca multilateral.
Esto permitirá que los flujos de recursos que regresen al país financien los grandes proyectos de inversión que Colombia necesita y contribuyan a una transformación estructural de la infraestructura, clave para el desarrollo económico y social del país.

Recientemente se anunció que a partir del 1 de febrero el galón de gasolina bajará $300. ¿Existe una hoja de ruta para que durante este semestre continúen las reducciones en el precio de la gasolina?

Por ahora solo puedo señalar que estamos en la fase final de ese análisis y que habrá muy buenas noticias para los colombianos, especialmente en materia de reducción del precio.