“La política en este momento para gratuidad ya está en transición y necesita claridades”

Hace dos semanas, el Ministerio de Educación radicó el proyecto de ley estatutaria de educación, con el que se busca que todos los niveles educativos sean un derecho fundamental. En total, el documento tiene 36 artículos y seis capítulos, en los que se define cómo se garantizará el acceso a la educación, también, con un enfoque hacia grupos étnicos y comunidades vulnerables.

La jefe de la cartera, Aurora Vergara, habló con La República sobre este proyecto, indicando que los grados 12 y 13 buscan sacar del limbo jurídico a las Escuelas Normales Superiores. La ministra también se refirió a la reforma a la Ley 30 de 1992 que aún se encuentra en proceso de concertación. Sobre el tema, dijo que es clave el mecanismo de financiación de las instituciones de educación superior, además de que se busca humanizar al Icetex.

¿Cuáles son los principios de la ley estatutaria a la educación?

Empezamos un nuevo capítulo en la historia de educación en Colombia, que debe permitirnos garantizar que tenemos el fundamento de acceso de educación organizado, lo que tenemos en este momento es un sistema que está ofreciendo un acceso a la educación que es fragmentado e inequitativo.

Con una apuesta que permita que empiecen el preescolar un par de años antes, que ingresen con tres o cuatro años a preescolar, podemos vincularnos a tendencias internacionales que demuestran que una inversión en educación inicial puede cambiar de manera sustancial la trayectoria educativa de las familias colombianas.

Este proyecto de ley estatutaria lo que hace de manera expresa es establecer la educación media como obligatoria. Y, además, incluimos el derecho fundamental a la educación superior, para que, en conexión con el proyecto de reforma a la Ley 30, podamos ofrecer nuevas alternativas de acceso a educación.

¿Cómo se va a garantizar el derecho a la educación superior y cuál va a ser el costo fiscal?

Conocer el impacto fiscal de un proyecto de esa naturaleza requiere saber cuáles son los consensos que se han establecido, por ejemplo, si la medida del modelo de financiamiento es el IPC o es una medida completamente diferente, aún es prematuro hablar del impacto fiscal porque diferentes actores del sector están estableciendo los consensos que son requeridos.

Mucho se ha dicho sobre los grados 12 y 13 en educación media, ¿En qué casos va a aplicar y cuál es el propósito de agregarlo dentro de la Ley Estatutaria?

En la transición entre media y superior, en las escuelas que conocemos como Normales Superiores, que son las escuelas que forman a los maestros de Colombia, existen dos grados adicionales a la mayoría de las escuelas, que son los grados 12 y 13.

¿Qué retos tiene el diseño que necesita ajustes hoy? Es un limbo jurídico que tienen estas instituciones porque responden a las reglas del sistema de preescolar, básica y media hasta 11, y luego deben responder a las reglas del sistema de educación superior en 12 y 13, pero no tienen los beneficios del sistema de educación superior. Y en muchos casos, esos dos años adicionales de formación no son contados cuando aspiran ingresar a una formación en licenciaturas, entonces la apuesta con esos grados 12 y 13 es resolver ese limbo jurídico, porque allí tenemos más de 100 instituciones de las que están egresando estudiantes que requieren una mejor oportunidad de acceso al sistema de educación superior.

¿Qué implica que comunidades étnicas tengan la posibilidad de crear sus sistemas educativos propios?

En la ley estatutaria integramos un artículo que plantea que es fundamental regular el derecho fundamental a la educación para que también los pueblos étnicos puedan participar en el diseño de sus instituciones.

Lo que hemos encontrado es que la deliberación en función de cómo se financian esas instituciones, cómo operan, que reglas siguen, también necesita una reglamentación clara, que permita reconocer sus procesos de formación con sus pueblos y tengan menos barreras en el sistema.

¿Cuándo van a radicar la reforma a la Ley 30 y cuáles van a ser sus principios?

Entre julio y hoy hemos recibido más de 900 contribuciones al proyecto de ley que publicamos para deliberación y conocimiento de la ciudadanía. De esas 900 contribuciones. La versión que tenemos hoy es significativamente diferente a la versión anterior y aún continuará en deliberación entre los diferentes actores del sector, principalmente entre los rectores y las plataformas estudiantiles.

Hay un aspecto fundamental en el que es necesario establecer consensos y que de eso va a depender la radicación de la ley, y es lo que tiene que ver con el financiamiento del sector de educación. El IPC es la unidad que tenemos hoy para determinar cómo se financia el sistema. Cuando llegamos como Gobierno encontramos un modelo de financiamiento que estaba basado en un IPC +4,65%. Inmediatamente tomamos la decisión de subirlo a un IPC +5%. En este momento, a un año de Gobierno, hemos logrado fortalecer el sistema de educación superior para que su financiamiento esté calculado sobre un IPC+7%.

Sin embargo, las deliberaciones sobre la reforma establecen que es fundamental tener una nueva unidad que permita recalcular ese modelo de financiamiento. Y aún ahí, el sector necesita ponerse de acuerdo. Cuando logremos un consenso de esa naturaleza y alrededor de la gobernanza de las instituciones, podemos movernos a una siguiente fase, que tiene que ver con la radicación de la ley.

Del lado del Icetex, ¿cuáles son los cambios?

La promesa en el Plan de Desarrollo es humanizar la institución, garantizar que la manera en la que se relaciona con las familias y con los estudiantes que quieren un crédito es completamente diferente a las prácticas que ha tenido en los últimos años.

Un avance fundamental en este primer año de Gobierno es que hemos podido identificar una cohorte de estudiantes con deudas que denominamos como incobrables, y con ese grupo de estudiantes ya hemos avanzado en garantizar una ruta para condonar esas deudas, reconociendo los retos familiares y las particularidades que los llevaron a esa situación.

¿Cómo va la política de gratuidad?

La política de gratuidad en este momento está en transición y necesita claridades. La reforma tributaria anterior dejó un artículo que planteaba que la política de gratuidad del Gobierno anterior debía transitar de requisitos, de estratos 1, 2 y 3 a Sisbén, y eso es una obligación de ley. Para 2023, todas las instituciones estaban notificadas que ese cambio de la reforma tributaria podía impactar la manera en que los estudiantes estaban en sus diferentes instituciones.

Entonces, en este momento como país estamos respondiendo a la obligación de ley que heredamos para operar la política de gratuidad. Y una vez se surta el proceso de deliberación con las diferentes instituciones le presentaremos al país una nueva versión, para eso tenemos hasta enero de 2024. Esperamos que la tasa de cobertura pase de 55% a 62%.