“Podemos afirmar que la transición energética también reduce desigualdades”

Esta semana, el Ministerio de Minas y Energía publicó los resultados de una nueva medición del Índice de Pobreza Energética, la cual, aunque mostró una mejoría, pues unas 641.000 personas salieron de esta condición, también evidenció que aún existen retos en materia energética, ya que al menos 9,2 millones de personas permanecen en esta situación.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, se refirió a los avances que mostraron las más recientes mediciones de este índice y explicó que la transición energética “reduce desigualdades”.

¿Qué lectura hace de que, entre las dos últimas mediciones del Índice de Pobreza Energética Multidimensional, más de 1,4 millones de personas hayan mejorado su condición?

La principal conclusión es que la política energética volvió a poner a las personas en el centro. Durante muchos años, el éxito del sector se medía únicamente por indicadores financieros o por grandes proyectos de infraestructura. Nosotros decidimos medirlo por su impacto en la vida de la gente. Siempre prefieren registrar las utilidades de las empresas, y eso está bien, pero ¿por qué no medir cómo transforman la vida de las personas?

Hoy podemos afirmar que la transición energética también reduce desigualdades. Más de 1,4 millones de colombianos salieron de la pobreza energética en las dos últimas mediciones del Ipem. Eso significa familias que hoy cocinan con energía limpia, niños que pueden estudiar en la noche, comunidades que tienen conectividad y pequeños productores que cuentan con mejores condiciones para desarrollar su actividad económica.

¿Cómo lograron que las mayores reducciones de la pobreza energética se registraran en regiones históricamente rezagadas, como el Caribe, la Amazonía-Orinoquía y el Pacífico?

Cuando iniciamos este Gobierno, entendimos que el mapa energético coincidía con el mapa de las desigualdades sociales. Donde había mayor pobreza, también existían mayores rezagos en acceso a energía, conectividad y servicios públicos.

Por eso, decidimos invertir primero donde nunca antes se había invertido. Llegamos a La Guajira, Vichada, Guainía, Amazonas, Chocó, Nariño y a cientos de municipios rurales mediante comunidades energéticas, sistemas solares, expansión del servicio de gas, soluciones para Zonas No Interconectadas y nuevos mecanismos de financiación.

No fue una política diseñada desde Bogotá. Fue una política construida recorriendo el territorio colombiano.

Algunos sectores sostienen que la transición energética ha generado incertidumbre para la inversión. ¿Cómo evalúa ese planteamiento frente a los resultados sociales que muestran las más recientes mediciones del Índice de Pobreza Energética?

La evidencia demuestra exactamente lo contrario. Mientras fortalecíamos la seguridad energética, incorporábamos nuevas fuentes renovables y modernizábamos la regulación, también ejecutábamos una de las mayores estrategias de inclusión energética que ha conocido el país.

Billones de pesos llegaron al país por cuenta de la transición energética, por facilitar ambientalmente proyectos y por regular en favor de la transición. Solo la Unión Europea ha anunciado billones de euros en energías limpias.

Aunque el presidente Donald Trump, por ejemplo, está en contra de las energías limpias, aquí hay empresas estadounidenses invirtiendo y creyendo que es posible desarrollar proyectos en la Sierra Nevada o en La Guajira.

El Ipem incorpora variables como conectividad, acceso a tecnologías y condiciones de la vivienda. ¿Qué aporta esta metodología frente a las mediciones tradicionales?

El siglo XXI exige una visión mucho más completa. No basta con tener un cable eléctrico si una familia no puede estudiar, conectarse a internet o conservar medicamentos.

La energía es un habilitador de derechos. Por eso, este índice, construido con apoyo de la Cepal, mide capacidades reales y no únicamente infraestructura instalada. Eso nos permite orientar mejor la inversión pública y evaluar si las políticas realmente están cambiando la vida de las personas.

¿Cómo se traducen estos resultados en términos de competitividad para el país?

Reducir la pobreza energética significa aumentar la productividad. Un pequeño productor con energía confiable produce más. Una empresa ubicada en una región con mejor infraestructura energética reduce costos. Una familia que disminuye su gasto en energía tiene mayor capacidad de consumo.

Por eso, este informe también tiene una lectura económica. La política energética no solo protege a los usuarios, sino que también fortalece las condiciones para un crecimiento más equilibrado y sostenible.

Algunos sectores consideran que el ministerio ha dado mayor prioridad al componente social que a la seguridad energética. ¿Cómo responde a ese planteamiento? ¿Son objetivos compatibles?

No solamente son compatibles; son inseparables. No existe seguridad energética si millones de personas siguen excluidas del acceso a servicios energéticos modernos.

Durante estos años fortalecimos el seguimiento permanente al sistema energético, impulsamos nueva capacidad de generación, promovimos energías renovables, avanzamos en almacenamiento, expedimos nueva regulación y, al mismo tiempo, llevamos soluciones concretas a miles de hogares.