“En el sector de infraestructura los proyectos suman aproximadamente $73 billones”

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se refirió a las vigencias futuras y a las necesidades de financiamiento que enfrentan los planes de política pública del sector transporte del gobierno Petro.

La funcionaria también dijo que el sector está atento a la liberación de recursos, para avanzar en varios de los proyectos que están priorizados.

¿Cuánto representan los proyectos que pretende desarrollar el sector de infraestructura?

El sector tiene planes por más de $73 billones, pero esa suma en este escenario fiscal es imposible de lograr.

¿Qué pasará con las vigencias futuras?

Imagine un proyecto no ejecutado, que tenga un problema de licencia ambiental. Supongamos que en 2026 estaba programado que iba a ejecutar $500.000 millones de vigencias futuras, pero no pudo porque no tiene licencia y el tiempo en que se tarde en tener una puede ser de un año. Entonces, ¿para qué dejar ese espacio fiscal?

Lo mejor sería que esa plata que había que gastarse en 2026, se redistribuya más adelante y que ese espacio de $500.000 millones en 2026 se use para otro proyecto. Eso no quiere decir que el Gobierno incumpla porque no mandó la plata ya, es que el dinero en ese proyecto y tiempo específico no se necesitaba. Entonces, por eso se propone una reprogramación.

Ahí no debe haber una preocupación, porque la plata de las vigencias futuras son recursos que ya están comprometidos. No se pueden quitar. Si las vigencias se reprograman, se tiene que garantizar ese flujo en el futuro.

El Presidente expresó que desea cambiar el cuadro de las vigencias futuras y criticó los fideicomisos, ¿qué va a hacer el Gobierno en este punto?

Estoy buscando que en el sector transporte cada quien asuma sus responsabilidades. Esa es una tarea de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Yo le pedí al presidente de esa entidad que haga esa exploración para poderle dar un plan de trabajo al presidente Petro.

¿Qué es lo que pasa? Hay fiducias, como la de Mulaló-Loboguerrero, que no se ha puesto un ladrillo y a esa fiducia se le han hecho pagos por más de $2,2 billones; esa plata está ahí.

Hay muchas restricciones. Esto no se trata que el Gobierno diga: “devuelvan el dinero”, porque eso ya está en una fiducia. Todo ese modelo está pensado para garantizarle mucho a los concesionarios y para hacer que al Estado se le exija mucho más.

Esa es la tarea que está haciendo el presidente de la ANI, haciendo esa exploración: cómo podríamos, eventualmente, porque esto no ha pasado, terminar anticipadamente.

Si ya no hicieron la obra, llevan cinco u ocho años y no arrancaron, lo mejor sería devolver los recursos y poder utilizar esos $2,2 billones, porque esos recursos sí están con tantos y sonantes en caja.

Pero la manera como armaron ese modelo hace que esto sea difícil. A esto se suma que un tribunal de arbitramiento dicte: no se puede terminar el contrato, tiene que ejecutar.

¿No habría dificultades en que estos recursos sean devueltos a la Nación a causa de elementos contractuales?

Es lo que estoy diciendo. Los contratos los hicieron para que la Nación sea la sacrificada. Este país con tantas vías que se necesitan y tiene plata en fiducias. Una sola de ellas tiene $2.2 billones. Es injusto. Además, esto se menciona en medio de un marco contractual que dejaron armado con este tipo de concesiones que es leonino para el Estado, es decir, desventajoso.

¿Para dónde se irían los recursos de las vigencias futuras que lleguen a reprogramarse?

No lo sé, no lo puedo decir ahora. Lo de Mulaló-Loboguerrero es solo un ejemplo hipotético porque hay tribunales de arbitramento que en este momento también nos están amarrando las manos.

¿Cuál será el estado de la infraestructura férrea cuando ustedes entreguen el gobierno?

Dependerá de los recursos que para el presupuesto 2026 nos asignen y de los avales fiscales que se alcancen a entregar este año de acuerdo al Marco Fiscal, este tema depende del Ministerio de Hacienda.

Lo que nos compete es revisar los procesos de estructuración, lo que tengamos listo para dejar contratado por obra pública o Alianza Público Privada.

Lo que no quede contratado quedará en un instrumento de política pública para que el país defienda en el futuro una red de líneas férreas que se conecten entre sí, y se cumpla ese anhelado sueño de conectar desde Santa Marta hasta el puerto de Buenaventura.