Esta quincena se toman decisiones frente a la Ruta del Sol y el puente de Chirajara

Los próximos días serán muy importantes para el sector de la construcción y la infraestructura en el país, ya que se tomarán decisiones fundamentales en tres grandes proyectos que pertenecen al programa de las vías de tercera y cuarta generación.

Por un lado, hoy la Concesionaria Vial de Los Andes (Coviandes) realizará una presentación en la que dará a conocer al contratista seleccionado para diseñar y construir el puente de Chirajara que reemplazará al que colapsó en enero de este año por problemas de diseño.

Hasta el momento, la concesionaria no ha difundido qué empresas presentaron propuestas para el nuevo proyecto, pero, a finales de abril, cuando se conocieron los hallazgos de la firma norteamericana Modjeski and Masters respecto a las fallas de diseño, el gerente general de Coviandes, Alberto Mariño, dijo que cinco firmas internacionales estarían interesadas en hacer parte del proceso licitatorio. En esa oportunidad también mencionó que la reconstrucción podría tomar entre 18 y 24 meses, y que todos los gastos correrían por cuenta de Coviandes.

Por otro lado, el presidente de la ANI, Louis Kleyn, deberá escoger el 16 de octubre al árbitro encargado de solventar la controversia entre el Estado y la Concesionaria Ruta del Sol por la liquidación del contrato del segundo sector de la Ruta del Sol.

Si bien la liquidación se aprobó el año pasado, aún hay varios interrogantes que han generado incertidumbre en el sector. Vale la pena mencionar que hace poco menos de un mes, el Instituto Nacional de Vías (Invías) adjudicó los contratos para los cinco tramos que conforman la Ruta del Sol II, entre los que se tienen en la cuenta construcción, mejoramiento y mantenimiento de esta vía.

Por último, el 18 de octubre se realiza nuevamente una audiencia pública en la que se buscará definir el futuro de la concesión de la Ruta del Sol sector tres, la cual está en poder de Yuma Concesionaria y entró en proceso de caducidad desde enero de este año por presuntos incumplimientos contractuales. Esta obra se debe entregar en diciembre del otro año.

A lo largo de este año, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha realizado varias audiencias públicas contra la concesionaria, pero al parecer los representantes de esta última estarían dilatando su actuación en estos procesos para ganar tiempo mientras avanzan en el proyecto, que fue afectado por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, aunque la empresa brasileña no hacía parte de los contratistas.

Para Francisco Suárez, experto en infraestructura, en general, la declaratoria de caducidad debe ser la última de las opciones por los traumatismo que genera.

“El Gobierno recibe un proyecto inconcluso que seguramente estará rodeado de polémica. Además, deberá hacer una nueva licitación”, dijo.